La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó este viernes un proyecto de reforma constitucional con el que busca habilitar al Congreso para presentar acusaciones constitucionales en contra del director o directora de Presupuestos, una autoridad que actualmente no se encuentra dentro del listado de funcionarios sujetos a este tipo de control parlamentario.

La iniciativa, impulsada por el jefe de bancada, Miguel Mellado, y la subjefa, Carla Morales, modifica el artículo 52 de la Carta Fundamental y plantea que la Dirección de Presupuestos (Dipres) puede ser responsabilizada políticamente por “comprometer gravemente la sostenibilidad fiscal” o por eventuales delitos como malversación de fondos públicos, soborno o concusión.

Desde RN explican que la moción se enmarca en un contexto de reiteradas críticas a la gestión de la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a quien acusan de cometer errores relevantes en la formulación del Presupuesto 2024 y de haber entregado proyecciones erradas.

A raíz de estos antecedentes, el partido ya recurrió a la Contraloría General de la República, denunciando “irregularidades en las cifras oficiales”.

“Quienes entienden cómo funciona el Estado saben que la Dirección de Presupuestos y su directora tienen un rol esencial, tanto o más que ministros y delegados presidenciales. Frente a una lealtad mal entendida del Presidente, el Congreso debe tener la posibilidad de activar su salida cuando se pone en peligro la sostenibilidad fiscal”, sostuvo Mellado.

A su vez, Morales advirtió que “el prestigio de Chile y de un servicio de excelencia comienza a afectarse seriamente, y al Presidente Boric parece no importarle. Mientras tanto, el ministro Marcel califica a Martínez como la mejor directora de la historia”.

"Esto demuestra que, ante casos de evidente ceguera política, el Congreso necesita herramientas dentro de la institucionalidad”, aseguró.

El proyecto también pone el foco en lo que consideran una “impunidad funcional” que afecta a autoridades con gran capacidad de decisión, pero que no tienen responsabilidades políticas equiparables a las de los ministros de Estado. A juicio de los autores de la moción, esto deja al Parlamento sin margen de acción frente a situaciones que, según sostienen, podrían comprometer el manejo de las finanzas públicas.

“Este mecanismo se vuelve aún más imprescindible ante jefes de Estado que se niegan a remover a funcionarios de su exclusiva confianza, incluso cuando existen evidencias graves y un juicio lapidario de la opinión pública sobre su gestión”, indican los parlamentarios.