RN solicita comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados por caso Democracia Viva

Siguen las repercusiones por el caso de platas políticas que enreda a la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, todos militantes de Revolución Democrática (RD). Luego que se diera a conocer que Contreras, mientras aún encabezaba la Seremi, visó un monto total de $ 426 millones a la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Andrade.

Desde el Partido Renovación Nacional (RN), hicieron llegar una carta al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, para solicitar la creación de una comisión especial investigadora, con el fin de “reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con las transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de sus Secretarias Regionales Ministeriales, así como del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2022 y 2023″, dicta la misiva.

Además, en el documento, señalan que “la comisión podrá indagar en las transferencias desde dichas entidades con ocasión de otros programas ministeriales, siempre durante los años 2022 y 2023, y con especial énfasis en los recursos entregados a la Fundación Democracia Viva y a la Fundación Procultura”.

La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta efectuó tres trasferencias de dinero por un total de $426 millones a la fundación Democracia Viva. La primera transferencia fue el 3 de octubre de 2022, la segunda el 27 de ese mes y la tercera el 29 de noviembre de ese mismo año.

Respecto a las transferencias, en la carta, a la que tuvo acceso La Tercera, se argumenta que la primera transacción “da cuenta de forma inmediata de los fines de tal fundación: “radicalizar la democracia, contribuir a la cocreación de un país más justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos”.

“Lo anterior deja en evidencia que los fines de la fundación son completamente ajenos a las estrategias de intervención del programa gubernamental que busca, de diferentes maneras, lograr una solución habitacional”, dicta el documento.

Desde el partido de oposición no se han quedado al margen del asunto, de hecho, por la mañana la bancada RN recurrió a la Contraloría General de la República, para solicitar que la entidad emita un pronunciamiento acerca de la responsabilidad del ministro Carlos Montes y de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).

Además, los parlamentarios, solicitaron que se realice una auditoría a nivel nacional de las transferencias de recursos en el marco de los programas de campamentos y esperan que se investigue en detalle el convenio del Minvu con Democracia Viva.