Usurpaciones sin cárcel: exigencia del PC para no escalar penas pone presión a La Moneda en negociaciones con la oposición

A dos días de que venza el plazo que tiene el Presidente Gabriel Boric para devolver el proyecto de ley sobre usurpaciones al Congreso con sus respectivas observaciones (vetos), este martes continuaron las negociaciones entre gobierno y oposición, canalizadas a través de una mesa técnica que ha encabezado la subsecretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Según quienes han participado de las tratativas y por información que manejan los parlamentarios que a través de asesores jurídicos están siguiendo esas conversaciones, hoy el principal nudo es el catálogo de penas que establecerá la iniciativa.

Si bien en el diálogo técnico se despejaron las principales inquietudes del gobierno, como la posibilidad de que los privados recurran a la “justicia por mano propia” para recuperar sus propiedades tomadas, las diferencias que existen sobre las penas de cárcel inevitablemente sólo se despejarán en el debate de las salas del Senado y de la Cámara.

Actualmente el Código Penal en sus artículos 457 y 458 sólo contempla penas de multas para quienes ejecuten usurpaciones ya sean violentas o no violentas contra las personas, sin perjuicio de que pueda haber sanciones penales adicionales por actos que terminen en lesiones o, incluso, homicidios. No obstante, por sí mismo, el delito de usurpación no implica pena de cárcel, aspecto que la norma despachada por el Congreso pretendía cambiar.

El gobierno, en este tema, tiene un matiz: está dispuesto a que haya presidio cuando las tomas sean violentas, pero no está a favor de castigar con cárcel una usurpación en la que no hubo actos de fuerza contra personas.

La oposición insiste, sin embargo, que independiente de que la toma se haya generado con violencia en las personas o en las cosas (el rompimiento de un cerco o una ventana) partan con un presidio.

La iniciativa aprobada por la Cámara y el Senado señala que cuando haya violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, se aplicará una pena de “presidio menor en su grado medio a máximo” (541 días a 5 años). Además, agrega que si no hay situaciones de violencia o fuerza, igualmente se aplicará el presidio menor, pero “en su grado mínimo a medio” (61 días a 541 días).

Desde el PC, sin embargo, cuestionan que el proyecto de ley eleve en forma desproporcionada el catálogo de penas.

“Seguir escalando las sanciones penales va a producir una inflación del punto de vista criminal, que ha probado ser ineficaz. Al menos en la usurpación residual, que es aquella que se comete sin violencia en las personas y se fuerzan las cosas, que hoy día tiene sanción de multa, a nuestro juicio, esa sanción debe mantenerse”, dijo Luis Cuello, jefe de bancada de diputados del PC.

La jefa de bancada de los senadores comunistas, Claudia Pascual, precisó que su partido no avala las usurpaciones ni que, a partir de una necesidad, se vendan derechos de terrenos tomados, “pero creemos que la moción que se ha tramitado terminó generando una confusión de situaciones claramente delictivas” con episodios como contiendas por deslindes o hechos que tienen que ver con protestas sociales.

La parlamentaria indicó que “cuando una organización social se toma una oficina, tal como salió el proyecto de las cámaras, eso puede ser catalogado de usurpación”. Y agregó que esperan que el veto corrija el texto para que “esta legislación no termine criminalizando a dirigentes sociales y con todos ellos presos”.

Respecto de las penas de cárcel, Pascual sostuvo que no pueden homologarse las sanciones para tomas violentas con las no violentas. “Tiene que haber una proporcionalidad de las sanciones y que el Poder Judicial pueda evaluar atenuantes o agravantes. Una situación pacífica no puede terminar con presidio. No corresponde”, dijo la legisladora, quien consultada si están dispuestos a que haya cárcel cuando se trata de tomas con acciones de fuerza, especialmente contra personas, sostuvo que “es algo que estamos evaluando, pero no queremos que situaciones complejas terminen con situaciones judicializadas ni tampoco que se fomente la violencia”.

Esta línea roja que ha puesto el PC, que ha sido secundada por el Frente Amplio, ha restringido el margen de negociación de la subsecretaria Lobos, quien ha sido acompañada por Rafael Collao, asesor jurídico de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y también por la abogada del gobierno a cargo de la agenda de seguridad, Elisabeth Matthei.

La misma subsecretaria ha sido también la encargada de ir consensuando y sondeando la postura de las distintas bancadas de diputados y senadores del oficialismo.

Por su parte, en esta mesa técnica, en representación de legisladores de Chile Vamos, han participado algunos abogados, como José Manuel Astorga (asesor del senador Felipe Kast); Pablo Urquízar y Pablo Celedón (consejeros de RN), Ronald von der Weth (asesor del senador Manuel José Ossandón) y Carlos Oyarzún (asesor de la UDI), entre otros.

En las tratativas ha habido algunos acercamientos. De hecho, el gobierno ya desechó la idea de enviar un veto sustitutivo global (es decir, que reemplazara todo el texto aprobado por la Cámara y el Senado), que corría un alto riesgo de ser rechazado. De no aprobarse esta observación global, que debía votarse como un paquete cerrado, la consecuencia casi inevitable era que se cayera toda la ley y obligara a reiniciar la tramitación desde cero.

Además, el objetivo principal del gobierno es eliminar la mencionada “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada.

Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente” (es decir, mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo), permitiría a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

En la oposición hay quienes están dispuestos a ceder en este punto, pero manteniendo la flagrancia permanente.