Una sorpresa en la CEP: Marcela Cubillos irrumpe entre las cinco figuras mejor evaluadas desde el ministerio de Educación

Una de las irrupciones inesperadas que mostró la encuesta CEP, dada a conocer la mañana de este jueves, es la aparición de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, dentro de las cinco figuras políticas mejor evaluadas de la medición con un 36% de evaluación positiva y un 26% de negativa. Es superada solo por el alcalde Joaquín Lavín, la expresidenta Michelle Bachelet y el senador Manuel José Ossandón.

La secretaria de Estado no había sido medida en la entrega pasada de este sondeo, entregado en diciembre del año pasado. En su debut, la ministra consiguió un 46% de conocimiento, una cifra baja, pero que supera incluso al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp y al presidente del Partido Socialista y exministro, Álvaro Elizalde.

Los buenos números de Cubillos se dan en medio de las críticas de la oposición a su gestión en el Mineduc. De hecho, dentro del periodo de medición, se rechazó en la comisión de Educación el polémico proyecto Admisión Justa, el que ha sido cuestionado desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio.

Dicha iniciativa deberá ser votada la próxima semana en la Cámara, y todo apunta a que será rechazada su discusión en la sala.

Sin embargo, la encuesta reveló que, al igual que en la encuesta anterior, solucionar problemas relacionados con la Educación es la tercera prioridad de los chilenos. A eso se suma, que al ser consultados por la nota que le pondrían al Gobierno por su gestión en educación (del 1 al 7), la cartera liderada por Cubillos obtuvo un 3.5.

Además, la oposición estudia una acusación constitucional en su contra por un eventual "abandono de deberes", acusando utilización de recursos públicos para informar acerca del sistema de admisión; el no nombramiento del director de la Nueva Educación Pública; falta de antecedentes acerca de la implementación de la Ley de Centros de Formación Técnica Estatales, y el no pago de bonos de incentivo al retiro de profesionales de la educación y de asistentes de la educación.

La secretaria de Estado también se enfrentó, previo a la medición de la encuesta, a la tramitación de Aula Segura, proyecto que busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia. Pese a las complicaciones que tenía esta incitativa, terminó siendo aprobada y hoy ya es ley.