Senado despacha reforma de elección en dos días a pesar de repentina rebelión oficialista

Al inicio de la sesión del Senado, el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel José Ossandón (RN), comenzó su breve intervención, dando nuevas explicaciones a sus pares por no poder darles un informe detallado sobre la reforma para extender a dos días las elecciones regionales y municipales de octubre.

“Quiero pedir disculpas, porque existió una confusión en la comisión”, dijo el senador de Renovación Nacional, quien hace dos semanas ya no había presentado oportunamente el primer informe de su instancia sobre este proyecto enviado por el gobierno.

Tras dar sus excusas, Ossandón explicó que si bien existía un informe de la comisión que preside, no tenía un resumen para explicar los distintos alcances de este proyecto, por lo que, con un tono algo nervioso, prefirió improvisar. Así, para salir del trance, se limitó a enumerar las leyes que se modificaban. “Lo que se busca, con todas estas modificaciones, es llegar a tener la elección de alcaldes y concejales, en vez de un día, en dos días. He dicho”, sostuvo el senador de RN, olvidando mencionar que la norma también abarcaba la elección de gobernadores y consejeros regionales.

Pese a ello, la reforma -surgida de una petición del Servicio Electoral, ante el inminente colapso de las sedes de votación que no serán capaces de procesar un flujo masivo de electores en un solo día, producto del voto obligatorio-, al menos, fue despachada ayer en la tarde con su “corazón” intacto (es decir, la extensión a dos jornadas electorales).

Sin embargo, el gobierno sufrió un sorpresivo revés a manos de sus propios senadores que lograron rechazar una propuesta gubernamental para reducir el mayor gasto fiscal que se produciría debido a la implementación del voto obligatorio. Hoy los partidos y los candidatos reciben un reembolso por cada voto que hayan recibido, por lo tanto, si aumentan los votantes, inevitablemente también el Estado -a través del Servicio Electoral (Servel)- tendría que incurrir en un mayor desembolso de recursos, estimado en 30 mil millones de pesos adicionales.

En todo caso, el texto, que ahora deberá ser discutido en la Cámara en un plazo de semanas, incluía otro conjunto de medidas electorales para futuros comicios, desde fijar una multa de hasta 200 mil pesos a quienes no sufraguen, hasta consagrar el lápiz de pasta azul para marcar la papeleta.

Aunque la idea de legislar de esta iniciativa ya se había aprobado, el 31 de mayo, justo con los 29 votos necesarios, el cuadro comenzó a enredarse para el Ejecutivo ayer en la mañana.

En la Comisión de Hacienda, el senador y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza (PS), anunció que votaría en contra de la extensión de las elecciones a dos días en la discusión en particular.

En la votación de la semana pasada, Insulza no participó, pues estaba fuera del país en calidad de observador del proceso electoral en México, donde fue elegida Claudia Sheinbaum como nueva Presidenta.

De hecho, a partir de ese ejemplo, Insulza argumentó su rechazo a la reforma, pues en México habían votado cerca de 60 millones de personas en un solo día.

“Estoy en contra de todo esto”, remarcó repentinamente Insulza, cuya postura comenzó a calar en otros legisladores oficialistas que supuestamente estaban apoyando la propuesta gubernamental.

De hecho, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien ya había votado a favor el viernes pasado, dijo sorpresivamente en la misma Comisión de Hacienda. “Me cuesta entender por qué tenemos que ir a dos días”, indicó.

En la tarde, en la sala, el senador Fidel Espinoza (PS) añadió más suspenso tras escuchar las palabras de su par de bancada. Si bien el legislador socialista había sido el único desmarque de la alianza gubernamental la semana pasada, aleonó nuevamente a sus compañeros a inclinarse por el rechazo. “Me sumo a las palabras del colega Insulza. Es una pésima idea”, señaló.

El ruido ya estaba instalado. Incluso, a pesar de que tenía comprometido su voto a favor, la senadora Isabel Allende (PS), lanzó una severa advertencia en la sala. “Espero que sea la única vez”.

A esas alturas había nerviosismo en el gobierno y en las autoridades del Servel, que acudieron ayer a la sesión. Por ser una reforma que genera cambios electorales, este proyecto requería necesariamente de la aprobación de cuatro séptimos del Senado, es decir, 29 senadores. Ese piso ya estaba justo la semana pasada, por lo que cualquier arrepentido podía hacer fracasar la reforma.

No obstante, las gestiones de última hora, que fueron reclamadas por el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien estaba en contra de la medida, lograron retener los votos. Por 30 votos a favor y 14 contra, finalmente se aprobó el artículo que extendía a dos días las elecciones. Espinoza optó por no votar.

En otro punto importante, por 39 votos a favor, se aprobaron las multas a quienes no voten

Con el apoyo de 33 senadores también se aprobó la disposición que facilita las rendiciones de cuentas y por 44 votos también fueron visadas otras modificaciones que no suscitaban conflicto, como el uso de la lapicera azul.

Sin embargo, en los aspectos más polémicos, el gobierno no reunió el piso necesario para aprobar un artículo que buscaba reducir el gasto fiscal por concepto de reembolsos que hace el Servel por cada voto.

Dado que en estas elecciones operaría el sufragio obligatorio con el riesgo de una sanción, se prevé que habrá una mayor concurrencia a las urnas, por lo tanto si ello no se modifica obligaría a un mayor desembolso del Estado por votos válidamente emitidos.

Según explicó la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien ha estado a cargo de tramitar la iniciativa, la idea del Ejecutivo era que estos cambios no incidieran en una mayor carga fiscal, por lo que se propuso una fórmula en que hubiera un piso y un techo de reembolsos por voto para que el gasto fuera “sea fiscalmente neutro, puesto que de lo contrario implicaría alrededor de $30.000 millones adicionales a devolver”, dijo ayer en la mañana en la Comisión de Hacienda.

No obstante, la indicación del Ejecutivo solo obtuvo 25 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. Con ello, al no reunirse la mayoría de 29 senadores, la norma se cayó.

Si ello prospera, complicaría eventualmente al Ministerio de Hacienda, pero, al contrario, sería un botín atractivo para los candidatos que mantendrían el mismo valor del reembolso por voto, alrededor de 1.500 pesos, que generalmente es cedido a cada partido. Adicionalmente, las colectividades reciben cerca de 560 pesos por cada sufragio que hayan obtenido sus postulantes.

Lo sorpresivo es que casi todos los senadores oficialistas, entre ellos la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su par del PPD, Jaime Quintana, votaron en contra o se abstuvieron. También se abstuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya.

Paradojalmente, la propuesta de ahorro y responsabilidad fiscal que elaboró el Ejecutivo contó mayoritariamente con votos de la oposición, de la DC y de independientes como Fabiola Campillai. Los senadores Esteban Velásquez (FREVS), Alejandra Sepúlveda (indep.) y Claudia Pascual (PC), fueron los únicos oficialistas que apoyaron la fórmula gubernamental.

En otro aspecto discutido, la oposición logró aprobar por 23 votos a favor y 19 en contra, un cambio al Código del Trabajo para que los días de elecciones no sean feriados irrenunciables para el comercio. Esa norma de carácter laboral solo requería mayoría simple.