UDI acudirá al Tribunal Constitucional por Comisión contra la Desinformación del gobierno

Hasta el Tribunal Constitucional (TC) acudirá, durante la primera semana de julio, un grupo de diputados de la UDI para interponer un requerimiento de inconstitucionalidad en contra de la decisión del gobierno de impulsar -mediante un decreto- una Comisión contra la Desinformación.

Desde la oposición criticaron este anuncio, pues acusaron que se vulnera la “libertad de expresión”, en el entendido de que en algunos países instancias de este tipo han intentado definir qué es verdad y qué es falso. Ello supone un riesgo, han advertido expertos, pues algún gobierno podría calificar como “desinformación” cualquier tipo de contenido que les afecte, aunque sean verdaderos. En todo caso, la ministra de las Ciencias, Aisén Etcheverry, de cuya cartera depende el tema, afirmó que la comisión “no va a definir qué es y qué no es verdad”.

El diputado Juan Antonio Coloma, subjefe de bancada UDI, afirma que “este gobierno, replicando los mejores modelos dictatoriales, crea políticas públicas tendientes a regular o controlar los medios de comunicación”. El parlamentario, además, recuerda que el 5 de diciembre pasado el gremialismo acudió a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para criticar la agenda de la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), de promover mayor diversidad en los medios de comunicación.

El tema ha sido analizado por la bancada UDI en conjunto con la Fundación Jaime Guzmán. En esta entidad, la abogada Teresita Santa Cruz ha colaborado con los insumos legales.

La abogada explica que “las posibles infracciones constitucionales que se desprenden del decreto dicen relación con el estatuto de especial protección que la Constitución y los tratados internacionales dan a la libertad de expresión. Primero, en el plano formal, la Constitución exige que la regulación de derechos fundamentales se haga por ley, no por normas de rango inferior como un decreto, lo que se conoce como ‘reserva legal’. En el caso de la libertad de expresión, la Constitución es aún más exigente, al establecer que la ley debe ser de quórum calificado. Así, al regular estas materias vía decreto, nos encontraríamos frente a una infracción de la reserva legal”.

En ese sentido, en una minuta de la Fundación Jaime Guzmán se recalca que en el artículo 19 número 12 de la Constitución se establece la libertad de informar: “La importancia de este derecho ha sido reconocida y recalcada por la doctrina nacional (...) Otro elemento esencial de nuestro ordenamiento constitucional es la prohibición categórica de toda forma de censura previa”.

Otro de los impulsores, el diputado Marco Antonio Sulantay, sostiene que “tenemos el deber jurídico y moral de concurrir al TC. El gobierno crea en forma solapada la propuesta del excandidato presidencial comunista Daniel Jadue, que proponía la regulación a la propiedad de los medios. Esta es la primera etapa de ese plan fascista. Es un modelo que coarta de manera grosera la libertad de expresión. Ni Salvador Allende se atrevió a tanto”.

Mientras que otra diputada de la bancada, Natalia Romero, afirma que “los gobiernos deben buscar como primer objetivo el bien común y la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. ¿Alguien puede creer que esta libertad de expresión queda resguadada con un decreto de esta naturaleza?”.

En el gobierno, en tanto, han defendido sus intenciones de combatir el fenómeno mundial de la desinformación, que ocurre principalmente en redes sociales.