“Trato privilegiado” y “daña la democracia”: parlamentarios oficialistas critican revocación de prisión preventiva a Eduardo Macaya

Controversia causó la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que durante la jornada de este lunes resolvió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador UDI Javier Macaya, quien la semana pasada había sido sentenciado a seis años de cárcel efectiva por cuatro delitos de abuso sexual contra menores de edad.

Precisamente, el cambio de la medida cautelar más gravosa al arresto domiciliario apunta a que la sentencia aún no está ejecutoriada, por lo cual los abogados del acusado aún pueden presentar recursos judiciales para modificar su condena. Mientras tanto, el imputado deberá esperar en su domicilio y no en un recinto penitenciario.

Tal resolución provocó indignación en parlamentarios del sector oficialista, quienes por medio de las redes sociales reprocharon “el trato privilegiado” que se le otorgó al padre del timonel gremialista, respecto de los delitos por los cuales fue encontrado culpable.

Al respecto, el senador Fidel Espinoza (PS) publicó en su cuenta de X: “La justicia en este país es verdaderamente un desastre. Un poderoso, aunque abuse de menores tiene un trato privilegiado en Chile. La clase política y los medios se concertaron para bloquear este caso. Pero esto supera todo. Siento vergüenza como actúan instituciones de nuestro país. Dañan la democracia”.

Asimismo, emplazó a la alcaldesa de Providencia, y futura candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), a “pronunciarse sobre el escandaloso caso Macaya. Es su deber, si quiere conducir los destinos del país”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC), manifestó por la misma red social que “lamentablemente el poder del dinero queda en evidencia una vez más en el actuar de la justicia chilena. Macaya fue condenado a una pena de crimen por abuso contra niñas y se le otorga libertad, mientras su defensa alarga el proceso y la revictimización”.

La diputada Lorena Pizarro (PC) indicó que “acá hay que decir las cosas como son: se ha mandado para la casa a un sentenciado por abuso de menores; las redes de los Macaya están por encima del dolor de niñas y niños, el daño irreparable a las infancias vale menos que la influencia política. Una vergüenza, un descriterio”.

Mientras que el diputado Andrés Giordano (FA) criticó que “estamos en una sociedad que revictimiza, con políticos que desconocen delitos sexuales en TV, y una Corte que inexplicablemente privilegia a un peligroso abusador como Macaya con una cautelar de arresto domiciliario, mientras hay personas en prisión preventiva por delitos menores”.

En el mismo tenor, el diputado Jorge Brito (FA) opinó que “con esta revocación de la prisión preventiva, Eduardo Macaya no pasaría ni un día en la cárcel hasta la sentencia ejecutoriada. Un pederasta condenando a 6 años de prisión esperada el fin del juicio en la comodidad de su hogar”.

En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) reprochó la actitud de la UDI, señalando que “defendieron a Paul Schäfer, defendieron a Karadima, defendieron a Spiniak… no nos extrañemos que hoy defiendan a Macaya”.

Por su parte, la diputada Camila Musante (IND) ratificó su respaldo a la denominada “Ley Macaya” que busca prohibir el pago de fianza o compensación económica para reemplazar medidas cautelares privativas de libertad. En ese contexto, también cuestionó a la colectividad gremialista tras los dichos de su presidente, el senador Javier Macaya, quien dijo el domingo en una entrevista “estoy del lado de mi padre”.

“Parece impresentable e incomprensible que siga siendo el vocero y el presidente de ese partido político (…) Lamentablemente no podemos saber qué es lo que piensa la UDI porque hay un silencio, que es cómplice, por cierto, y que nos ha llamado profundamente la atención a propósito de las declaraciones de un senador de la república, que al parecer cree que su opinión está por sobre la de la justicia”, dijo.

Por este motivo, ratificó que “respaldamos el proyecto de la diputada (Marcela) Riquelme que se presentó en enero de este año y que apunta a que no pueda presentarse una fianza ni ninguna compensación económica para reemplazar una medida privativa de libertad”.

“Los abusadores sexuales tienen que tener una medida restrictiva de libertad porque las víctimas corren riesgo de que se vuelvan a cometer esos delitos. Y no estamos protegiendo -ni a los niños, niñas, ni adolescentes- de abusadores que pueden volver a arremeter contra ellos”, concluyó.