Tras polémica de Cubillos en la USS: Provoste ingresa proyecto para que Ues y CFT transparenten gastos y contrataciones
La iniciativa busca incluir a las universidades privadas y centros de formación técnica (CFT) en la Ley N° 21.091, con el fin de que hagan pública información clave sobre su funcionamiento financiero y administrativo.
La senadora Yasna Provoste (DC) –con el apoyo de Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC), Gustavo Sanhueza (UDI) y Alfonso De Urresti (PS)– ingresó un proyecto que modifica la Ley de Educación Superior para que universidades y centros de formación técnica transparenten sus datos de gastos, contrataciones, sueldos, costos de matrículas, entre otros aspectos financieros y administrativos.
Además, la iniciativa contempla que dichos establecimiento publiquen los aportes públicos que reciben y los motivos que generan dicho financiamiento, con el fin de que no sean mal utilizados. Actualmente, las casas de estudio estatales ya cuentan con esta obligación por Ley de Transparencia, sin embargo, las entidades privadas no están bajo esta normativa.
Junto con esto, la norma busca plasmar la orden de transparentar los datos en la Ley de Educación Superior para que a través de la Superintendencia sea posible fiscalizar y sancionar a los establecimientos que no cumplan con la normativa, lo que podría traducirse en efectos para obtener la acreditación.
El texto señala que “a veces, las universidades invocan su autonomía para limitar el acceso a la información, especialmente en lo que respecta a decisiones internas o aspectos financieros”. Por lo mismo, añade que la transparencia en la educación superior “es un elemento esencial para garantizar la calidad y legitimidad de las instituciones”.
Entre las modificaciones al texto se incluye que los establecimientos deben publicar o actualizar, al menos una vez al mes, la nómina de las personas contratadas por la institución, su función y remuneración, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral entre ambas; las remuneraciones o dietas de sus cuerpos directivos; los costos de matrículas; y toda transferencia de fondos públicos que reciban, detallando la respectiva fuente de financiamiento.
El proyecto de ley presentado por los parlamentarios encabezados por Provoste se da tras los cuestionamientos que generó el sueldo de $17 millones mensuales brutos que recibía Marcela Cubillos por impartir clases en la Universidad San Sebastián. Dicha información devino en una investigación de oficio por la Superintendencia de Educación Superior contra la USS, entidad que fue instruida a poner a disposición los antecedentes sobre contratación de la aspirante a la alcaldía de Las Condes.
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