La directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticó la posición del gobierno tras revelarse el contenido de una llamada telefónica en la que el exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi menciona supuestas gestiones de la exsenadora Isabel Allende para apurar el proceso de la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja.

Fue el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, quien apuntó contra la vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, a quien acusó de no estar “capacitada” para el cargo. Esto en medio de las reacciones políticas por el “pinchazo” al teléfono del exjefe de asesores de La Moneda.

“Un vocero de gobierno no puede poner al Gobierno la situación de no aceptar lo que hacen otros poderes del Estado. Cuando el Tribunal Constitucional condenó a la senadora Allende, la vocera de gobierno dijo que esto era un precedente grave”, señaló el también diputado.

“¿Un precedente grave, cumplir con una sentencia de un tribunal como el Tribunal Constitucional? Es grave que el Tribunal Constitucional pudiese actuar con autonomía, que juzgue sin importar a quien tiene enfrente, es decir, que sea una justicia ciega", argumentó.

Tras esto, Ramírez calificó que aquella declaración ya le parecía “escandalosa”, pero, que “hoy día la misma vocera pone en cuestionamiento medidas intrusivas que son aprobadas por un tribunal”.

“Esta medida la solicita la Fiscalía y es un tribunal el que las concede. Por lo tanto, nuevamente tenemos a la vocera de gobierno creyendo que los tribunales deben actuar con sentido político, que los tribunales deben hacer la vista gorda respecto de ciertas personas por el hecho de ser autoridades de Gobierno”, acusó el diputado.

Añadiendo que “eso es absolutamente inaceptable y espero que el Presidente Boric aclare si esta es o no es la posición de él y de su gobierno”.

“Ni pedir explicaciones ni dar explicaciones”

En paralelo al punto de prensa de la directiva de la UDI, la ministra (s) secretaria general de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a las diligencias de aseverando que “la Fiscalía y los tribunales son poderes autónomos y por lo tanto no nos corresponde a nosotros como gobierno ni pedir explicaciones ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan”.

“Creo que ha sido parte de la discusión pública de que las escuchas telefónicas son una medida intrusiva, que requiere de una alta justificación y eso es algo que todos los ciudadanos tenemos que saber”, añadió.

Junto con ello, reiteró que no les corresponde como Ejecutivo “ni pedir las explicaciones ni tampoco darlas, eso es algo que compete a la Fiscalía y a los tribunales de justicia”.