Republicanos deja caer norma que creaba órdenes de partido y Consejo aprueba las iniciativas ciudadanas de ley

Este sábado, el pleno del Consejo Constitucional votó el capítulo III del borrador de su propuesta de nueva Constitución que trata temas sobre “representación política y participación”.

La votación de este acápite implica el comienzo de la revisión de los asuntos vinculados al sistema político, lo que varios constitucionalistas llaman la sala de máquinas de una Carta Fundamental.

Luego de un debate que se extendió durante la mañana, el plenario rechazó -entre las normas más emblemáticas- el artículo que creaba las órdenes de partido para los diputados y senadores. En tanto aprobó el artículo referente a las iniciativas ciudadanas de ley y el inciso sobre el “sistema de financiamiento” de los partidos políticos.

Respecto al artículo que creaba las órdenes de partido, el cual no tuvo mayores problemas durante su tramitación en las comisiones, se rechazó con 22 votos en contra de los Republicanos, el apoyo del resto de los consejeros de Chile Vamos, la abstención de la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) y el rechazo del consejero Aldo Valle (Ind.-PS), quien se desmarcó del oficialismo.

La norma decía lo siguiente: “La ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios y a los parlamentarios independientes cuyas candidaturas declararon. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido. Con todo, no podrán darse órdenes de partido cuando el parlamentario deba resolver como jurado”.

Su inclusión en el texto constitucional fue una de las grandes innovaciones que hicieron los comisionados en la Comisión Experta. Luego de un largo debate, los 24 expertos optaron por incluir esta medida, que es excepcional y para ciertos temas, con el objetivo de contribuir a combatir el discolaje y la falta de disciplina al interior de las colectividades. Todo esto en el marco propuesto por los expertos de fortalecer el sistema de partidos políticos

Fuentes de la bancada republicana comentan que antes del inicio del pleno, notificaron a las dos bancadas de Chile Vamos que no apoyarían la norma sobre las órdenes de partido. Pese a que en la comisión de Sistema Político no hubo mayores reproches, a los 22 consejeros no les gustaba el artículo.

Además comentan que luego de que se eliminara la pérdida de escaño por expulsión del partido, la cláusula perdía sentido. Esta era una de las mayores innovaciones de la caja de herramientas que pensaron los expertos para combatir el discolaje y la falta de disciplina de los partidos políticos en el Congreso.

Por su parte, dentro del mismo artículo en el inciso primero, se aprobó con 32 votos del Partido Republicano y Chile Vamos -a excepción de Gloria Hutt (Evópoli), quien se abstuvo- el “sistema de financiamiento” en la propaganda electoral y se eliminó la mención a “financiamiento público” que había propuesto la Comisión Experta.

De esta manera, la norma queda así: “La ley institucional determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento para su funcionamiento ordinario así como durante las elecciones. Sus ingresos solo podrán ser de origen nacional y solo podrán recibir los aportes que autorice la referida ley institucional. Su contabilidad deberá ser pública”.

El anteproyecto que redactaron los expertos venía distinto. Los comisionados optaron por elevar a rango constitucional la prohibición de que personas jurídicas puedan aportar a los partidos. Esta idea fue duramente defendida por el comisionado socialista Gabriel Osorio.

Previo a abrir la votación de los artículos, este fue uno de los puntos más comentados, generando discrepancias entre el oficialismo y oposición. Osorio manifestó que “ya no bastó con otorgarle conciencia a las empresas, ahora si el legislador así lo determinara, podrían sufragar a través de sus patrimonios”

A esto le respondió la experta Natalia González (Ind.-UDI) quien fue enfática en señalar que “nadie, ninguno de los consejeros que han promovido la enmienda que hoy se cuestiona está reponiendo a través de ella el financiamiento empresarial”.

“Quien insista en ello solo esparce un rumor. Aquí lo que dice es que el financiamiento solo puede provenir de aquellos aportes que la ley establece de partidos políticos, de manera que la emnienda no cambia nada de lo que la ley”, agregó González explicando que la ley vigente ya incluye la prohibición del aporte de las empresas.

El artículo que crea las iniciativas ciudadanas de ley se aprobó con 36 votos a favor -de los cuales tres fueron de consejeros de RD como José González, Paloma Zúñiga y Julio Ñanco- y 14 abstenciones por parte del resto de los representantes oficialistas.

“Un grupo de cien personas habilitadas para sufragar podrá registrar en la plataforma del Servicio Electoral una iniciativa ciudadana de ley. Para que la iniciativa sea discutida en el Congreso Nacional deberá, en todo caso, reunir un apoyo equivalente al cuatro por ciento del último padrón electoral y no superior al seis por ciento de dicho padrón. Si la iniciativa ciudadana de ley tiene por objeto la derogación total o parcial de una ley vigente, deberá presentarse al Servicio Electoral dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley que se pretende derogar. En todo caso, no serán procedentes las iniciativas ciudadanas de ley para reformar la Constitución, como tampoco respecto de aquellas materias que correspondan a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y a tratados internacionales”, dice el artículo el cual fue modificado respecto de como venía en el anteproyecto de la Comisión Experta.

El pleno también visó la norma que establece que los partidos políticos que hagan uso de la violencia o tengan objetivos contrarios al régimen democrático serán declarados inconstitucionales. Esto tuvo el apoyo de toda la derecha, la abstención de gran parte de la izquierda y el rechazo de los consejeros comunistas Fernando Viveros, Karen Araya el representante de los pueblos indígenas Alihuén Antileo.