Test de drogas a diputados: Comisión de Constitución de la Cámara rechaza indicación para que resultados sean públicos

“Nuevo reglamento para el control del consumo de drogas, aplicable a los diputados en ejercicio”, ese es el proyecto que pasadas las 15:00 horas de este martes se discutió en particular la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, instancia en la fueron revisadas indicaciones presentadas anteriormente por los legisladores en la Sala.

Cabe recordar que este examen se transformó en norma legal, al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Sin embargo, para su implementación requiere de un reglamento específico que la Cámara debe establecer.

En detalle, la normativa busca elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, además de evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo con los parlamentarios.

De hecho, el pasado 13 de junio, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), al inicio de la sesión de la Cámara, solicitó votar el miércoles 15 del mismo mes en primer lugar de la tabla el reglamento que aplicaría un test de drogas a los miembros de la corporación.

Sin embargo, el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez no dio la unanimidad para que el tema pasara del tercer al primer puesto de la tabla.

Fue así, que el recién el 28 de junio se votó en general en la Sala de la Cámara de Diputados presentando las indicaciones del reglamento que hoy fueron revisadas por la Comisión.

En detalle, entre las indicaciones aprobadas el 28 de junio en la Sala se encuentran que semestralmente, diputados se someterán a un control obligatorio de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. El procedimiento de control comprenderá a todos los diputados, sin excepción, de manera aleatoria y semestral.

Se establece además, que cada legislador se deberá hacer el control, al menos, dos veces durante el periodo legislativo.

El test se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de las y los diputados, de acuerdo a la normativa sobre protección de los datos de carácter personal.

La información que arrojen los testeos será manejada en forma reservada por la Comisión de Ética y la secretaría de la Cámara y la difusión de la identidad de los involucrados no puede ser usada con fines políticos o periodísticos, salvo que sea autorizada por esa persona o su representante legal.

Entre las nuevas indicaciones presentadas por los legisladores de la Comisión de Constitución y que fueron rechazadas, se encuentran reemplazar el examen de pelo por el de orina o saliva; que los resultados sean de conocimiento público; además de establecer que dentro de los controles, queden exentas las sustancias prescritas de uso medicinal.

Mientras que se acordó suprimir el artículo 11 por ser “inconstitucional”, el cual establecía que “el diputado cuyo examen arroje un resultado positivo deberá inhabilitarse de todas las votaciones relacionadas con la prevención y control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización, contempladas en la ley N° 20.000″.

Así también, se eliminó que “el diputado que se niegue injustificadamente a realizarse el control, tendrá como sanción adicional la establecida en el inciso precedente”., es decir, con la inhabilitación.

La medida ahora deberá ser visada este miércoles por la Sala de la Cámara de Diputados para que pueda ser despachada al Senado y se inicie su votación allí.

Diputados del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) propusieron anteriormente levantar el secreto bancario a las cuentas de legisladores. La idea era rebatirle los representantes de derecha que si el objetivo era terminar con el vínculo del narcotráfico y la política, un testeo no era suficiente.

Dentro de las nuevas indicaciones aprobadas, está que “todos los diputados de esta Cámara, independiente de la realización del test de drogas, deberán presentar una autorización de levantamiento de secreto bancario la que será enviada por escrito dentro de los 15 días siguientes al inicio de periodo legislativo, por el funcionario nombrado en virtud del artículo 6°, con el fin de transparentar sus fuentes de ingresos y gastos y así evitar la comisión del delitos relacionados con el narcotráfico, además de cualquier vínculo entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país”.

Si el funcionario detectare movimientos que superen las 800 unidades de fomento, individualmente considerados o en su conjunto, durante el lapso de un mes, derivará los antecedentes a la comisión de Ética y Transparencia de esta Cámara, la cual solicitará al diputado o diputada en cuestión, la justificación del movimiento financiero.

El levantamiento del secreto bancario se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de los titulares, observando las prescripciones de la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal, o el texto que la reemplace

Si la persona sorteada se negare injustificadamente a entregar la información requerida a la que hace referencia este artículo, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, con las medidas que señala el artículo 347 del Reglamento de la Corporación y las accesorias que indica el artículo 348 del mismo estatuto interno”.

Uno de los puntos de discordia ha sido la dilatación de votar este proyecto. De hecho, el martes 5 de julio, su discusión y votación estaba como segundo punto en tabla, sin embargo, la Comisión no alcanzó a despacharlo por falta de tiempo.

Aún así, al siguiente día, votaron para ver la posibilidad de cambiar la tabla y alcanzar a discutirlo, pero tampoco hubo unanimidad entre los legisladores.

Ahora, están en tiempos bastante acotados, ya que considerando que el test se debe hacer de forma semestral, el 31 de julio vencería el plazo para ello.

En tanto, desacuerdo generó el debate en torno a la obligatoriedad del examen, debido a que entre los parlamentarios que han manifestado su postura de que el testeo sea voluntario se encuentra el diputado Hernán Palma (PH).