Retiro de fondos de las AFP: Gobierno sufre nueva derrota y proyecto avanza al Senado con votos oficialistas

Algunos parlamentarios entonaron el Himno Nacional, otros bailaron y hasta corrieron en el hemiciclo para celebrar. Así, mientras en las afueras del Congreso Nacional y en distintos puntos del país se escuchaban bocinazos, terminó este miércoles en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto que permite el retiro de ahorros previsionales, cuyo principal artículo fue despachado al Senado con 95 votos a favor -de los cuales 13 correspondieron a parlamentarios de Chile Vamos-, 36 en contra y 22 abstenciones.

Ante la euforia opositora, en cambio, se veía en la testera de la sala a unos decepcionados ministros Gonzalo Blumel (Interior), Claudio Alvarado (Segpres), Ignacio Briones (Hacienda) y Cristián Monckeberg (Desarrollo Social), quienes se jugaron el todo por el todo -haciendo gestiones de último minuto en Valparaíso- para evitar que se repitiera la histórica derrota que vivieron la semana pasada, cuando con votos de sus propias filas se aprobó la idea de legislar de una iniciativa que ha sido ampliamente resistida por La Moneda.

Sin embargo, ni sus esfuerzos ni tampoco los que hizo el propio Presidente Sebastián Piñera dieron frutos. El Mandatario había puesto parte de su capital político sobre la mesa en los días previos, en que buscó alinear personalmente a las bancadas UDI, RN y Evópoli, además de anunciar un paquete reforzado de medidas para la clase media. Dichos anuncios contemplaron incluso un bono de $ 500 mil.

Pero todo fue en vano: 13 diputados de su coalición volvieron a propinarle una compleja derrota al gobierno, dejando en tela de juicio el liderazgo del comité político y la gobernabilidad de Chile Vamos.

Fueron 10 los legisladores que la semana pasada habían votado a favor y que este miércoles ratificaron su respaldo respecto del artículo más trascendental de la iniciativa: el que reforma la Constitución para permitir, de forma excepcional, el retiro de fondos.

Ese fue el caso de los RN Andrés Celis, Eduardo Durán, Ramón Galleguillos, Aracely Leuquén, Erika Olivera, Hugo Rey y Leonidas Romero, y de los UDI Virginia Troncoso, Pedro Álvarez Salamanca y Cristhián Moreira, quien no obstante estar hospitalizado y haber deslizado que no podría participar de la sesión, de todas formas votó de modo telemático.

“No puedo hacer vista gorda del gran esfuerzo que ha hecho mi gobierno (...), pero ha llegado a destiempo y no es suficiente”, sostuvo Durán. Mientras que Celis advirtió que “me parece de toda justicia que la gente pueda elegir”.

Pese a que el Ejecutivo logró convencer a tres legisladores que la semana pasada habían respaldado la moción -Pablo Prieto (independiente-RN), Celso Morales (UDI) y Miguel Mellado (RN), quienes se abstuvieron-, se sumaron a los respaldos otros tres parlamentarios que el 8 de julio se habían abstenido: Sandra Amar (UDI), Álvaro Cárter (UDI) y Jorge Durán (RN). Fueron ellos los que terminaron de inclinar la balanza (ver listado).

El resto del sector se dividió entre rechazos y abstenciones, mientras que en la oposición el único que se desalineó fue el independiente Pepe Auth, quien mantuvo su abstención.

Pese al desmarque oficialista, la oposición no logró el quórum para aprobar la creación de un fondo solidario progresivo, disposición que se rechazó por 89 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones.

El resultado fue el corolario de una jornada que se veía compleja en La Moneda, luego de que la antesala de la votación se viera marcada por hechos de violencia durante la madrugada y, antes, por un masivo cacerolazo en distintas ciudades. En dicho contexto, y ante la amenaza de un “estallido social 2.0”, en el Ejecutivo admitían que el cuadro podía complejizar que los parlamentarios modificaran -de una semana a otra- su postura inicial.

Asimismo, pesaba en el gobierno la denuncia que el martes había hecho el diputado Celis en contra de su par Diego Schalper (RN), acusándolo de haber ofrecido a otros legisladores del sector, en nombre del Ejecutivo, cargos en reparticiones regionales para que cambiaran su voto. El hito marcó el inicio del debate en la sala, donde la oposición hizo su arremetida y acusó derechamente “corrupción”.

Fue ese tenor el que se instaló durante toda la discusión. En una Cámara Baja absolutamente polarizada, los detractores del proyecto apuntaron a las contradicciones de la izquierda al defender la idea de que sean los trabajadores los que paguen con sus ahorros el impacto de la crisis. Asimismo, le enrostraron su falta de responsabilidad ante una medida que no cuenta con el respaldo de sus técnicos y reiteraron que esta sería una medida “populista” y que solo buscaría acabar con el sistema de AFP.

Por su parte, desde la oposición acusaron al gobierno de estar en una campaña desesperada para salvar a las aseguradoras de pensiones, poniendo sus intereses por sobre el bien común. Algunos como Jorge Brito (RD) emplazaron a los legisladores que reciben financiamiento de esos grupos económicos a inhabilitarse.

La discusión llegó a su punto más álgido cuando Karim Bianchi (ind.) emitió expresiones ofensivas en contra de Piñera, las que pidieron ser retiradas del acta por el ministro Alvarado. Lo mismo ocurrió cuando Florcita Alarcón (PH) puso un cartel con insultos mientras hablaba Blumel.

“A aquellos que quieren asestar un golpe al sistema de AFP (...) están dándole un golpe a la clase media”, dijo el jefe de gabinete, intentando convencer a los indecisos de su propio sector.

El secretario de Estado fue más allá y aseguró que la aprobación de la reforma podría implicar “el comienzo de la crisis institucional”.

Mientras que Briones reiteró sus críticas al proyecto y subrayó que con la iniciativa “todos quienes estamos en este hemiciclo vamos a poder retirar $ 4 millones libres de impuestos, eso es inmoral”.

A su vez, Alvarado intentó, una vez más, destacar las bondades del plan clase media, que finalmente no convenció a todos en Chile Vamos.

En todo caso, en el Ejecutivo apuestan a revertir el escenario en el Senado y no descartan a priori un veto o recurrir al Tribunal Constitucional.