Uriarte dice que está dispuesta a “jugarse el 100%” de su capital político en discusión por presidencia de la Cámara: “Nos parece sano (...) que pudiera cumplirse el acuerdo”
La titular de la Segpres, eso sí, remarcó que serán "las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional" las que decidan el futuro de la testera.
Continúan las conversaciones en torno al acuerdo administrativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. El 7 de noviembre, la Sala deberá votar la nueva mesa directiva, tras la renuncia de la testera liderada por Raúl Soto (PPD).
Según el pacto suscrito en marzo por las bancadas oficialistas, la Democracia Cristiana (DC), el Partido Ecologista (PEV), el Partido de la Gente (PDG) e independientes, la diputada Karol Cariola (PC) debería asumir la presidencia para este periodo.
Sin embargo, desde la DC y el PDG, además de parlamentarios independientes, han puesto en jaque el acuerdo de gobernabilidad, manifestando dudas para apoyar a la legisladora comunista.
Ante ese escenario, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se ha desplegado en conversaciones con diferentes parlamentarios para asegurar que se mantenga el acuerdo administrativo.
“Al Ejecutivo lo que le importa es tener una gobernabilidad tranquila y clara en la Cámara de Diputados, y a nosotros nos parece desde un punto de vista político que estamos empeñados, mi tarea como Segpres apunta a eso fuertemente, a consolidar, fortalecer el diálogo democrático, el encuentro cívico”, señaló esta mañana la secretaria de Estado en conversación con Radio Cooperativa.
“Nos parece que sería muy sano desde el punto de vista democrático que pudiera cumplirse ese acuerdo”, enfatizó, y remarcó que “en ese sentido el cumplimento del acuerdo tiene en este periodo como la persona que estaría presidiendo la Cámara de Diputados a Karol Cariola”.
“Nos interesa que el acuerdo se cumpla, mas allá de la persona”, agregó Uriarte.
Consultada sobre cuánto capital político está dispuesta a jugarse en esta discusión, en su rol de nexo entre el Ejecutivo y el Congreso, afirmó que “en la tarea de gobierno estoy dispuesta a jugármelo 100%, lo entrego entero si es que eso sirve a la causa de la gobernabilidad y del cumplimiento de mi tarea”.
Aclaró, eso sí, que “estamos en un tema donde las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional, y particularmente en la Cámara de Diputados, son las que tienen que tomar decisión”.
“Yo he estado escuchando a los actores, he tratado de apoyar en coordinación, pero naturalmente los decisores finales son ellos”, enfatizó la ministra de la Segpres.
Frente a su rol como articuladora entre La Moneda y el Parlamento, Uriarte señaló que “yo no tengo problema en que desde afuera se trate de evaluar mi gestión en torno a este tema, yo lo que quiero es apoyar y cooperar”.
“Si se logra mantener el acuerdo, bien”, comentó, y reconoció que le parecería “lamentable” que no se respetara el pacto.
En esa línea, también indicó que en caso de mantenerse el acuerdo de gobernabilidad, pero que ciertas fuerzas políticas quisieran modificarlo o “mejorarlo en el sentido que legítimamente algunas colectividades puedan querer prerrogativas, creo que también es positivo”.
La defensa de Uriarte a Micco
Uno de los factores que tiene el acuerdo de gobernabilidad en la cuerda floja es el condicionamiento de la DC al PC respecto de las querellas presentadas en contra el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco (exmilitante DC).
Desde la colectividad falangista condicionaron su apoyo a Cariola, a la espera de que el partido liderado por Guillermo Teillier tome distancia de la ofensiva judicial contra Micco, pero que lo haga de una manera explícita.
Ante las querellas presentadas contra el exdirector del INDH, Uriarte expresó que “no tengo ninguna duda respecto de su compromiso con los derechos humanos, con la integridad y coherencia de su persona”.
“Me parece, desde todo punto de vista, impropio, impertinente, etcétera, sin prejuicio de que hay organizaciones detrás de ello. Pero yo discrepo de que se le considere encubridor de violaciones a los derechos humanos, me parece un despropósito completo, total”, aseveró la secretaria de Estado.
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