Suprema cuestiona enmiendas republicanas que crean tribunales de jurisdicción nacional: “Podría generar un verdadero Poder Judicial paralelo”

El presidente de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes llegó hasta el Consejo Constitucional acompañado del ministro Leopoldo Llanos para exponer ante la comisión de Función jurisdiccional. El objetivo de la visita era manifestar la opinión del máximo tribunal respecto de las enmiendas ingresadas por los consejeros.

Fue el ministra Llanos el encargado de revisar punto por punto las indicaciones que son materia de debate. Luego de hacer una revisión extensa de la parte orgánica de los artículos que tratan sobre el Poder Judicial, luego hizo comentarios a temas específicos.

Fue en ese momento en que criticó duramente las indicaciones ingresadas por los consejeros del Partido Republicano. Pese a que no los mencionó en su intervención, lo cierto es que las enmiendas reprochadas corresponden a las que ingresó esa bancada.

Las críticas, en un inicio, se centraron a argumentar en contra de la idea republicana de crear un tribunal especial de jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional para juzgar las causas de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción.

“Tal enmienda nos parece problemática pues rompe con el principio de competencia territorial dividida para conocer de un determinado grupo de asuntos en razón de la materia y en este caso la división por el territorio, y contempla como criterio de competencia conceptos abarcadores de delito cuya determinación nunca podría resultar precisa, lo que podría resultar con serios problemas”, partió diciendo Llanos.

Luego agregó: “La instauración de un tribunal de ese tipo, además de parecer que excede a una regulación genuinamente constitucional, podría terminar generando, por su carácter nacional y amplio de competencias, un verdadero Poder Judicial paralelo. La propuesta rompe con el principio de Estado unitario, con la unidad de jurisdicción y con la división territorial acorde a la división política y administrativa del país. Los tribunales con competencia en todo el territorio son más bien propios de Estados de tipo federal o Estados que tienen territorios con autonomías, como el caso de España”.

El magistrado, además manifestó la opinión contraria, por parte de la Corte Suprema, a las enmiendas que le dan rango infraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y además contemplan expresamente la prohibición de la utilización del soft law, es decir, los instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para Chile.

“Estas enmiendas rompen con la estructura del derecho internacional público, en cuanto supeditan los tratados internacionales al derecho interno, siendo que la regla opera justamente en sentido contrario, es decir, es deber de los Estados ajustar su derecho interno a las obligaciones internacionales emanadas de estas convenciones internacionales”, dijo.

Llanos comentó que una cláusula de ese tipo tiene efecto en el control de convencionalidad y es contraria a las definiciones que ha tomado el pleno de la Corte Suprema. Como ejemplo citó una de las conclusiones tomada por los supremos en la jornada de reflexión del año 2021, instancia en la que acordaron que los jueces “han de velar para que los efectos de las disposiciones de dichos instrumentos no resulten ensombrecidos por la aplicación de leyes internas contrarias a sujetos y fin, por lo tanto corresponde a toda la magistratura poner en ejercicio el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos sometidos a su conocimiento y la norma internacional respectiva”.

En esa línea, también se manifestó contrario a la indicación que baja el estándar de obligatoriedad que tiene el cumplimiento, por parte del Estado, a los fallos internacionales. Estas enmiendas cambian el verbo “cumplirá” por “podrá cumplir”.

“Cabe recordar el carácter vinculante de este tipo de sentencias, por lo que su cumplimiento no puede ser facultativo para el Estado encargado de velar por su cumplimiento, está obligado a hacerlo”, comentó el ministro.

Casi al finalizar su exposición, Llanos criticó la enmienda republicana que pretende que los condenados mayores de 75 años cumplan sus penas de cárcel en sus casas:“Tal disposición es necesario que se compatibilice con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, del cual Chile es parte en cuanto dicho tratado, en su artículo 110, establece que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la corte”.

Ante las críticas, el presidente de la comisión, Antonio Barchiesi (republicano), defendió las ideas que impulsó su bancada en las indicaciones. “La Corte Suprema ha manifestado su diferencia con algunas indicaciones puntuales, pero a su vez hace un par de días el fiscal nacional mostró su conformidad con esas mismas enmiendas. Me parece que estamos avanzando en la línea correcta. La situación de delincuencia en el país no da para más, tenemos que tomar medidas extraordinarias, y la creación de tribunales especializados viene a ser el complemento necesario a la fiscalía de alta complejidad”, sostuvo Barchiesi.

Esta no es la primera vez que en esta comisión autoridades que representan a poderes o instituciones del Estado critican las enmiendas republicanas. El contralor también reprochó en duros términos algunas de las indicaciones.

“Lo digo con este énfasis porque entiendo que esto va a quedar en un acta y quiero que quede así para la historia: estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de derecho y, por lo tanto, debilitan la democracia”, afirmó Jorge Bermúdez ante los consejeros.

Pese a eso, Barchiesi desdramatizó el escenario. “Todos los comentarios que hemos recibido en la comisión, tanto de las instituciones como de académicos de diversas universidades, las recibimos con profundo respeto, en su mérito, entendiendo que tienen que ser parte del debate y de la deliberación de la comisión”, cerró el consejero.