En medio de la polémica revelación de la conversación entre el exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), y su madre, la exministra Claudia Serrano (PS), en que se revelaron presuntas presiones de Isabel Allende para acelerar la compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, desde la UDI plantearon que se abriera una investigación judicial para esclarecer eventuales responsabilidades.

Al respecto, el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, enfatizó que “con esta declaración queda de manifiesto que Isabel Allende no solo siempre supo, sino que fue de las principales encargadas de presionar para subir el precio de la compra de la casa de Allende”.

“Pero no solamente ella; lo sabía también su abogado y sobrino, lo sabían en el segundo piso, lo sabía probablemente el propio presidente Boric, y así todo empujaron hasta el último minuto, hasta que los pillamos”, añadió.

Así las cosas, reforzó que “aquí lo que corresponde no solamente es dejar sin efecto la compra, sino que iniciar además una investigación judicial”.

Por su parte, al presidente del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez, los antecedentes conocidos le parecen “graves”.

“Porque demuestran que la senadora Allende faltó a la verdad ante el Congreso Nacional y ante toda la opinión pública. Ella afirmó que jamás había empujado la venta de la casa de Salvador Allende, que esto le había sobrevenido, que había sido idea del gobierno, que ella era una víctima que había actuado de buena fe”, explicó.

“Y hoy día nosotros sabemos, por las escuchas telefónicas al ex asesor del presidente Boric, Miguel Crispi, que ella insistió, empujó y presionó para que se comprara esa casa. La expresión de Miguel Crispi es elocuente: Él dijo que Isabel Allende, la senadora, había llamado hasta al portero de La Moneda para presionar para que se vendiera y se comprara por parte del gobierno la casa de Salvador Allende”, agregó al respecto.

Así las cosas, señaló que, en su opinión, “el tráfico de influencia está plenamente acreditado y la fiscalía tendrá que seguir investigando y tendrá que pedir la formalización si es que ese fuera el caso”.