“Sería un mal precedente” y “no están pidiendo privilegios”: parlamentarios reaccionan a idea de crear una cárcel especial para pueblos originarios

Diversas reacciones generó la posibilidad de crear una cárcel especial para integrantes de pueblos originarios, que es actualmente evaluada por el gobierno.

La idea surgió en septiembre, según reveló La Tercera, a raíz de peticiones de parlamentarios oficialistas y de oposición, en medio de las discusiones generadas por solicitudes de algunos presos mapuche para ser trasladados a penales de su preferencia.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos -tras trascender la noticia- informó que es una posibilidad que se está evaluando, junto con analizar el presupuesto que esto requiere.

“Es algo que estamos estudiando a solicitud de los parlamentarios”, comentó este lunes y agregó que “una vez que nosotros tengamos la propuesta integral vamos a volver a sentarnos con los parlamentarios que nos han solicitado esto, para poder tener un plan más acabado”.

Desde el Palacio de La Moneda, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre explicó que la idea se planteó “en la lógica de respetar estándares internacional”, principalmente contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No están pidiendo privilegios especiales, sino que simplemente poder implementar aquellos estándares. Si eso pasa por cárceles especiales o módulos dentro de las cárceles o protocolos al interior de Gendarmería, bueno, eso (...) lo verá el Ministerio de Justicia. No es algo que a priori hemos estudiado, como la construcción de cárceles especiales como lo que se hizo, por ejemplo, con los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco”, precisó el parlamentario oficialista.

El diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet (Movimiento Amarillos por Chile), por su parte señaló que la idea de una cárcel especial se viene discutiendo hace meses, incluso cuando Izkia Siches lideraba el Ministerio del Interior.

“Este es un tema que se está discutiendo, pero siempre hemos puesto especial atención que la segregación o la diferencia que uno pueda hacer está bien, no se contrapone. Al contrario, complementa lo del Convenio 169 en sus artículos nueve y diez”, indicó.

Sin embargo, puntualizó que “en aquellos casos que haya delitos graves, esto no puede avanzar. Las personas que están condenadas por delitos graves no pueden tener beneficios carcelarios y ningún beneficio de una cárcel especial de estas característica”.

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Miguel Mellado aseguró que “una cárcel de alta seguridad para todos los presos mapuche que han estado involucrados en atentados terroristas o violencia rural en La Araucanía y Arauco debe hacerse por parte del gobierno”.

“Deben estar fuera del radio urbano, ojalá en una cárcel de alta seguridad en un lugar rural en La Araucanía, con todos los recursos que tiene que tener la seguridad para este tipo de presos. Ese es un camino para pacificar las ciudades, para darle tranquilidad a sus habitantes”, subrayó.

La diputada Ericka Ñanco (RD), en tanto, advirtió que el proceso de evaluación de una cárcel especial para pueblos originarios debe “ajustarse” al Convenio 169 de la OIT, principalmente a los artículos relacionados con derechos carcelarios.

Además, afirmó que deben hacerse “procesos de consulta con las comunidades y con las familias de quienes están privados de libertad, así como escuchar a los distintos pueblos”.

A pesar de que la idea concita apoyo entre algunos parlamentarios, lo cierto es que también hay grupos que manifestaron reparos a la creación de una cárcel especial para pueblos originarios.

La senadora independiente, Carmen Gloria Aravena si bien se mostró a favor de repensar el sistema carcelario en su totalidad, advirtió que la creación de un penal especial “atentaría contra la igualdad ante la ley y sería un mal precedente”.

“Chile necesita un sistema carcelario acorde a la realidad actual y que a su vez sea un espacio para lograr la reinserción de aquellas personas que quieran reincorporarse a la sociedad”, aseguró.

El diputado UDI Henry Leal también cuestionó la posibilidad que evalúa el gobierno. “No soy partidario que se creen cárceles especiales para pueblos originarios. Yo sí creo en la segregación, que en las cárceles hay que segregar de acuerdo al compromiso delictual”, manifestó.

“No estoy de acuerdo con crear cárceles especiales para un grupo, en este caso para los pueblos originarios, porque mañana vamos a tener que crear para los extranjeros”, agregó y puntualizó que “espero que esto no sea parte de la mesa de seguridad”.

En una línea similar, el diputado Miguel Becker (RN) comentó que “seguir segregando me parece que no es la forma”.

Y es que, a juicio del legislador, “los delincuentes comunes deben estar en cárceles comunes, y para eso no debe ser como se está proponiendo en este caso de tener cárceles separadas para personas que han sembrado el terror y la mala calidad de vida que tenemos hoy, especialmente en la Macrozona Sur”.