Susan Alarcón, la exfuncionaria del GORE La Araucanía que está prófuga y con orden de captura internacional por caso Convenios

“No tenemos noticias de cuál es su paradero. Lamentablemente se concretó el riesgo que nosotros hacíamos presentes en las revisiones de prisión preventiva”. De esta forma, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmaba recientemente la intensa búsqueda que realizan las policías para ubicar a la ex-RN Susan Alarcón Rubilar, otrora funcionaria del Gobierno Regional e imputada en el marco de líos de platas entre fundaciones y entidades gubernamentales.

La imputada logró salir de la cárcel tras el pago de una caución de $7 millones, pese a estar en prisión preventiva. Sin embargo, al ser revocado su arresto domiciliario por la Corte de Apelaciones de Temuco, no regresó voluntariamente al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco y desde hace seis días se mantiene prófuga, tras resultar infructuosos los esfuerzos de la PDI para detenerla.

Por este motivo, desde la Fiscalía informaron, además de la búsqueda en territorio nacional, se emitió una notificación roja a Interpol, lo que permitiría su captura en el caso de que Alarcón haya salido del país y sea hallada en territorio extranjero.

Susan Alarcón, quien que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, quedó en prisión preventiva en diciembre de 2023 luego de que -en la arista denominada ‘Manicure’- se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros. Cada una de estas entidades se adjudicó más de $365 millones y luego entregaron una retribución económica a la trabajadora social.

En concreto, la funcionaria fue detenida la mañana del miércoles 27 de diciembre, luego de que funcionarios de la PDI llegaran hasta las dependencias del Gobierno Regional de La Araucanía, encabezado por Luciano Rivas, con el fin de incautar documentos y archivos vinculados al caso Convenios, además de lograr la aprehensión de la alta funcionaria, quien era de confianza del gobernador.

La trabajadora social, que había asumido en 2019 como jefa de la División de Fomento e Industria del GORE, fue formalizada al día siguiente de su detención por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho.

De acuerdo con el fiscal de alta complejidad Carlos Cornejo -quien dispuso las diligencias, el rol de la profesional en las transacciones que son pesquisadas habría sido crucial, tanto así que, de acuerdo con fuentes conocedoras de los alcances de la investigación, las citadas ONG le pagaron por las gestiones que realizó en favor de ambas.

En el marco de la audiencia, de hecho, el persecutor detalló que Alarcón Rubilar participó en la elaboración de dos proyectos que presentaron Folab y Educc, por $365 millones cada uno, recibiendo un pago de $9 millones por ello.

Luego -como relató el fiscal Cornejo-, en función de su cargo, la directora participó en la evaluación y aprobación de los mismos proyectos, elaborando recomendaciones técnicas. Tras esto, además, realizó gestiones para que el GORE ejecutara los pagos correspondientes, pese a que tales iniciativas nunca fueron ejecutadas en regla.

Tras la imputación de los cargos y por solicitud del Ministerio Público, se determinó que la profesional quedase en prisión preventiva y se fijaron cuatro meses para la indagación. Sin embargo, tras el pago de una caución de $ 7 millones, fue revocada su prisión preventiva y se mantenía en arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones de Temuco, no obstante, revocó la medida y respuso la prisión preventiva en su contra, pero la imputada no se presentó al recinto penal.

Susan Alarcón es trabajadora social de profesión y, según comentaban desde el GORE al momento de su detención, llegó a desempeñarse en la entidad durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

Permaneció en el cargo, como indicaron las mismas fuentes, dada la alta calificación que había sobre su currículum y las labores que desempeñaba. Comentan, en el mismo sentido, que fue una de las impulsoras de la División de Fomento e Industria en el marco de la nueva ley de gobiernos regionales.

En ese entonces militaba en Renovación Nacional y en 2020 fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes de la Región de La Araucanía por parte de Corparaucanía y Diario Austral.

Confirmada su detención, la Secretaría General de RN remitió los antecedentes al tribunal supremo, instancia que determinó suspender su militancia.

Tras la aprehensión de la funcionaria, el gobernador Rivas aseguró que, como querellantes en la causa, “seguiremos trabajando por la transparencia y entregando toda la información que sea requerida para poder esclarecer lo antes posible estos casos”. Sin embargo, agregó que se debe considerar “la presunción de inocencia de todas las personas que están trabajando en nuestro Gobierno Regional”. “También es uno de los valores que deben ser mantenidos”, subrayó.

En el marco de esta causa, también denominada como ‘caso Manicure’, la Fiscalía indaga a Folab y Educc, por haber recibido dineros que estaban destinados a programas de microemprendimiento de mujeres jefas de hogar de Temuco y Padre Las Casas, pero que finalmente no se realizaron.

Ambas fundaciones, en específico, debían impartir cursos relacionados con corte de cabello, masoterapia, colorimetría, manicure y pedicure. Estaban destinados a 200 mujeres jefas de hogar, los que incluían un kit de herramientas y productos por $2 millones de pesos, para la instalación de microemprendimientos.

Tras constar que los dineros habrían sido desviados, luego de denuncias de las mujeres que debían ser beneficiadas, Rinett y Juvenal Ortiz, hermanos que dirigían ambas fundaciones, fueron detenidos y formalizados, por lo que aún permanecen en prisión preventiva.

El Consejo de Defensa del Estado es uno de los querellantes en la causa y, según establecieron, “hay antecedentes que dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada por los funcionarios públicos y los particulares para defraudar el patrimonio del GORE”.

Señalaron, en el mismo sentido, que los mencionados hermanos “realizaron una serie de transferencias electrónicas una vez que tuvieron a su disposición los fondos transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía con el objeto de ocultar el origen ilícito de los bienes que lograron obtener tras defraudar al servicio público aludido, y así lograr que ingresaran a distintas otras cuentas con el fin de ingresar dichos fondos o partes de los mismos al sistema financiero formal”.