Un cruce entre las declaraciones de Héctor Llaitul y hechos de violencia ocurridos en las últimas horas en La Araucanía. Esa fue la misión que le encargó la nueva jefa jurídica del Ministerio del Interior, Luppy Aguirre, a la abogada de esa repartición, Paula Astudillo, a inicios de esta semana.

En la división jurídica de la cartera y en el gabinete de la ministra Izkia Siches se comenzaba a formar una convicción: los últimos dichos emitidos el lunes por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en que subió aún más el tono de sus amenazas, validando ataques a escuelas e iglesias, pero -además- llamando al “sabotaje” de las forestales de la zona, eran constitutivos de delitos perseguidos por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La conclusión no fue inocua. El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido crítico de la aplicación de dicha normativa y en sectores de sus coaliciones consideran que refuerza la “criminalización”, sobre todo, cuando se trata de hechos relativos al conflicto mapuche. De hecho, una de las primeras acciones del Mandatario al asumir en La Moneda fue retirar una serie de querellas que invocaban dicha normativa en la persecución de delitos asociados al estallido social.

Por lo mismo, la decisión de ampliar dos querellas, una de 2019 y otra de 2020, en contra de Llaitul -que fue anunciada anoche por la titular de Interior- y que contemplan ese tipo penal, no fue fácil. Horas antes la propia Siches había descartado seguir ese camino, mientras que el martes por la noche el ministro Giorgio Jackson (Segpres) reiteraba -en CNN Chile- que el gobierno no perseguiría ideas.

“Hemos analizado a profundidad los dichos que a nuestro juicio son constitutivos de delito, donde se atribuye la participación de ellos. (...) Las últimas declaraciones dan cuenta de la adjudicación de lo que pudo haber sido los hechos de violencia que hubo en las últimas semanas y ahí, sin duda, hay que perseverar en la investigación y esclarecer si hay participación real en quienes se las atribuyen”, dijo Siches este martes al hacer el anuncio.

Antes de ese hito, y durante toda la jornada del miércoles, la ministra estuvo en contacto con el Presidente. Quienes conocen de los factores que pesaron en la decisión, apuntan a la compleja situación en la que estaba dejando al gobierno el Ministerio Público, al reiterar una lectura que ya habían hecho pública en mayo, cuando Llaitul hizo un llamado a organizar “la resistencia armada contra el Estado”: que para activar la indagatoria requerían de una denuncia o querella de parte de La Moneda.

“Para investigar los delitos que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado se requiere la denuncia o la querella por parte del gobierno”, dijo este mismo martes el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Las declaraciones no cayeron bien en Palacio y, según afirman en La Moneda, el trasfondo principal detrás de la ampliación de las querellas estuvo precisamente en darle un mensaje de autoridad al Ministerio Público. Así, si bien se optó por involucrarse en el proceso como ellos pedían, el gobierno no cedió en presentar una nueva acción, como lo había deslizado Abbott.

La convicción en La Moneda seguía siendo que la Fiscalía tenía todo para avanzar en las investigaciones sin la necesidad de que el gobierno tomara acciones en contra de Llaitul. Anoche el mensaje de Siches en contra de la Fiscalía, pese a que se evaluó un tono más agresivo, se limitó a pedirle resultados al organismo persecutor.

El Jefe de Estado fue consultado esta mañana por el giro del gobierno. “Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora último son particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos. Y, por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar las querellas que ya han sido presentadas porque, hay justamente, nuevos antecedentes. Ahora, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, señaló de manera muy clara que la Fiscalía tiene todas las facultades para investigar”, dijo Boric en el matinal de Mega.

Y agregó: “El gobierno tiene el deber de estar siempre evaluando sus decisiones y la decisión final me toca tomarla a mí. Ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de la declaración de autoatribuirse delitos ya concretados, tomé la decisión de que era importante ampliar las querellas y asumo las responsabilidad de aquello. Yo insisto, es bueno que los gobiernos sean capaces de revisar sus propias decisiones”.

Pero el giro del gobierno también sopesó otros factores. Este viernes el Congreso tendrá que votar una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur. Y la amenaza de la derecha y la DC fue explícita tras los dichos de Llaitul: si el gobierno no se querellaba en contra del líder de la CAM, el sector -cuyos votos requiere el Ejecutivo para la aprobación de la medida- dejaría caer la propuesta de La Moneda, dejándolos sin margen de acción, al haberse rechazado la semana pasada el proyecto de infraestructura crítica.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que se encuentra justamente en La Araucanía, de hecho, había definido someter a votación el pedirle al Presidente Boric que se querellara por los dichos del comunero, postura que -según los conteos preliminares- se iba a imponer en la instancia. Pero nada de eso ocurrió cuando los parlamentarios se enteraron de la determinación del Ejecutivo.

Pero ayer en la derecha el debate sobre activar una ofensiva en contra de La Moneda se instaló. “Ya no son los primeros y tampoco los últimos mensajes de Llaitul al Estado de Chile (...). ¿Qué más vamos a esperar? Creo que el viernes deberíamos votar en contra (del estado de excepción), que Jackson busque los votos, no respaldar su acotado y plantear que, mientras el gobierno no se querelle contra el terrorismo que tiene nombre y apellido en La Araucanía y mientras no quiera extender un verdadero estado de emergencia, no contará con los votos para seguir mintiéndole a la ciudadanía”, escribió el diputado UDI Cristián Labbé, cerca de las 10.00 de este miércoles, al grupo de WhatsApp denominado “Bancada Antiterrorista”, y que integran varios parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano.

Las palabras de Labbé fueron recogidas de inmediato por otros personeros, quienes lo respaldaron. “Estoy de acuerdo con tu postura. Creo que quitarles el piso sería devastador para ellos más aún si exigimos querella a Llaitul”, dijo Gonzalo De la Carrera, agregando que “Giorgio sigue insistiendo que no pueden querellarse porque sería perseguir ideas. También deberíamos acusarlo”.

Otros diputados de RN también acusaron recibo de las palabras. De hecho, en paralelo, algunos de esa bancada se contactaron directamente con el titular de la Segpres y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quienes hicieron saber que no podían seguir mirando el techo y debían “fijar si estaban del lado de la ciudadanía o del terrorismo”. “Se necesita una señal política”, se les recalcó, de lo contrario, era complejo que estuvieran los votos para aprobar una nueva prórroga del estado de excepción.

El jefe de bancada de RN, Andrés Longton, fue uno de los que alertaron a La Moneda. “Era un riesgo que parlamentarios pusieran el voto en entredicho, principalmente porque el gobierno no había tomado una determinación clara respecto de querellarse o no contra Héctor Llaitul, que derechamente reconoció delitos terroristas y su participación. Y al no querellarse el gobierno estaba generando una sensación de impunidad... Había parlamentarios que, con el fin de dar una señal, estaban dudando de apoyar el estado de excepción. Lo que hace el gobierno previa advertencia es lo correcto”, afirmó a La Tercera PM el parlamentario, quien le escribió el miércoles en la mañana al titular de la Segpres.

Lo mismo hizo el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo. Su mensaje a la cartera liderada por Jackson fue claro: ante la gravedad de los dichos del líder de la CAM, en la que prácticamente confesaba hechos delictivos e informaba cómo realizarían acciones de sabotaje, el gobierno podría incurrir en un incumplimiento de deberes constitucionales. En vista de ello advirtió que la prórroga del estado de excepción constitucional podría zozobrar debido a la ausencia o abstenciones de diputados que no son parte de gobierno, pero que han tenido que sustentar medidas del Ejecutivo ante la falta de apoyo de las propias fuerzas oficialistas.

“Valoro el cambio de actitud del gobierno del Presidente Boric a partir de lo que se le planteó desde la bancada de la DC”, sostuvo Aedo.

El giro de Boric acentuó la posibilidad de que se sumen nuevos descuelgues oficialistas en la votación de este viernes. Por ejemplo, desde Apruebo Dignidad, principalmente desde el Partido Comunista (PC). Lo mismo podría ocurrir en la bancada de Convergencia Social entre los integrantes que no son militantes de la tienda. Y es que, más allá de la ampliación de la querella contra Llaitul, otro aspecto que genera incomodidad en el oficialismo es que hay una sensación compartida de que hay poco conocimiento de los avances plan Buen Vivir en la Macrozona Sur y que no progresa con la celeridad que debería.

De todas formas, en la derecha transmiten que -luego de la decisión del Ejecutivo de ampliar la querella- estarán sus votos para aprobar la extensión del estado de excepción. Lo mismo transmiten en la DC, por lo tanto, el Ejecutivo, al menos por esta vez, debería poder pasar nuevamente el trámite legislativo sin problemas debido a que requiere mayoría de los presentes en la sala.

La diputada Candelaria Acevedo (PC), quien ha votado continuamente en contra de la medida, emplazó al gobierno a que “el plan Buen Vivir tiene que ser llevado a cabo lo más rápido posible”, mientras que el parlamentario Jaime Araya (PPD-Ind.), de visita en La Araucanía por la Comisión de Seguridad, señaló que “ha sido complejo constatar que el plan Buen Vivir no es conocido en la zona, creo que ahí los ministerios tienen que poner mucho foco (...). Ahí hay un llamado de atención muy severo”.