El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió destituir a la gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo.

El Tricel así acogió la solicitud de remoción realizada por los 16 consejeros regionales de Coquimbo, que acusaban a la autoridad de haber incurrido en notable abandono de sus deberes y en faltas graves a la probidad.

“Se declara que la gobernadora Regional de Coquimbo, señorita Krist Pía Nicole Naranjo Peñaloza queda removida de su cargo a contar de la fecha de la presente sentencia e inhabilitada para ejercer cualquier cargo público desde la misma data y por cinco años, por haber incurrido en notable abandono de sus deberes. Sin costas, por no haber mérito suficiente para imponerlas”, sostiene el fallo.

Naranjo se encontraba desde principios de julio suspendida de su cargo por dos meses, a raíz de una investigación de Contraloría por mal uso de vehículo fiscal, acusación que también estaba incluida en el requerimiento de los consejeros al Tricel.

En su resolución el Tricel dio por acreditado cinco de los seis cargos presentados por los consejeros regionales. El único que fue desestimado fue el del uso de vehículo fiscal.

Los cargos que fueron acogidos son los siguientes:

Falta de documentación presentada por la ahora ex autoridad regional para realizar viajes internacionales. En su argumentación, el Tricel afirma que Naranjo viajó a Egipto, México y Argentina, sin aportar los antecedentes que justificaban los periplos, como tampoco objetivos, agenda, financiamiento, además de cambios de fecha y alteraciones en pasajes.

Maltrato de funcionarios, específicamente, por el conductor de Naranjo, quien denunció el mal uso del vehículo fiscal, “lo que habría motivado un extremo maltrato laboral en su contra”. Además se menciona la desvinculación de 14 funcionarios y los $37 millones en indemnizaciones que ha debido pagar el Gobierno Regional por diversas demandas laborales.

Falta de ejecución presupuestaria por parte de Naranjo durante el año 2022. Ese año, al 13 de diciembre, sólo se había generado una ejecución de un 48,02% de más de $75 mil millones. “Si bien se mejoró al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, en una actividad de última hora, deja en evidencia una muy mala gestión, que califica de desidia”, se sostenía en la acusación.

Incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Regional, relación al funcionamiento del mismo. Los entendimientos eran dejados sin efecto o modificados de manera arbitraria. Tal incumplimiento conlleva también infracción a las mismas normas legales ya señaladas en cargos anteriores.

No atender al buen funcionamiento del Comité Regional para el Cambio Climático, el que debe existir en todos los Gobiernos Regionales y entregar una cuenta pública en octubre de cada año. En este caso fue transmitida fuera de plazo, con interrupciones y sin que los consejeros pudieran hacer uso de su derecho a voz.