Desde la Región de La Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al recorte presupuestario que se aplicó en distintas reparticiones y que ha sido criticado por varios parlamentarios.

Uno de los organismos que sufrió un ajuste en su presupuesto para 2025 fue el Ministerio Público, donde la rebaja es de más de $7 mil millones. La situación provocó la molestia del fiscal nacional, Ángel Valencia, así como de los fiscales regionales.

El Poder Judicial también sufrió un recorte, que contempla más de $ 17 mil millones menos para el presupuesto 2025. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, expresó su preocupación al respecto.

En ese contexto, la titular de Interior, señaló que “el ajuste que hubo al presupuesto fue un ajuste no (solo) a la Fiscalía, fue a todos los organismos que se rigen por el presupuesto, todos, sin excepción, gobiernos regionales, Poder Judicial, todos los ministerios, todos tuvimos ajustes”, aseveró.

En ese sentido, destacó que “fue un ajuste aprobado transversalmente por el Parlamento, exigido de hecho por el Parlamento”.

Además, agregó que “en ese acuerdo se excluyeron algunas instituciones, muy específicas, las policías, ciertos ítems del sector salud, ciertos ítems del sector vivienda, ciertos ítems del sector educación”.

“Entonces, la verdad es que todos dicen ser partidarios de tener finanzas públicas sanas, responsables. Bueno, esa responsabilidad se pone a prueba cuando hay que tomar decisiones de este tipo”, aseveró.

En tanto, ayer el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, asistió a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para explicar a la instancia el recorte presupuestario de $7.064 millones al Ministerio Público. Y enfrentó una discutida sesión.

El secretario de Estado comenzó su presentación reiterando que la decisión fue en conjunto con parlamentarios -tanto senadores como diputados- que participaron de la comisión mixta. “Se tenía que hacer, de acuerdo al compromiso adquirido, dentro de los 10 primeros días, la norma legal, y todos tenemos que cumplir la ley, y la votó el Congreso Nacional”, detalló.

Elizalde, además enfrentó los cuestionamientos de los parlamentarios de las comisión quienes apuntaron a la búsqueda de soluciones. En esa línea, insistió en que la reducción de dineros fue consecuencia de un acuerdo en el Congreso, “si uno lee los medios de comunicación y las declaraciones de muchos dirigentes políticos y parlamentarios, eso no queda tan claro, o sea, aquí se instaló el primer día como que esto es una decisión discrecional y unilateral del gobierno”, subrayó.

Antes la vocera de gobierno (s) Aisen Etcheverry había intentado aclarar el mismo punto, asegurando además que el recorte presupuestario no era contradictorio con los esfuerzos del gobierno en materia de Seguridad.

También el titular de Hacienda, Mario Marcel, había salido al paso de las críticas por la reducción presupuestaria apuntando al acuerdo en el Congreso. “El ajuste presupuestario que se está implementando es en cumplimiento de un mandato legal emanado de la propia Ley de Presupuestos, que a su vez se originó en un acuerdo marco en la tramitación del presupuesto. En esto se han hecho las excepciones que estaban contempladas en esos acuerdos. El resto se ha aplicado de manera pareja tal como está señalado en la ley”, contextualizó el ministro Marcel.