Se salva Jackson: Cámara rechaza acusación constitucional contra ministro con descuelgues de partidos de oposición
El libelo impulsado por el Partido Republicano fue desechado por 68 votos a favor y 76 en contra. En tanto, seis diputados se abstuvieron, entre ellos Camila Musante (independiente-comité Comunista). La defensa del ministro de Desarrollo Social había invocado la cuestión previa, pero esta fue desestimada por los diputados.
Por 68 votos a favor, 76 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.
El libelo, que llegó con un informe negativo -pero no vinculante- desde la comisión revisora a la sala, fue interpuesto por parlamentarios del Partido Republicano, quienes acusan al secretario de Estado de, entre otras cosas, vulnerar la Constitución e infringir las leyes.
La Cámara Baja estaba convocada a una sesión a las 10 horas para revisar y votar la pertinencia del libelo. El ministro de Desarrollo Social, en su llegada al hemiciclo, se sentó en la testera -como es habitual en estas situaciones-, acompañado por otros secretarios de Estado.
Una vez que comenzó el debate sobre el libelo, la defensa del militante de Revolución Democrática (RD), representada por la abogada socialista Claudia Sarmiento, invocó la cuestión previa, un mecanismo que cuestiona los fundamentos de la acusación y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse.
“Es sorprendente que existan pasajes (en el libelo) donde se aborda derechamente el carácter del ministro, donde se le tilda en su temprana participación más bien como mesiánica (...). Se lo personifica como un hombre que es moralmente superior al resto”, declaró la litigante durante su alocución.
Frente a ese antecedente, remarcó que las acusaciones constitucionales no son un “análisis de mérito o de conveniencia política”, sino que un “mecanismo excepcional”. “Las críticas al carácter de una persona o a su trayectoria política no son una causal que habilite para la procedencia de una acusación constitucional”, recalcó Sarmiento.
La abogada también planteó que el libelo expone hechos generales y realizados dentro de la esfera de otros órganos del Estado, que no se relacionan con el despliegue de alguna actividad particular y personal del secretario de Estado.
“Los diputados del Partido Republicano confunden hechos con juicios de valor”, aseguró la defensora del titular de Desarrollo Social, y remarcó que “la acusación no imputa responsabilidad por hechos propios”.
Tras la exposición de Sarmiento, los diputados de la comisión revisora, integrada por Joaquín Lavín (UDI), Karol Cariola (PC), Clara Sagardia (independiente-bancada del Frente Amplio), Bernardo Berger (independiente-RN) y Ericka Ñanco (RD), presentaron sus argumentos frente a la acusación, que en su mayoría la rechazaban.
Las diputadas oficialistas llamaron a aprobar la cuestión previa, mientras que Berger manifestó su respaldo al libelo. El parlamentario de la UDI, en tanto, aseguró que la acusación carece de fundamento jurídico.
Pese a los argumentos expuestos por Sarmiento y los integrantes de la comisión revisora, la cuestión previa fue rechazada por los legisladores por 74 votos a favor, 72 en contra y 2 abstenciones. Estas últimas se suman al rechazo.
Con este resultado se dio paso a la discusión del fondo de la acusación constitucional. El primero en tomar la palabra fue el diputado republicano Johannes Kaiser, para fundamentar -en representación de la bancada- el libelo.
El legislador, durante dos horas, repasó los argumentos de la acusación y emplazó a los parlamentarios: “¿En serio creen que de lo que hemos planteado no existe ninguna razonable duda para despachar al ministro Jackson al Senado?”.
“Dirán ‘bueno, esta es una acusación política’. Sí, tiene mucho de acusación política, eso es correcto, pero es una acusación constitucional y política que se basa en la falta de cumplimiento de la ley, y eso es el corazón de esta acusación”, remarcó, y agregó que “el señor ministro debe enfrentar la justicia”.
El detalle de la votación
Tras la argumentación de los acusadores, comenzó la deliberación de los demás parlamentarios presentes. La votación en el hemiciclo de la corporación era incierta. Y es que hasta esta mañana había diputados de oposición que analizaban su voto, mientras que otros -del Partido de la Gente (PDG) y algunos de Chile Vamos- habían confirmado anteriormente su respaldo a la acción de republicanos.
La Democracia Cristiana (DC), en tanto, anunció que votaría en contra, mientras la Cámara sesionaba.
Finalmente, tras cinco horas y media de sesión, se concretó la votación del libelo, el que fue rechazado por diputados oficialistas y algunos de oposición, Miguel Ángel Calisto (independiente-exDC), Felipe Camaño (independiente-DC), Erika Olivera (independiente-comité PDG) y Joanna Pérez (independiente-exDC).
Entre quienes se abstuvieron, en tanto, está Mónica Arce (independiente-comité Ecologista Verde), Eduardo Durán (RN), Joaquín Lavín (UDI), Camila Musante (independiente-comité Comunista), Ximena Ossandón (RN) y Francisco Pulgar (independiente PDG).
Una vez finalizada la sesión, el ministro de Desarrollo Social agradeció los respaldos de parlamentarios que permitieron rechazar la acusación constitucional en su contra.
“Incluso quienes son de oposición y dieron el paso y cruzaron una frontera que es difícil de cruzar, y que hoy también nos dan una lección al momento de rechazar o abstenerse respecto al fondo de esta acusación constitucional”, señaló, acompañado de ministros de Estado y diputados.
Cuatro capítulos y 150 páginas
El libelo contra el ministro de Desarrollo Social fue interpuesto el 3 de enero por parlamentarios del Partido Republicano.
Se trata de la segunda acusación constitucional impulsada por la tienda política fundada por José Antonio Kast durante la administración del Presidente Gabriel Boric. La primera fue en junio del año pasado contra la otrora ministra del Interior, Izkia Siches, pero aquella no prosperó, pues la Cámara Baja acogió la cuestión previa.
En el prólogo de la acusación -que consta de 150 páginas y cuatro capítulos-, los republicanos instalaron como argumento central un presunto “abuso de autoridad y de poder” de parte de Jackson.
Así también, lo acusaron de subejecución presupuestaria en materia de compra de tierras; de infringir el principio de probidad en torno a la bullada salida de la exseremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo; dejar sin ejecución la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y también la de Garantías y Protección Integral.
“No existe acción u omisión personal alguna de mi parte a la que la y los acusadores hayan hecho referencia, ni mucho menos vulneración a las reglas sobre probidad”, respondió oficialmente Jackson -a través de su defensa, a las acusaciones de los diputados republicanos.
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