UDI reflota proyecto “Antipitutos” de Miguel Crispi y Catalina Pérez

“Creo que ahora más que nunca, conociendo los eventuales casos de corrupción donde se ven involucrados importantes políticos de Revolución Democrática, es el momento de estudiar y despachar a ley el proyecto presentado por Catalina Pérez (RD) y Miguel Crispi (RD) en el año 2018, conocido como ‘Ley Antipituto’, lema de campaña también del Presidente Gabriel Boric”.

Con esas palabras el diputado UDI Gustavo Benavente, junto a su par correligionario, Jorge Alessandri, ambos de la Comisión de Constitución, solicitan al presidente de la instancia, Raúl Leiva (PS), poner en tabla el proyecto de ley impulsado por diputados del Frente Amplio que busca restringir la contratación de familiares en el sector público.

La arremetida gremialista era una respuesta a los casos conocidos este jueves, publicados en una nota La Tercera, que mencionaba la contratación de familiares y de parejas de asesores presidenciales del llamado “Segundo Piso” de La Moneda.

Uno de ellos es el jefe de asesores de Palacio y exdiputado, Miguel Crispi (RD), que hoy está siendo cuestionado porque su tía, la arquitecta Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, presionó al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, para que acelerara convenios investigados por el Ministerio Público.

Sin embargo, la tía de Crispi -que actualmente trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Regional- no es la única. Por ejemplo, en La Moneda trabajan el primo del ministro de Economía, Nicolás Grau, el hijo del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y la pareja del diputado Gonzalo Winter, entre otros casos más.

En el pasado, la contratación de familiares y personas afines había sido criticada por el propio Boric, quien pasó de prometer en la pasada campaña que “prohibiremos la contratación de parientes”, a recalcar este miércoles que “no juzgo relaciones familiares”.

Sobre este punto, Alessandri afirma que “en año 2018 estos ‘muchachos’ que llegaron a cambiar la política, humillando incluso a sus pares de coalición del Socialismo Democrático, presentaron un proyecto de ley conocido como ‘Ley Antipituto’. Lo inverosímil de esta iniciativa es que dentro de sus autores está Catalina Pérez, involucrada por una ‘persona adulta’ en el caso Democracia Viva que resultó ser su pareja. Y también firmó el proyecto como autor el jefe del Segundo Piso, el señor Crispi que tiene a su tía también trabajando en el gobierno. Las contradicciones vitales, éticas y morales ya son demasiadas”.

Por lo mismo, la idea de la UDI es arremeter presionando para que se promueva esa medida y así marcar una contradicción de parte de los dirigentes frenteamplistas.

El proyecto aludido fue ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados el 2018 y entre sus autores, además de Crispi y Pérez, están el diputado Jorge Brito (RD), el exministro Giorgio Jackson (RD), la diputada Maite Orsini (RD) y los exdiputados Pablo Vidal y Renato Garín.

Sin embargo, la moción no ha avanzado en su primer trámite constitucional.

Dentro de su contenido, el texto señala que “hoy se ha hecho patente la necesidad de reforzar la regulación que impida el nepotismo, limitando los espacios de discrecionalidad que actualmente existen para las grandes autoridades de nuestro país y que permiten instalar, bajo una mal entendida confianza, a personas cuyos cercanos lazos familiares generan claros conflictos de interés”.

El proyecto establece mayores restricciones para “las nuevas contrataciones en cargos de confianza de familiares directos cónyuges, convivientes y parientes hasta segundo grado por consanguinidad (abuelos, nietos y hermanos) o segundo grado de afinidad (cuñados, abuelos del cónyuge, cónyuges de los nietos, hermanastros) de ministros y subsecretarios, en la misma repartición”.

Además, propone que ciertas contrataciones “deberán realizarse por un concurso, cuyas actas serán públicas”.

Entre las medidas, plantea “aumentar el grado de parentesco que se incluye en las inhabilidades actuales”, “reforzar las inhabilidades en los cargos de confianza”, “incluir a los convivientes civiles dentro de ellas”, “limitar la contratación de cargos de confianza de la planta de la Presidencia, incluyendo a la primera dama y su gabinete”, y “eliminar la excepción a ministros y subsecretarios del artículo 85 del Estatuto Administrativo que hoy les permite tener bajo su dependencia jerárquica a personas con lazos prohibidos para el resto de las autoridades”.

También se proponen regulaciones a otros órganos como la fiscalía y para las candidaturas a concejales, alcaldes, cores, diputados y senadores.