Republicanos ingresa este lunes requerimiento ante el TC para destituir a senadora Allende

A las 9.30 horas de este lunes, los diputados del Partido Republicano ingresarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedirle al pleno que califique las causales para destituir a la senadora Isabel Allende (PS). Esto como consecuencia de haber firmado el fallido contrato de compraventa de la casa de su padre, el expresidente de la Unidad Popular Salvador Allende.

El diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) dijo a este medio que “los hechos en torno a la casa de Allende son un escándalo y lo que procede es que la senadora Allende y la ministra Fernández salgan de sus cargos a la brevedad. Por eso haremos ingreso de una presentación ante el TC, hemos iniciado los trámites para conformar una comisión investigadora y esperamos anunciar prontamente otras medidas de fiscalización y control al gobierno, para que aquí se transparente todo y se sancione a todos quienes corresponda, porque algo así de grave no puede quedar impune”.

El requerimiento fue anunciado el martes de la semana pasada en un punto de prensa en el Congreso. Desde entonces, los parlamentarios de la bancada republicana han trabajado en los fundamentos del texto, que finalmente será ingresado esta mañana. La redacción del requerimiento estuvo en manos del abogado Emiliano García, quien además contó con el apoyo de otros constitucionalistas como la académica Jesica Torres. Ambos, de hecho, han tenido experiencia en este tipo de causas ya que en 2020 estuvieron detrás del intento de Chile Vamos de destituir al exdiputado Hugo Gutiérrez por incitar a la alteración del orden público.

Quienes han sabido de los argumentos del requerimiento plantean que para el caso de la senadora los republicanos alegan la infracción al artículo 60 de la Constitución, la disposición que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado.

Respecto de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), los republicanos también están interesados en hacer valer lo que afirman es una “flagrante vulneración” del artículo 37 bis de la Constitución. Dicha norma dice que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.

A diferencia de la senadora, su caso es difuso ya que el artículo 93 Nº 14 de la Constitución solo dice que será atribución del TC referirse a las causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, pero no hace mención a los ministros de Estado. Hasta el cierre de esta edición, los republicanos guardaban hermetismo respecto del requerimiento y la situación de la titular de Defensa. Una de las opciones que se barajan respecto de Fernández era llevar su caso a la Contraloría, para que sea en esa sede donde se califique una vulneración al principio de probidad que rige a los funcionarios públicos.

Lo que sí se sabe es que el escrito expone que para que ocurra el ilícito constitucional de la senadora se requiere de una “situación objetiva”, y esa sería la firma de Allende -representada por su abogado- del contrato ante la notaría. Esto sin importar, ya que la Constitución no lo exige, que el contrato no haya causado efectos ni tampoco se haya alcanzado a traspasar el dinero.

En paralelo a las gestiones de los republicanos, en la UDI han trabajado en un requerimiento propio relativo al caso de la compraventa, aunque aún no está claro cuándo se presentaría. Este escrito está siendo redactado por el excomisionado Máximo Pavez (UDI).

El jefe de bancada de los diputados de la UDI, Gustavo Benavente, adelantó que “estamos trabajando en la redacción de los requerimientos, yo creo que la próxima semana ya tendremos novedades. Seguramente, al final no será junto con republicanos, dado que nosotros esperamos ir como Chile Vamos. Estamos avanzando en esto, se está trabajando, ya hay un material muy importante preparado, con sólidos argumentos”.

El diputado Christian Moreira, de la misma bancada, sostuvo que “la fallida compra a la casa de Allende constitucionalmente dictamina que la senadora Allende y ministra Fernández debieran cesar en sus cargos. Pero dada la gravedad e infantilismo por parte del gobierno, se ha creado una comisión investigadora que recabará los hechos. Estamos por respetar la Constitución y hacer valer las herramientas que nos otorga la democracia. Una de ellas, tener la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional.

La semana pasada, en un punto de prensa en el Congreso, la senadora Allende advirtió que “si la oposición acude al Tribunal Constitucional, está en su pleno derecho. Como está en su pleno derecho, pues, como familia, o en este caso como senadora, defendernos”. Esa defensa, según informó la propia senadora, estará a cargo del abogado y excomisionado socialista Gabriel Osorio.

El proceso de destitución en el TC podría ser largo, ya que no existe un plazo fatal para que exista un fallo. El último, el del exdiputado Gutiérrez, duró casi un año. Luego de que se interponga el requerimiento, hay 10 días para que la senadora conteste. Luego de eso el TC decidirá si recibirá prueba sobre los hechos que se alegan. En caso de que opte por abrir un periodo probatorio, se fijará un plazo de 15 días para recibir las pruebas de la causal. Después de eso, el pleno procederá a la vista de la causa, habrá alegatos, luego la deliberación y finalmente la sentencia.