Por 118 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la cuestión previa en el marco de la acusación constitucional en contra de Andrés Allamand, exministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El libelo -que llegaba con un informe negativo desde la comisión revisora- fue interpuesto el 4 de mayo por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), independientes, de izquierda y de oposición, quienes acusan que el excanciller “comprometió gravemente el honor o la seguridad de la nación”, luego de su visita a España en febrero de este año, en plena crisis migratoria en la zona norte del país.

Al inicio de la sesión en el hemiciclo para analizar la acusación -a las 11.30 horas-, la defensa del exministro de Relaciones Exteriores solicitó invocar la denominada “cuestión previa”, un mecanismo que cuestiona los fundamentos del libelo y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse.

“Lo que realmente se imputa, y así aparece en el libelo acusatorio, es un supuesto e inexistente notable abandono de deberes, causal que no se encuentra comprendida dentro del artículo 52 N°2 letra B de la Constitución Política de la República”, señaló el abogado Ramiro Araya.

Posteriormente, expusieron los diputados integrantes de la comisión revisora, instancia conformada por Cristián Labbé (UDI), Catalina Pérez (RD), Jaime Araya (PPD) y Jorge Brito (RD) para analizar el libelo y votar la pertinencia de éste -previo a su discusión en la Sala-. Si bien Andrés Celis (RN) también es miembro de la comisión, no estuvo presente por resultar positivo a Covid-19.

A juicio de los parlamentarios -y tal como expusieron ayer durante la sesión en la comisión- los antecedentes expuestos y las causales de acusación no estaban lo suficientemente claros como para efectuar el libelo. No obstante, los diputados Pérez, Brito y Karen Medina (PDG) enviarán un oficio de fiscalización dirigido a la Cancillería para que se informe en qué términos ocurrieron los viajes del exministro Allamand.

Tras exponerse los argumentos tanto de la defensa como de los parlamentarios de la comisión revisora, la petición fue acogida por la corporación. Con dicha determinación, el “fondo” de la acusación no será analizado, ya que, tal como establece el reglamento, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la cuestión previa, se cae la acusación y, en consecuencia, se da por no interpuesta.

Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la acusación constitucional en contra del expresidente Piñera en diciembre de 2019, presentada por la en ese entonces oposición.

Entre quienes rechazaron acoger la cuestión previa solicitada por la defensa del excanciller se encuentran los once diputados que impulsaron la acusación.

En concreto, Yovana Ahumada, Roberto Arroyo, Karen Medina, Rubén Oyarzo, Víctor Pino, Francisco Pulgar y Gaspar Rivas, del Partido de la Gente; Viviana Delgado y Pamela Jiles, del comité Ecologista Verde e Independientes; Clara Sagardía, del Frente Amplio; y Enrique Lee, de Chile Vamos.

A la lista también se suman Marta González (PPD), Emilia Nuyado (PS) y Luis Malla y Sebastián Videla, ambos del comité Radical-Liberal.

El viaje que el excanciller efectuó en febrero de este año a España, en medio de la crisis migratoria en la zona norte del país, motivó críticas desde el sector político. Sin embargo, éstas se acrecentaron luego de que se revelara que, durante su estadía en el país europeo, Allamand participó de su primera reunión de trabajo tras ser elegido como secretario general iberoamericano en noviembre de 2021.

Tras los cuestionamientos, desde el ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el entonces secretario de Estado estaba “haciendo uso de su feriado legal desde el lunes 31 de enero” y que retomaría sus funciones el 14 de febrero.

Allamand finalmente renunció a su cargo el 6 de febrero, en medio de críticas en su contra. Dos días después de su dimisión, asumió como secretario general iberoamericano.

La comisión revisora había sesionado ayer para escuchar las exposiciones de los diputados que impulsaban la acusación y la intervención de la defensa del exministro de Relaciones Exteriores, en esa ocasión representada por el abogado Samuel Donoso.

En su alocución, el defensor expuso que el excanciller “no incurrió en ninguna infracción jurídica” y que “la conducta desplegada por Andrés Allamand en la primera semana de febrero de 2022 no afectó la seguridad y el honor de la nación”, por lo que “debe esta comisión declarar que no ha lugar a la acusación constitucional”.

Asimismo, a juicio del abogado, en este caso “la imputación efectuada por la acusación es una cuestión netamente de carácter político, no es una infracción jurídica”.

Finalmente, los diputados deliberaron sobre el contenido de la acusación y declararon inadmisible la acusación constitucional.