Cuando el jueves de la semana pasada el concejo de Independencia citó de manera extraordinaria a una sesión para decidir la continuidad del administrador municipal Sebastián Sotelo (UDI), lo que vino después fue un verdadero terremoto político.

Todo partió a las 10.30 de ese día, cuando el secretario municipal Eduardo Muñoz -dirigente cercano al PS que el exalcalde y actual delegado presidencial Gonzalo Durán (FA) dejó en un cargo de planta- llegó hasta la oficina de Sotelo para comunicar que había recibido una solicitud de parte de tres concejales -José Miguel Cuevas (PS), Leyla Pichara (FA) y Rosa Huilipan (PC)- para citar a una sesión extraordinaria del concejo para las 11.00 de ese mismo jueves.

Sotelo, quien estaba con el jefe jurídico de la municipalidad, Gary Venegas, recibió la solicitud, pero fue Venegas quien objetó la convocatoria. El abogado replicó diciendo que el artículo 22 del reglamento municipal exige que las convocatorias extraordinarias sean citadas con “cinco días de anticipación”, salvo que se trate de una sesión urgente.

Dicho y hecho. Un par de minutos después volvió Muñoz con la misma citación, pero ahora el texto agregaba la frase “de forma urgente”. El motivo de la convocatoria se mantuvo intacto.

Pese a que la solicitud de los concejales llevaba la firma de los tres ediles de izquierda, fuentes del municipio comentan que detrás también estuvo la mano de Rodrigo Barco (ind. RN). Se trata de un concejal que lleva cuatro períodos en el cuerpo y es uno de los dirigentes ligados a RN más influyentes en la comuna.

Al renunciar a su partido, compitió en la primaria de Chile Vamos como independiente, una elección en la que arrasó el actual alcalde Agustín Iglesias, un independiente de 29 años que iba apoyado por la UDI. Desde ahí, dicen fuentes del municipio, Barco arrastra una fuerte enemistad con Iglesias. Las mismas fuentes señalan que ese jueves, antes de que llegara la solicitud, Barco estaba reunido en una oficina con Cuevas, el concejal socialista que asumió el liderazgo en la remoción.

Voto clave del único concejal republicano

Mientras analizaba el escenario que se venía en los próximos minutos, Iglesias llamó hasta su oficina al concejal Máximo Breake, el único representante del Partido Republicano del concejo. El alcalde sabía que la izquierda votaría unida y que eso arrastraría los dos votos de RN: Barco y el de la concejala Sandra Álvarez (RN). Con esos cinco votos, solo faltaba uno para lograr los 2/3, el quorum exigido para la remoción.

Quienes supieron de esa conversación cuentan que Breake comentó que sabía que estaba en una posición difícil, pero que iba a votar en conciencia. El alcalde interpretó que no daría su voto a la izquierda, más aun si se tomaba en cuenta que Sotelo tenía fuertes lazos con el Partido Republicano.

Pese a su militancia en la UDI, fue parte del staff de asesores de la bancada del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, e incluso se desempeñó como jefe de gabinete de la expresidenta del órgano Beatriz Hevia, uno de los liderazgos importantes del mundo republicano. Sotelo además fue por años asesor de la Fundación Jaime Guzmán, donde conoció a varios dirigentes de derecha que hoy son parte de las filas republicanas.

El reloj marcó las 11.00 y fue Cuevas junto a Pichara quienes alzaron la voz para pedir la remoción. Los argumentos apuntaban a una falsa acusación de espionaje, ya que ambos concejales objetaron la existencia de cámaras de seguridad que graban imagen y audio, no solo en lugares públicos sino que incluso -según dijo Pichara- en espacios privados.

En ese momento, Iglesias defendió a Sotelo e impugnó la acusación. El alcalde le recordó al concejo que dichas cámaras fueron compradas e instaladas por la administración de la exalcaldesa Carola Rivero (PS), quien tomó la posta de Durán cuando renunció para irse a la Delegación Metropolitana.

La compra por $47 millones se hizo vía trato directo en octubre de 2024 y tuvo la aprobación del concejo, incluso el voto favorable del concejal Barco. El absurdo fue aun más grande ya que en las características técnicas requeridas por el concejo se señalaba explícitamente que debían ser “de alta calidad con micrófono incorporado”.

Nada de eso fue suficiente para detener la operación que ya estaba en curso. Y la votación fue tal como se preveía: los dos RN y el republicano se sumaron a los votos de los tres concejales de izquierda.

Cuando terminó el concejo, Breake fue hasta la oficina de Sotelo. Quienes supieron de esa conversación cuentan que el concejal le pidió disculpas, le dijo que su voto no era contra él y que antes de votar llamó a Alejandro Contreras Vásquez, el jefe de gabinete del diputado José Carlos Meza (republicano).

El parlamentario es el único republicano del distrito 9. En esa conversación, dicen las mismas fuentes, Contreras le dijo a Breake que al tratarse de un caso delicado debía sumarse a la destitución para dar una señal. Luego Breake le dijo a Sotelo que él acataba todo lo que el diputado Meza le decía. Esa misma versión también llegó a oídos del Partido Republicano. Tanto Meza como Breake fueron contactados por La Tercera, pero no hubo respuesta.

La jugada de Breake desató una ola de críticas en el Partido Republicano. “Me consta la calidad profesional y humana del administrador municipal de Independencia, un servidor público comprometido, de primera. ¿Será que concejales que votaron a favor no quieren que se ponga orden en el municipio o lo consideran daño colateral para perjudicar al alcalde?”, posteó Hevia en X.

Los 42 sumarios que inició Sotelo

Detrás de las palabras de Hevia se esconde la verdadera razón, según fuentes del municipio, por la cual el concejo quiso remover a Sotelo. Cuando Iglesias fichó a Sotelo, lo hizo con un solo objetivo: que ejecutara un agresivo plan para barrer la corrupción de la comuna.

La elección de su nombre no fue al azar. Sotelo llegó en marzo de 2024 a ser el jefe de gabinete de la exalcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza y desde ahí fue parte de la agenda de probidad y fiscalización que inició, en el último tramo de su mandato, la exjefa comunal de la UDI. Fue tanto así que en Las Condes Sotelo fue apodado por los funcionarios municipales como “el sheriff”. Incluso contaba con buenas referencias de concejales republicanos de Las Condes como Catalina Ugarte.

Cuando llegó a Independencia, a petición de Iglesias ejecutó la misma agenda y procedió a hacer un levantamiento de información sobre cuál era la situación del municipio luego de más de 11 años bajo el mandato de Durán. Todo ese trabajó derivó en que antes de su remoción Sotelo había iniciado 42 sumarios y además se habían presentado querellas y denuncias en la Fiscalía.

Un ejemplo de eso es el proceso administrativo que se inició en contra de Andrea Henríquez, la exsecretaria personal de Durán. La profesional fue destituida luego de que en el sumario se confirmara que su título era falso y que había accedido a la planta municipal, en un cargo de estamento profesional, sin cumplir con los requisitos legales. Esa destitución se firmó el 15 de abril, dos días antes del golpe contra Sotelo.

A ella se suman otros funcionarios de confianza de la administración de Durán que también están sumariados. Por ejemplo, el exadministrador municipal Moisés Alarcón por hechos vinculados a eventual cohecho, la jefa (s) del Departamento de Fiscalización Aurora Lagos también por posible cohecho, el encargado de Remuneraciones del Departamento de Personal Pablo Torres por eventual manipulación del sistema de remuneraciones, o el jefe del Departamento de Personal Moisés Gatica, por posible acoso laboral y falta a la probidad.

Dentro de los 42 sumarios hay tres casos de funcionarios vinculados al Departamento de Impuestos y Derechos y al Departamento de Fiscalización. Esas son las dos áreas donde se alojó el proceso de revisión, catastro, regularización y aumento de la fiscalización de las ferias, las mismas áreas respecto de las cuales Sotelo promovió denuncias de cohecho y malas prácticas por parte de inspectores municipales.

Además el plan anticorrupción de Iglesias incluyó revisar el contrato vinculado con la basura. Este proceso arrojó “errores” de cálculo en el monto que el municipio tenía que pagar a la empresa. Sin embargo, la nueva administración detectó que ese cálculo -realizado por funcionarios de confianza de Durán- fue beneficioso para la empresa. Por eso se presentó una querella por malversación de fondos públicos y se iniciaron tres sumarios. En uno de ellos, el exdirector de la Dirección de Aseo Pablo Ramírez se encuentra suspendido.

El voto de Breake generó revuelo e indignación en el mundo republicano. Según fuentes del partido, no se puede entender que un concejal republicano haya removido a un funcionario que estaba siendo parte de la agenda contra la corrupción y el narcotráfico del alcalde Iglesias.

El voto de Breake causó tanta molestia que junto a los ediles Manuel Jara (ind. UDI) y Macarena Díaz (UDI) convocaron, ese mismo 17 de abril, a una sesión extraordinaria para las 13.30. El motivo de la tabla era la “revisión de la remoción del administrador municipal”.

Sin embargo, los tres concejales de izquierda y Barco se pararon y se fueron, sin dar el quorum para que el concejo pudiera seguir sesionando. En tanto, Sotelo está analizando las acciones judiciales que podría iniciar en los próximos días.