La tercera fue la vencida para el gobierno. La tarde de este lunes el Senado aprobó la nominación del abogado Ángel Valencia para ser nuevo fiscal nacional por los próximos 8 años.

La nominación realizada por el Presidente Gabriel Boric logró conseguir los 2/3 de respaldos establecidos por la Constitución para su ratificación al ser aprobada, con 40 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Entre estos últimos estuvo el líder del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien mantiene un estrecho vínculo con el abogado.

De esta manera, el Ministerio Público contará con un nuevo fiscal nacional tras 100 días sin una jefatura tras la salida de Jorge Abbott el pasado 1 de octubre, luego de que cumpliese los 75 años, edad limitante establecida por la Constitución para seguir en el cargo.

Además, el gobierno logró sacudirse de las dos derrotas previas que tuvo en el Parlamento cuando los nombres de José Morales y Marta Herrera fueron rechazados al no conseguir el quórum necesario para ser ratificados.

Sin embargo, su elección no fue simple, ya que durante la jornada algunos senadores plantearon reparos por causas judiciales que Valencia ha tenido durante estos años fuera del Ministerio Público.

Valencia arribó temprano al Congreso, flanqueado por la ministra del Interior, Carolina Tohá para exponer ante la Comisión de Constitución del Senado. La gran ausente fue la recién renunciada ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien dejó su cargo producto de “desprolijidades” cometidas en los indultos entregados por el Presidente Boric a finales del 2022.

En dicha instancia, en el marco de su exposición, Valencia aseguró que “Chile necesita una fiscalía que sirva, que sirva para el combate al crimen organizado, que sirva para los tiempos actuales y a la comunidad, especialmente a los más débiles y desfavorecidos. Para ello son necesarios cambios profundos y no más de lo mismo (...) Y pueden contar, señores senadores, con mi compromiso de dedicarme exclusivamente a esa tarea (...) pueden contar con mi compromiso más estricto de velar por la autonomía constitucional y política del Ministerio Público”.

Y enfatizó que “tal como he señalado, mi función, en caso de ser aprobado mi nombramiento, será velar por la correcta aplicación de la ley. E insisto, cumpliré con esa obligación pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise”.

El camino de Valencia para ser el nuevo mandamás del Ministerio Público tampoco fue fácil. El abogado había sido uno de los postulantes más votados cuando la Corte Suprema conformó la primera quina para el cargo, el pasado 7 de noviembre de 2021. En esa oportunidad su nombre obtuvo 17 votos, empatando con el fiscal José Morales.

Sin embargo, no fue considerado en ninguna de las dos primeras nominaciones que realizara a la Cámara Alta el Mandatario para el cargo. Según dio cuenta La Tercera el pasado 16 de noviembre, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, había manifestado su preocupación por el nombre de Valencia a raíz de su actuación como abogado defensor del exjuez Luis Barría, formalizado por abuso sexual.

El tema reflotó cuando durante la exposición de Marta Herrera ante la Comisión de Constitución del Senado, el presidente de la instancia, Matías Walker, le preguntó a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos -quien renunció el sábado-, por supuestos “vetos” hacia algunos de los integrantes de la quina, haciendo alusión directa a los casos de Rodrigo Ríos y el del propio Valencia.

Fue en esa instancia que Ríos reconoció que la titular de la Mujer manifestó “preocupación” por la inclusión del abogado Valencia. “Para nosotros no es un obstáculo que una persona se haya dedicado al oficio de la defensa letrada en el sistema penal, en ningún caso (...) Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación”, explicó en dicha oportunidad.

El escenario de Valencia cambió radicalmente luego de que el Senado no acogiera la nominación de Herrera para la Fiscalía Nacional. Esto, ya que dejó en un pie complejo al gobierno, que debía buscar un tercer nombre para levantar a la Cámara Alta y con la presión de no sufrir una nueva derrota en el Congreso.

De hecho, previo a elegir a Valencia, el Mandatario contactó al presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para consultar la posibilidad de llamar a un nuevo concurso. Petición que no fue acogida por el máximo tribunal.

Finalmente, el pasado 4 de enero, Boric dio un giro y sorprendió con la nominación del abogado, considerando que en primera instancia se creía que el gobierno optaría por el fiscal nacional interino, Juan Agustín Meléndez.

Tras la caída de Herrera los ánimos entre el gobierno y el Senado se tensionaron.

El 5 de enero, el Jefe de Estado hizo un llamado a la Cámara Alta a actuar con responsabilidad tras la nominación de Valencia y les hizo un duro emplazamiento a los senadores: “Hoy presentamos un tercer nombre que también tuvo una alta votación en la conformación de la quina, y aún así hay algunos amenazando nuevamente con que van a rechazar. Yo les pregunto ¿a qué están jugando? Acá lo que importa es que la Fiscalía, que es la encargada de la persecución del delito en Chile, pueda fortalecerse, y no una disputa entre el gobierno y el Senado”, indicó el Mandatario.

A ello se sumó que la postulación de Valencia descolocó a la bancada de senadores de RN -ya que habían acordado inicialmente apoyar la candidatura de Meléndez-, además de los reparos manifestados por algunos legisladores oficialistas, como Loreto Carvajal, quien en la previa anunció que no respaldaría la carta impulsada por La Moneda.

En las horas previas a la votación volvieron a reflotar algunos flancos en contra de Valencia relativos específicamente a casos que le tocó defender, como el del mismo Luis Barría o su rol como árbitro entre el economista Rafael Garay y sus clientes.

Además, debido a algunas causas en las que actuó, la bancada de diputadas feministas “Julieta Kirkwood”, planteó su preocupación por el nombre del exfiscal: “Más allá de sus capacidades, que no ponemos en duda, nos parece que su historia profesional conocida no es garantía de la independencia e imparcialidad indispensables para encabezar el Ministerio Público”, indicaron.