Tras exponer en comisión revisora: directora de Mejor Niñez afirma que “no se sostienen los fundamentos” de la acusación contra Jackson

Una nueva sesión de la comisión encargada de revisar la pertinencia de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson se desarrolló este lunes en la Cámara de Diputados.

Se trata de la segunda sesión en la que los diputados integrantes -tres oficialistas y dos de oposición- recibieron a invitados que expusieron antecedentes y argumentos en favor y en contra del libelo presentado por el Partido Republicano.

La semana pasada, la instancia legislativa escuchó a la exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, quien acusó “presiones” de parte del gobierno para aprobar proyectos que ella no compartía cuando se desempeñaba como funcionaria de la cartera, gatillando que los republicanos impulsaran la acción contra el militante de Revolución Democrática (RD). “Fui víctima de una operación política de maltrato, de abuso de poder”, dijo en esa ocasión Hidalgo.

En la sesión de este lunes, en tanto, la primera en exponer fue la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia -o Mejor Niñez-, Gabriela Muñoz.

Y es que en el tercer capítulo de la acusación constitucional, los firmantes acusan al secretario de Estado de dejar sin ejecución la Ley N°21.302, que crea el servicio, por “no implementar oportunamente en lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos”.

Apuntan, en concreto, a una presunta responsabilidad de Jackson por la invalidación de un concurso público por parte de Mejor Niñez sobre programas de intervenciones ambulatorias de reparación, diagnóstico clínico especializado y seguimientos de casos y pericias en favor de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos.

Ante ese escenario, tras finalizar su exposición y al abandonar la sesión, la directora de Mejor Niñez se atribuyó las decisiones adoptadas por el servicio -aludiendo al cargo que ostenta-, incluyendo la del proceso de invalidación del concurso público.

En ese marco, planteó que -a su juicio- no se sostienen los fundamentos contenidos en la acusación constitucional contra Jackson.

“Efectivamente desde nuestra mirada no se sostienen los fundamentos en contra del ministro Jackson. Todas las responsabilidades del concurso están situadas en la dirección del servicio que es descentralizado”, puntualizó Muñoz.

“Pero además garantizar que la decisión del proceso de invalidación resguarda la atención de todos los niños, niñas y adolescentes de los proyectos a lo largo de Chile”, complementó.

Y junto con insistir en que se garantiza la atención y de mencionar que atienden a “120 mil niños, niñas y adolescentes”, reconoció que “el concurso dos, que es el concurso que aquí se releva, efectivamente tenía mayoritariamente proyectos que se venían desarrollando”. Sin embargo, puntualizó que “esos dieron continuidad a lo largo de todo el país”.

Seguidamente, Muñoz explicó que el proceso de invalidación de licitación consta de evaluar antecedentes, entre los que pueden existir alegaciones, para determinar si es necesario invalidar total o parcialmente el concurso.

“Mientras eso se desarrolla, lo que hacemos es dar continuidad, ya sea con organismos colaboradores que venían ejecutando los proyecto o con nuevos adjudicados, si era imposible, digamos, que organismos que venían desarrollando pudiesen dar continuidad. Lo garantizamos en el 100% de los proyectos”, remarcó.

Durante su exposición ante la comisión revisora, Muñoz fue enfática en manifestar su responsabilidad frente a las decisiones adoptadas por Mejor Niñez.

“Este es un servicio descentralizado, por tanto todas las responsabilidades de las decisiones del servicio son mías”, declaró.

“Lo he dicho en todas las instancias asumiendo el costo que eso puede significar y tomando obviamente las medidas disciplinarias que cualquier decisión de esta índole contemplan. Yo también tengo un equipo que es responsable de la gestión interna del servicio, pero las responsabilidades son mías”, remarcó la autoridad.

Seguidamente, comentó que tras tomar la decisión de invalidar el proceso de licitación, “se lo comuniqué al ministro y a su equipo, y lo que hizo el ministro fue obviamente manifestar su preocupación, preguntarme porqué sucedió, cuáles fueron los errores que estoy teniendo a la vista, si podrían haber delitos implicados”, y aseguró que se trata de “errores administrativos de carácter técnico”.

“Obviamente le preocupó la continuidad de la atención”, señaló, y añadió que “lo que hizo el ministerio fue respaldar esta decisión a la luz de los antecedentes que teníamos en vista”.

En el libelo, los firmantes acusan que la invalidación además de dejar a la “deriva” a los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en listas de espera, “agudiza” dicha situación, por la demora que implica iniciar un nuevo proceso.

Frente a eso, la directora de Mejor Niñez, junto con insistir en su responsabilidad en el proceso de invalidación, descartó que dicha acción aumente las listas de espera.

“Este inicio de proceso de invalidación no aumenta la lista de espera, sí retrasa la ejecución de 33 nuevos proyectos y garantiza la continuidad de operación de los proyectos que venían atendiendo a más de 14 mil niños”, explicó Muñoz.

A la sesión de este lunes, además, se invitó a distintos abogados para dar su mirada desde la judicatura sobre el libelo.

La primera en intervenir fue Soledad Mortera, quien indicó que se debe “revisar” la Constitución vigente, específicamente en su artículo 19, numeral 8 -que consagra “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”- pues, a juicio de la profesional “entra en coalición con actividades económicas lícitas y el derecho a la propiedad”. “El Estado debe encontrar un equilibrio para que ambos derechos puedan coexistir”, aseguró.

Seguidamente, hizo un repaso de la Ley N°19.300, que establece las bases generales para la protección del medio ambiente, indicando que con este cuerpo legal “se quería proteger la probidad administrativa”.

En esa línea, indicó Mortera, si existen “fallas donde pueda haber una interferencia de decisiones de recomendaciones técnicas, y pasa una calificación con meros argumentos políticos y que pueda afectar la probidad administrativa, podemos recurrir a tribunales de justicia”.

Ricardo Irarrázabal, abogado experto en recursos naturales, fue otro invitado para exponer su visión de la acusación en materia jurídica.

Luego de dar cuenta de los principales lineamientos de la Ley N°19.300, señaló que “sería bueno poder definir lo que es una instrucción”, a propósito de las presiones denunciadas por parte de la exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana.

El jurista planteó que “el problema se genera cuando la instrucción es impositiva, y cuando el cargo es político -como el seremi-, la instrucción es política”.

En ese marco, argumentó que “si un subsecretario desvincula a un seremi por no ir a una comisión de evaluación, eso está bien. Lo que no corresponde es una desvinculación, basada en lógicas políticas, porque no se acató una decisión que era impuesta por superiores. Eso es lo que hay que dilucidar en esta comisión”.

El académico y exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Domingo Namuncura, en tanto, fue tajante en su intervención y lanzó duras críticas a la Cámara de Diputados.

En primer lugar, manifestó que “el documento acusatorio denota una muy importante falta de información histórica y de comprensión de cómo ha sido la relación del Estado y los pueblos indígenas en los últimos 32 años en los que recuperamos la democracia, e insto a los firmantes a estudiarla”.

Seguidamente, hizo una reflexión aún más severa lanzando sus dardos hacia la Corporación en general, señalando que “la Cámara tiene una función fiscalizadora que es de importante valor, pero siempre y cuando la función cumpla en todos los sentidos”.

“Luego de conocidas las indecorosas e inaceptables conductas de los parlamentarios en el hemiciclo, el país aún no tiene conocimiento de las sanciones éticas necesarias. ¿Con qué autoridad moral podemos decirle a la nación que se debe acusar a un ministro -que está bastante lejos de no haber cumplido con sus deberes morales- en tanto por caso no nos compartamos con el mismo celo?”, espetó Namuncura.

La comisión, al cierre de la sesión de hoy -y luego de casi ocho horas de intervenciones-, acordó continuar el martes con exposiciones de invitados, entre 10:00 y 13:00 horas.

Una vez concluida esa sesión, la instancia elaborará un informe sobre la pertinencia de la acusación constitucional contra Jackson, el cual se votará el miércoles para ser despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. El documento, eso sí, no es de carácter vinculante, sino que una recomendación al pleno de la Corporación.