Senadores RN ingresan una solicitud para invalidar los indultos del exfrentista Mateluna y el “insurrecto” Castillo

La crisis por los indultos no se detiene y el gobierno sigue sumando más flancos. Este jueves los senadores de Renovación Nacional (RN) hicieron uso de una de las opciones que contempla la Ley 19.880 que regula los actos administrativos del Estado buscando invalidad los decretos que concedieron los indultos al exfrentista Jorge Mateluna y al condenado Luis Castillo, quien se autodenominó “insurrecto”.

Los senadores que firmaron -Francisco Chahuán (presidente del partido), Paulina Núñez, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, Manuel José Ossandón, Juan Castro, Rodrigo Galilea, José García, Carmen Gloria Aravena, María José Gatica, Carlos Kuschel y Alejandro Kusanovic- alegan que estos dos indultos son ilegales y, por lo tanto, deben ser invalidados.

Para justificar su actuar, los parlamentarios invocan el artículo 53 de dicha ley. Esa norma lo que establece es que “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado”.

“El Presidente de la República tiene una oportunidad para invalidar estos actos administrativos que se han dictado con claros errores de hecho como lo ha manifestado la ministra (Camila) Vallejo”, afirmó el senador Chahuán, quien llegó junto a la senadora Núñez a La Moneda para ingresar la solicitud.

Esta nueva arremetida de la oposición implicará que el Presidente Gabriel Boric deba pronunciarse al respecto. Esto, debido a que fue él mismo la autoridad administrativa que emitió el acto administrativo que derivó en el indulto de Mateluna y Castillo.

Ante la solicitud, Boric tiene varias opciones. Una de ellas es que el Mandatario opte por derivar esta petición para que sea el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien lo responda.

Otra alternativa es que el Mandatario lo rechace argumentando vicios formales. Para solicitar la invalidación, el requirente debe ser un “interesado”. La misma ley, en su artículo 21, define que las partes interesadas son “quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos”, o quienes “sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”, o, como tercera opción, “aquellos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”.

Si Boric considera que no califica en ninguna de esas tres hipótesis, podría rechazar la solicitud argumentando que los parlamentarios no son sujetos interesados en estos actos administrativos. En ese caso, los senadores posteriormente podrían recurrir a la Corte de Santiago -y luego a la Corte Suprema- para revertir esa decisión y judicializar la controversia.

La tercera alternativa es que el Presidente sí considere que los senadores son interesados y entre a resolver el fondo. Dado que es él mismo quien debe decidir, es altamente probable que no reconozca que sus indultos son ilegales, por lo tanto, la solicitud de invalidación se rechazaría. Esta decisión también podría ser recurrible ante la Corte de Santiago y eventualmente ante la Corte Suprema.

Los senadores también pidieron que, antes de tomar una decisión, Boric haga uso de lo normado en el artículo 53 y otorgue a los interesados una audiencia previa “a fin de exponer latamente los antecedentes expuestos en este escrito, con la finalidad de lograr una mejor resolución”.

Sea cual sea el escenario que tome el Mandatario, este tipo de procedimientos no tiene un plazo establecido. Por lo tanto una estrategia podría ser tomarse tiempo para responder y resolver la petición en varios meses más.

De esta forma el gobierno ya acumula tres flancos jurídicos vinculados a los indultos. Por una parte está siendo asediado por dos requerimientos de inconstitucionalidad que presentó la UDI ante el Tribunal Constitucional, respecto de los cuales la admisión a trámite y la admisibilidad será vista por los ministros la próxima semana.

Además, debido a una solicitud de la bancada de diputados de la UDI, el contralor eventualmente podría revisar la legalidad de los indultos. Para eso la Contraloría ya solicitó un informe al Ministerio de Justicia.

El tercer flanco fue el que se abrió este jueves con la arremetida de los senadores ante la misma Presidencia, con esta nueva solicitud para invalidar ambos indultos. “El Presidente puede dejar sin efecto su decisión. Siempre es bueno no solamente reconocer el error, sino que enmendar la decisión tomada y para ello, al menos, estos dos indultados deberían volver tras las rejas”, añadió la senadora Núñez.