La postura que ha expresado Evelyn Matthei respecto que el Golpe de Estado fue inevitable sigue generando controversia. Y es que aún cuando desde su sector una serie de parlamentarios salieron a respaldarla, las cuestionamientos no han cesado. Desde diferentes veredas catalogaron las palabras de la abanderada presidencial como impresentables.

De hecho, el propio Presidente Gabriel Boric se hizo parte de la polémica. Sin nombrarla, colgó en su cuenta de X una publicación donde afirmó: “El golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea. Democracia siempre”.

Pero luego, el Mandatario ahondó en el asunto y aludió directamente a la candidata por medio de un video que subió a su cuenta de Instagram y que correspondía a una entrevista que había otorgado Matthei en 1999, donde expresaba dichos similares en torno al inicio de la dictadura.

Eso gatilló molestia inmediata de la otrora alcaldesa y de su entorno, por lo que ahora la UDI aseguró que pedirá a Contraloría evaluar la actuación del jefe de Estado.

En concreto, el jefe de la bancada UDI, Henry Leal, junto con el diputado Juan Manuel Fuenzalida, anunciaron que oficiarán a la Contraloría para que analice el inicio de una investigación en contra del Presidente Boric por el eventual uso de sus redes sociales personales en horario laboral y posibles infracciones al principio de “apoliticidad”.

En específico, Leal y Fuenzalida aludieron al Artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que todos los funcionarios públicos “estarán impedidos de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración”.

La presentación de los parlamentario, cabe hacer presenta, se da justo luego de que Contraloría emitiera instrucciones para resguardar la imparcialidad ante las elecciones que se avecinan.

Ahí, se recalca la importancia de respetar el principio de prescindencia política, que obliga a los servidores públicos a abstenerse de utilizar recursos, plataformas o infraestructura institucional para fines proselitistas o de apoyo a candidaturas.