Tohá fija criterio para funcionarios de gobierno: en caso de formalización, tendrán que dejar sus cargos

“Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”. Con esas palabras la ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a abrir el debate en torno al criterio del gobierno en los casos de formalización de funcionarios públicos.

Pero a diferencia de otras veces, donde las autoridades del Ejecutivo solamente han profundizado en las situaciones que han afectado a los máximos representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), la jefa de gabinete puntualizó que “esa es la filosofía que nos aplicamos nosotros como gobierno central y con nuestros funcionarios, otros poderes del Estado, organismos autónomos como son los municipios, toman sus propias decisiones”.

De hecho, previamente el ministro de Justicia, Luis Cordero, si bien había planteado el punto, lo habló a título personal. “Me extraña, yo lo había dicho antes en algunas entrevistas: las instituciones son más importantes que las personas, es algo que yo ya había señalado y que es resorte del general Yáñez evaluar eso, en el fondo. A mí me parece que ese es el contexto en el que estamos. Pero no es algo distinto a lo que he dicho antes”, sostuvo hace unos días.

Así, Tohá por primera vez fijó de manera más tajante que, en caso de formalizarse a una autoridad o funcionario del gobierno, debe dejar su cargo.

El punto realizado por la ministra se da en medio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público por los convenios presuntamente irregulares entre fundaciones y entidades estatales que comenzó a indagarse tras conocerse el caso de Democracia Viva, indagatoria donde se está investigando -en calidad de imputado- el rol del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), quien a medida que avancen las diligencias, podría eventualmente ser formalizado.

Específicamente, la Fiscalía busca determinar la arista “omisión de denuncia”, para despejar cuándo las autoridades se enteraron del eventual conflicto de interés en Antofagasta y si hicieron algo con esta información. La investigación también salpica al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson (RD) y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

De hecho, el pasado 21 de febrero, los tres llegaron a declarar a las dependencias de la Fiscalía Nacional, donde uno de los objetivos del interrogatorio era clarificar cuándo se enteró Crispi del caso Democracia Viva, y por ende, La Moneda.

Es en este contexto que la nueva bajada de Tohá podría afectar directamente la continuidad del jefe de asesores en el Ejecutivo, de llegar a ser formalizado.

Al respecto, el diputado Tomás de Rementaría (PS) dijo a La Tercera que “me parece que no es el caso de Miguel Crispi, no creo que vaya a ser la situación en el corto plazo, así que creo que no es aplicable la situación. Si eso llega a pasar, tendrá que ver el Presidente si lo mantiene como una doctrina o como algo distinto, en que se van a analizar caso a caso las situaciones de formalización que ocurran”.

El diputado y jefe de bancada del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Araya, por su parte, señaló “que por muchos reparos que yo tenga de la labor de Crispi, no sería justo ni racional una condena anticipada, quizás el criterio del gobierno merece una conversación más amplia y poner el foco en las medidas cautelares como punto de inflexión, las formalizaciones son decisiones sin ningún tipo de control”.

Y agregó que “frente a situaciones complejas, se debe actuar de manera muy prudente y con mucha coherencia, la ciudadanía debe confiar que los criterios que señala el gobierno son claros y conocidos por todos, eso facilita abordar episodios críticos, y muy importante es respetar la presunción de inocencia”.

Por otro lado, la diputada del Partido Comunista (PC), Nathalie Castillo, aseguró que “creo que es razonable, quienes se encuentren en proceso de investigación y/o formalizados y tengan una responsabilidad en el Estado, mi opinión es que deben dar un paso al costado mientras la justicia realiza su labor”.

La Tercera también se contactó con parlamentarios y miembros de la directiva de Revolución Democrática (RD), sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Las dudas respecto a qué hacer en caso de formalización de una autoridad se profundizaron con la renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz, tras anunciarse su formalización en medio de la investigación por filtración de información al abogado Luis Hermosilla. Además de él, el 7 de mayo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez -quien se ha mantenido en su cargo- también será formalizado, en este caso, por omisiones en los delitos cometidos por la institución en el marco del estallido social en 2019.

De esta forma, la salida de Muñoz obligó a La Moneda a fijar un criterio: la formalización es un “punto de inflexión”, repitió en más de una ocasión el ministro Cordero, argumentando que hay que cuidar las instituciones, y enfrentar una defensa judicial los desconcentra de sus labores.

Es decir que, una vez formalizado el 7 de mayo, la máxima autoridad de Carabineros debería dar un paso al costado, si es que no toma una decisión personal antes.