A pocas horas de conocido el fallo del Tribunal Constitucional que destituyó a la senadora Isabel Allende por la celebración de un contrato de compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, varios diputados y senadores del PS salieron en masa a criticar a la funcionaria encargada visar la legalidad y constitucionalidad de los decretos que firma el Presidente Gabriel Boric: Francisca Moya.

El primero de ellos fue el jefe de la bancada de diputados, Juan Santana. En diálogo con Estado Nacional, el legislador partió diciendo que “hay una responsabilidad administrativa en algunos funcionarios que permitieron que este proceso se llevara adelante”. Y añadió: “Existen mayores responsabilidades en el gobierno de las que hasta el día de hoy se han hecho valer y es completamente legítimo que en caso de que este fallo sea tal como se ha conocido, nosotros pidiéramos revisar las responsabilidades administrativas que tuvieron aquellas personas que permitieron que este proceso se validara”.

Quien apuntó con nombre y apellido a la persona que dentro del PS consideran responsable de no haber advertido el impedimento para realizar la operación, fue la máxima autoridad del partido, la senadora y presidenta Paulina Vodanovic.

La timonel, de igual manera, fue consultada en radio Cooperativa por la responsabilidad del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien en ese entonces era el titular de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, jefe de Moya. Al respecto, Vodanovic contestó: “No es el momento de iniciar una caza de brujas en esto, hay una cadena infinita de personas. En este caso es Francisca Moya, pero no es mi interés hoy día hacer una caza de brujas (...) evidentemente hay un cambio de ánimo en mi partido, tengo que decir que hay frustración, sentimientos de faltas de solidaridad en lo humano, habrá que procesarlo de la manera que corresponda, pero con tiempo”.

El diputado Marcos Ilabaca, en tanto, criticó que “aquí las responsabilidades políticas, principalmente de sectores del Frente Amplio, no han sido pagadas”.

Y añadió: “Uno podría decir ‘salió una ministra’, pero quedan personas responsables de este proceso que siguen llevando adelante sus gestiones. Y en este caso comparto la posición de la presidenta del partido, aquí existen responsables que deben pagar uno de los mayores errores cometidos por parte de esta administración y que ha dañado parte del corazón socialista”.

El diputado Leonardo Soto también planteó duras críticas sobre la frustrada operación. “Todo se estropeó cuando autoridades políticas del Frente Amplio cometieron una cadena de errores o chambonadas en la materialización de la compra y, ahora, aparecen dos ministras del TC designadas por este gobierno, que suman sus votos a la destitución. Parece ser una sospechosa coincidencia”.

El jefe de bancada de los senadores del PS, Juan Luis Castro, señaló que “esta es una acción originada e iniciada en una iniciativa del gobierno. Hay una responsabilidad mayor de parte de las autoridades de gobierno en esa decisión que termina ahora con la salida de nuestra compañera, la senadora Isabel Allende”.

“No se oye dónde está el mea culpa de quienes propusieron, buscaron, quisieron, ordenaron y firmaron. Aún no se oye esa autocrítica”, fustigó Castro.

“Hay un grupo de asesores que le tienen que advertir al Presidente que las cosas no van por el camino que se quiere, y no pasó”, sostuvo el senador Gastón Saavedra.