Sin vínculos con la corrupción, “papitos corazón” ni VIF: la apuesta del oficialismo por subir los estándares de sus candidatos

Los casos de corrupción que se han develado en municipios con distintos colores políticos han llevado a los partidos a buscar subir los estándares y a solicitar más requisitos a sus candidatos para las elecciones de octubre de este año.

Esto ha sido entendido tanto en la derecha como en la izquierda, en donde algunos advierten cierto temor por cómo les afectará el caso lío de platas que le asestó un duro golpe al gobierno del Presidente Gabriel Boric y, en particular, a Revolución Democrática y al Frente Amplio.

Otros, en tanto, apuntan a desdramatizar la situación e indican que los polémicos convenios suscritos entre fundaciones y reparticiones estatales no son el único caso que ha dañado a la política, pues en la ciudadanía aún está latente la situación que se dio, por ejemplo, con los exalcaldes Raúl Torrealba (ex-RN) y Cathy Barriga.

De hecho, dentro del oficialismo desde ya vaticinan como clave en las negociaciones de los próximos días las discusiones que se den respecto de aquellos candidatos que puedan estar vinculados a polémicas por corrupción.

En RD, por ejemplo, ya enfrentaron un tema similar. Ocurrió a fines de 2023, cuando la militancia del partido en la Región de Antofagasta levantó como candidata a la alcaldesa en la comuna homónima a la concejala Paz Fuica, quien es una figura fundamental en el mapa de la Fiscalía para llegar al fondo del caso Democracia Viva.

En Antofagasta veían a Fuica como liderazgo natural del partido en la comuna, tras crecer en política bajo el alero de la diputada Catalina Pérez. Sin embargo, dicha candidatura no alcanzó ni a pasar por la barrera del consejo político nacional de Revolución Democrática, en donde tendrían que dirimir sobre su carrera por llegar al sillón municipal. Esto, porque, en ese momento, la colectividad que preside Diego Vela ya tenía antecedentes suficientes para pasar su caso al tribunal supremo de RD, lo que ocurrió el 21 de diciembre de 2023 y que fue acogida el 4 de enero de 2024. Días después, Paz Fuica fue detenida por la policía.

Sobre los criterios que fijó RD para estos comicios, la secretaria general de la tienda, Tatiana Urrutia, dijo a La Tercera que “ya es tercera elección municipal que enfrentamos, y desde siempre hemos tenido revisión de antecedentes en materia de probidad, transparencia y perspectiva de género. En este proceso estamos manteniendo esos estándares pero también fijándonos adicionalmente en participación en empresas y fundaciones. Incluimos tanto requisitos mínimos como identificación de riesgos que haya que explorar más allá o tener claras explicaciones de algún candidato o candidata”.

En el oficialismo también será debate obligatorio el caso de aquellos alcaldes vigentes que están siendo investigados por la justicia y que aspiran a la reelección. Esto ocurre, por ejemplo, en algunas comunas como San Bernardo, cuyo mandamás Christopher White (PS) ha sido cuestionado por sectores del Partido Comunista luego de que la Contraloría detectara irregularidades en licitaciones del municipio, antecedentes que hoy están en poder de la Fiscalía.

También causó ruido en los partidos del gobierno que se reafirmara el respaldo del socialismo a Boris Chamorro, alcalde de Coronel que está siendo investigado por delitos de corrupción como presuntos fraude, cohecho y lavado de activos, motivo por el cual allanaron su domicilio y las dependencias de la municipalidad.

En dicha comuna, el PC, por ejemplo, levantó como carta a la integrante del comité central, Tania Concha, quien incluso renunció a su cargo como consejera regional por el Biobío para enfocarse en su opción.

Al respecto, el vicepresidente del PS que está encargado junto a Camilo Escalona de llevar la negociación municipal, Eduardo Bermúdez, dijo a La Tercera que “las personas que tengan algún antecedente conflictivo, obviamente el Partido Socialista no los va a llevar. Nosotros defendemos que haya probidad”. Consultado en particular por el caso de Chamorro en Coronel, el mismo dirigente socialista agregó que “hay una investigación, pero si hubiera una formalización, obviamente, en este caso o en el de cualquier personero, el PS no va a avalar una candidatura en ese sentido”.

En tanto, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, agregó a este medio que “hoy el estándar, más allá de lo que pueda decir una norma, exige que ningún candidato que se pueda presentar esté vinculado a hechos eventuales de corrupción”.

La dirigente del PC también apuntó en su alocución contra los casos particulares de Maipú y Vitacura.

Pero las vinculaciones con polémicas de eventuales casos de corrupción no son el único criterio que han conversado en la interna las colectividades del oficialismo.

Otro tema que también se repite contra los partidos pasa por una arista legal, respecto de impedirles el paso a aquellos candidatos que hoy sean deudores de pensiones de alimentos.

Al mismo tiempo, también hay colectividades que apuntarán contra aquellos aspirantes a cargos de elección popular que tengan denuncias por violencia intrafamiliar. “Ciertamente que lo que tenga que ver con violencia intrafamiliar, las denuncias que se puedan haber hecho sobre estas materias, evidentemente también es una materia que siempre va a estar en nuestros antecedentes”, agregó Bárbara Figueroa.

“En relación a requisitos e inhabilidades, nosotros estamos levantando candidaturas a través de los consejos regionales. Cada uno de los candidatos se van evaluando, viendo el estado en el que se encuentran y si es pertinente que los podamos apoyar. La idea es ver que no tengan problemas judiciales, de pensiones, de VIF ni de probidad. A esas personas, como partido, no las vamos a apoyar”, complementó la encargada electoral del Partido Radical, Lilet Rosas.

En el caso del uso de drogas, los partidos consultados no han transmitido reparos como, por ejemplo, sí lo hizo el Partido Republicano, en donde manifestaron que uno de los requisitos para ser candidato por dicha colectividad será comprometerse al no uso de estupefacientes.