Durante la jornada del viernes, se reveló una conversación sostenida el pasado 7 de enero entre el en ese entonces jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (FA), y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), la que finalmente habría abierto la investigación penal en contra de Isabel Allende por la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

El diálogo entre ambos fue interceptado por la Policía de Investigaciones (PDI) debido a que el teléfono de Crispi había sido intervenido en medio de la investigación por el caso ProCultura.

En el caso particular del otrora asesor del Presidente Gabriel Boric, la medida intrusiva fue aprobada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta tras considerarlo un sujeto de interés en la causa.

En específico, durante su período como subsecretario de Desarrollo Regional de Antofagasta había aprobado un convenio por 630 millones de pesos a ProCultura para el proyecto “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”, el que finalmente no se habría llevado a cabo.

El caso de Crispi es solo una arista de la serie de tratos investigados por la Fiscalía, que involucran más de 6 mil millones de pesos acordados en siete regiones, en una de las principales causas del caso Convenios o Lío de platas y que prontamente debería entrar a su etapa de formalización tras la apertura del secreto de la investigación.

El germen de ProCultura

ProCultura fue fundada el año 2009 por el psicólogo Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag. Hasta el 2023 no había entrado dentro del radar público, pero en aquel año, momento en que se descubren los tratos vinculados a Democracia Viva, la fundación también entró dentro del radar del Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al fisco.

Aunque inicialmente investigada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, debido a la suspensión del fiscal Carlos Palma, la causa derivó a Coquimbo, donde la dirige actualmente el persecutor Patricio Cooper.

Con el paso de los meses, la investigación escaló al menos en tratos firmados en al menos siete regiones del país con millonarias transferencias a ProCultura.

Además del ya mencionado Crispi, se contemplaron como eventuales sujetos de interés en la indagatoria a al menos seis gobernadores regionales oficialistas: Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Claudio Orrego (RM), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Rodrigo Díaz (exgobernador del Biobío) y Jorge Flies (Magallanes).

El 17 de noviembre de 2023, ProCultura comunicó su cierre. Por medio de un comunicado aseguraron que el cese anticipado de los convenios que mantenían con organismos públicos había gatillado su crisis. Acusaron que el Estado incumplió sus compromisos y que se les quitó el apoyo. Fue el inicio, entonces, de la presentación de decenas de acciones judiciales por parte de terceros, quienes arremeten por la vía civil y laboral.

Durante el año y medio que se ha extendido la investigación, el Ministerio Público y la PDI han realizado diligencias investigativas en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío y Magallanes.

Por otra parte, también desde la Cámara de Diputados se realizó una comisión investigadora por el caso, la que finalmente entregó sus conclusiones en marzo pasado.

Por el momento, las gobernaciones de Antofagasta y Metropolitana han solicitado la restitución de fondos por parte de la fundación, además de también algunos actores privados. Durante las próximas semanas se debería conocer finalmente cómo la Fiscalía desarrollará la formalización del bullado caso.