Renuncia de Miguel Crispi: El efecto búmeran en el gabinete que provocó la caída del principal asesor de Boric

Era la noche del sábado 8 de marzo, y en la casa del ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió el Presidente Gabriel Boric con su gabinete. Vino, espumantes y cerveza eran parte de los aperitivos de la despedida que se organizó a la exministra de Interior Carolina Tohá (PPD), quien había salido cuatro días antes del gobierno para lanzar su carrera presidencial.

Los únicos ausentes eran el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y Antonia Orellana (FA), ministra de la Mujer y la Equidad de Género. El primero, no acostumbra a asistir a reuniones sociales con sus colegas, menos aún tras la reciente muerte de su hija, mientras que Orellana había viajado a Nueva York, encabezando la delegación de Chile a la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, organizada por la ONU.

En medio del festejo en el departamento de Grau, los ministros se acercaron a Maya Fernández (PS) para reiterarle su apoyo frente a la acusación constitucional anunciada por sectores de oposición por el rol que había tenido la hasta entonces ministra de Defensa en la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende al Estado. Una transacción inmobiliaria en la que la nieta de Allende estaba inhabilitada constitucionalmente de intervenir.

Sólo unas horas antes, Boric había expresado en público su respaldo a Fernández. El Jefe de Estado selló el apoyo a su ministra a través de un fuerte abrazo y un beso en la mejilla que le dio durante el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Un apoyo que también se había dado en privado. El viernes 7 de marzo, el nuevo ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra (S) de la Segpres, Macarena Lobos, habían concurrido al despacho de Maya Fernández para explicarle los pasos a seguir para enfrentar la acusación constitucional y analizar su defensa.

Es más, el lunes 10 de marzo en la mañana, desde la Segpres le enviaron al equipo de Maya Fernández una carta Gantt, con los plazos y acciones para su defensa, y una planilla Excel con los nombres de los diputados a favor y en contra del libelo.

Los documentos llegaron al despacho de Fernández casi a la misma hora en la que el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, el sociólogo y exfundador de RD Miguel Crispi Serrano, daba inicio a su polémica performance ante la comisión especial investigadora por el caso Monsalve, que tendría consecuencias insospechadas hasta ese minuto

Esta era la segunda vez que la comisión intentaba obtener antecedentes de parte de Crispi sobre las recomendaciones y opiniones que, tanto él como el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, le dieron al Jefe de Estado la noche del martes 14 de octubre de 2025, tras conocerse que una funcionaria de Interior había presentado una denuncia por violación en contra del entonces subsecretario de Interior Manuel Monsalve (PS).

Casi dos meses antes, el 2 de diciembre de 2024, Crispi había comparecido ante la comisión y se había limitado a dar información ya conocida del caso. Cada vez que le preguntaban sobre lo que habían hablado con el Mandatario, su respuesta fue la misma: “Mis conversaciones con el Presidente son reservadas”... “Como asesor, no puedo compartir detalles de las conversaciones que son de naturaleza confidencial”, repitió Crispi como una suerte de mantra.

La negativa del asesor clave de Boric, lejos de aplacar a los parlamentarios de oposición, los enardeció. Como presidente de la comisión especial investigadora, el diputado RN Miguel Mellado solicitó a la Contraloría General de la República esclarecer si Crispi estaba obligado a comparecer y entregar antecedentes a la comisión investigadora. La respuesta fue tajante. “Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de comparecer (...) y aportar los antecedentes que les requieran los diputados”.

Pero no fue así. El lunes 10, Crispi volvió a refugiarse en el argumento de que su contrato como asesor incluye una cláusula de confidencialidad que “lo obliga a resguardar la privacidad de ciertos espacios de toma de decisión del Presidente”. Sí mencionó, en cambio, que en el curso de esa reunión, el Mandatario les instruyó buscar nombres de eventuales reemplazantes de Monsalve.

Los dichos de Crispi fueron retrucados con dureza por los cuatro parlamentarios de oposición que integran esa instancia investigadora. Algunos le advirtieron que lo que buscaban esclarecer no era lo que dijo el Mandatario, sino lo que ellos, como principales asesores del Jefe de Estado, le habían recomendado o aconsejado cuando recién estallaba una de las crisis políticas más graves del gobierno y, en particular, si habían propuesto la salida inmediata de Monsalve.

Crispi se veía incómodo, apretaba las manos y golpeaba la mesa con los dedos. Gestos que repitió cuando el presidente de la comisión, el diputado Mellado, anunció que solicitarían a la Contraloría iniciar un sumario y aplicar sanciones en contra de Crispi por negarse a responder, al tiempo que daba por terminada la sesión abruptamente.

No está claro que la amenaza de Mellado tuviera efectos legales. Pero para Crispi, cuya gestión como jefe de asesores del Segundo Piso venía siendo objeto de críticas desde hace meses, tanto desde la oposición como de algunos sectores del Socialismo Democrático, fue la gota que rebasó el vaso.

“A Miguel lo terminaron por quebrar. Él había resistido con alguna dificultad las críticas permanentes a su labor. Pero cuando sacaron a relucir el contrato de su esposa, Olivia Contreras, en el MIM (como productora y gestora cultural, con un sueldo de $ 1.500.000 brutos), él consideró que se había cruzado un límite que no estaba dispuesto a tolerar”, afirman cercanos a Crispi.

Lo que no explican los cercanos a Crispi es por qué decidió dimitir el lunes 10, casi tres semanas después de que se conociera el contrato de Olivia Contreras en el MIM, y sólo luego de que su performance ante la comisión investigadora volviera a ponerlo, una vez más, en el centro de la noticia.

En privado, fuentes de La Moneda reconocen que el Presidente Boric se resistía a perder a su principal asesor y modificar lo que considera su núcleo de mayor confianza dentro del gobierno.

Para el Frente Amplio, el partido del Mandatario, el Segundo Piso de La Moneda ha constituido el último bastión de poder, tras verse obligados a dar un giro luego de la profunda derrota ideológica que implicó para su sector el fracaso de la primera propuesta de nueva Constitución.

La mayoría de los parlamentarios del FA se enteraron de la salida de Crispi junto al resto de la ciudadanía, a eso de las 16.20 horas, casi tres horas después de que finalizara su comparecencia ante la comisión investigadora del caso Monsalve.

Pero un grupo pequeño, entre ellos el senador Juan Ignacio Latorre, el diputado Diego Ibáñez y la presidenta del partido, Constanza Martínez, entre otros dirigentes del FA, supieron de la determinación de Crispi con antelación, y salieron a respaldar al jefe del Segundo Piso. En la interna de La Moneda la reacción fue muy dura, señalan fuentes de gobierno. “Se armó una batahola muy grande desde el FA, de que no iban a aceptar que Crispi saliera solo del gobierno y que el partido no tenía por qué pagar los platos rotos”, señalan.

En el FA reclamaron que ellos habían tenido que asumir en enero pasado con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a raíz de la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Por lo mismo, presionaron para que junto a Crispi también se fuera la ministra de Defensa, Maya Fernández, cuyo cargo estaba en riesgo frente al avance de la acusación constitucional promovida por la oposición. A contrapelo de lo que habían sido los gestos que hasta poco antes habían entregado el propio Presidente y el resto de los ministros de apoyo a Maya Fernández.

Para Boric se trataba, sin duda, de una decisión muy difícil. No sólo por la cercanía que tiene con ambos personeros, sino, además, porque tenía que ejecutarla justo en momentos en que el PS y el FA están tomando definiciones trascendentales para el futuro de la coalición. Mientras el PS elige este fin de semana su nuevo comité central, el FA busca definir quién será su abanderado presidencial.

En La Moneda, fuentes de gobierno señalan en privado que el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, apoyó la idea de que salieran ambos y, de paso, se resolviera también el nombramiento definitivo de Macarena Lobos como ministra de la Segpres y no prolongar su subrogancia. Aunque militan en el mismo partido, Elizalde y Maya Fernández tenían algunas cuentas por cobrar. En el socialismo recuerdan que la exdiputada fue el rostro visible de la disidencia que intentó sacar a Elizalde de la presidencia del PS años atrás.

En el FA, aunque sus máximos dirigentes salieron en respaldo de Crispi -”agradezco el trabajo y compromiso del compañero Miguel Crispi durante estos años”, señaló la timonel Constanza Martínez en sus redes sociales-, hubo voces disidentes. Los diputados Andrés Giordano, Jorge Brito y Consuelo Veloso señalaron que la salida de los dos personeros del gobierno había sido tardía, aunque pusieron el acento en que sus renuncias permitirán fortalecer el trabajo del gobierno. “Estos ajustes pueden contribuir a un ejecutivo más sólido y alineado con las expectativas de la ciudadanía”, dijo el diputado Giordano.

Para muchos en el oficialismo la permanencia de Crispi en La Moneda se había hecho insostenible. Como jefe de asesores del Presidente, parte de su tarea era intervenir en los comités de crisis y evitar que las controversias escalaran al Presidente. Sin embargo, el propio Crispi se había visto envuelto en varias de las mismas crisis a las que estaba llamado a hacer control de daños.

Su nombre fue uno de los primeros en saltar al ruedo en julio de 2023 con el llamado caso Convenios. En agosto de ese año, diputados del Partido Republicano lo denunciaron por una omisión de denuncia en este caso. Sin embargo, fue desestimado en enero de este año por la Fiscalía Regional de Antofagasta, que decidió no perseverar. Inicialmente, Crispi dejó su defensa en manos del abogado Luis Hermosilla, hasta que se vio obligado a reemplazarlo tras estallar el caso Audios. Su relación con Hermosilla también sería materia de escrutinio, luego de que se supiera que había recibido a un representante de la empresa china Huawei, a solicitud de Hermosilla, poco antes del viaje del Presidente Boric a China.

Otra reunión, esta vez en Cerro Castillo, con la diputada Catalina Pérez, realizada el 14 de julio de 2024, antes del desafuero de la parlamentaria por su eventual participación en el caso de la Fundación Democracia Viva, en el marco del caso Convenios, fue otra de las polémicas que protagonizó Crispi y que lo mantuvieron en el foco público en los últimos dos años y que llevaron hace algunos meses a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, a pedir públicamente la salida del consejero del Presidente.

Hasta el lunes en la mañana, Boric se había negado categóricamente a la salida de su asesor más cercano. La relación de ellos no siempre fue tan cercana, aseguran en Palacio, sino que se fue construyendo en el camino. Al inicio del gobierno, Boric no tenía contemplado al exfundador de RD en el diseño de su Segundo Piso y menos como jefe de asesores, cargo al que llegó el 22 de septiembre de 2022. “Muchos pensaban que debió asumir como jefe de gabinete del Presidente, por su experiencia y contactos políticos, y no como jefe de asesores”, señalan fuentes oficialistas.

Como jefe de asesores, Crispi se juntaba periódicamente con los jefes de partidos, con quienes tenía reuniones de coordinación política paralelas a las que habitualmente realiza los día lunes el comité político de La Moneda. Y dos veces al año, señalan en el gabinete, convocaba a la plana mayor de todos los ministerios para hacer seguimiento del estado de avance de los compromisos del Ejecutivo. Además, tuvo injerencia directa en proyectos clave, como ley corta de isapres, y en los comités de crisis de los tres escándalos que han remecido al gobierno y sus coaliciones: el caso Convenios, el caso Monsalve y la compra de la casa de Allende. Tres escándalos que terminaron por ponerlo a él en el centro de la polémica y no de la solución.