UDI concurre a Contraloría por cambio del nombre “primera dama” a “Irina Karamanos”: acusan que la “resolución es inconstitucional y arbitraria”

Este martes, se dio a conocer un documento emitido por la Dirección Administrativa de la Presidencia, en el que se reemplaza el término “Primera Dama” por el nombre de Irina Karamanos, pareja del Presidente Gabriel Boric.

En detalle, se trata de la Resolución Exenta N° 442, con fecha 30 de marzo de 2022, que establece una serie de modificaciones a la Resolución Exenta N° 978, de 2018, la cual ya había sufrido cambios en 2021, y en la que se define el nombre del cargo Primera Dama, así como las funciones de éste.

El primer cambio manifestado ocurre en la denominación del “Gabinete de la Primera Dama”, el que ahora pasa a denominarse “Gabinete Irina Karamanos”. Luego, en dos numerales se reemplaza “Primera Dama” por “Irina Karamanos”.

Pero también, se realizan modificaciones a las funciones del cargo y equipo: según establece el nuevo documento, al “Gabinete Irina Karamanos” le corresponde “identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva e géneros inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica”.

A la vez, “asumirá el rol ceremonial y protocolar de acuerdo a la tradición republicana de Chile en las actividades oficiales nacionales e internacionales”.

La situación generó una ola de críticas desde la oposición y este miércoles la UDI anuncio que recurrirá a la Contraloría General de la República, en concreto, los diputados del partido Flor Waisse, Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri por el cambio de nombre al cargo de “primera dama” por el de “Irina Karamanos”.

Según explican a través de un comunicado, “a juicio de los requirentes, la resolución es inconstitucional, ilegal y arbitraria”, y agregan que “tanto la historia jurídica y política de nuestro país da cuenta que un elemento fundamental del régimen republicano es el ejercicio despersonalizado de la función pública, en virtud del cual ésta se debe ejercerse al servicio de la persona humana y no al revés”.

Mientras que acusan que “pareciera ser que para la Administración actual el Gabinete de la Primera Dama, sería parte del patrimonio personal inmaterial de la ciudadana Irina Karamanos, lo que implica no sólo desatender el interés general sino vulnerar el principio constitucional y legal que la administración pública es técnica, profesional y jerarquizada”.

Por último, sostienen que “cualquier situación que altere la relación que tiene la ciudadana Karamanos con el Presidente de la República obligará a dictar un acto administrativo modificando el actual, llegando incluso al absurdo que dicha resolución podría no ser modificada teniendo como efecto que otra ciudadana o ciudadano que encabece dicho gabinete (en esta u otra administración) seguiría administrando el “Gabinete Irina Karamanos”.

En concreto, solicitan que la Contraloría General de la República se pronuncie respecto a los siguientes ítems:

1. Sobre la legalidad (tanto por razones constitucionales, legales y de razonabilidad) sobre la resolución Nº Resolución Exenta Nº 442 del 30 de marzo de 2022 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República que reemplaza la denominación y las funciones del “Gabinete de la primera dama” por “Irina Karamanos”.

2. Se pronuncie si la Directora Administrativa de la Presidencia de la República se extralimitó en sus atribuciones.

3. Que si lo estima el Sr. Contralor, indique de forma deben aplicarse las sanciones administrativas en conformidad a los artículos 6 y 7 de de la Constitución Política de la República.