Vallejo: “La prioridad del país es ponernos de acuerdo en materia de seguridad, no nos sirven las peleas políticas”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camia Vallejo, agradeció la disposición a avanzar en proyectos sobre seguridad que se manifestó en el Congreso tras los homicidios de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares en Quilpué este fin de semana y del suboficial mayor (ascendido en forma póstuma) Álex Salazar en Concepción hace dos semanas.

“Queremos valorar y agradecer a quienes, parlamentarias y parlamentarios tanto oficialistas como de oposición, han abierto las puertas para un camino de acuerdos”, expresó la vocera del Ejecutivo.

Para coordinar la agenda legislativa en la materia se concretó en La Moneda esta mañana una reunión entre el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, la ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

“Tenemos que relacionarnos desde la colaboración y no desde el atrincheramiento y ese es nuestro principal llamado. Sabemos que los contextos políticos y electorales hacen más complejas las conversaciones, pero ahora la prioridad del país es ponernos de acuerdo en materia de seguridad, no nos sirven las peleas políticas, a nadie le sirven las peleas políticas, con excepción, probablemente, de los delincuentes. Por eso el llamado es a la colaboración, no a la división, a la humildad y no al aleccionamiento, a la ayuda y no a los ataques”, planteó la titular de la Segegob.

Ante las dudas sobre la voluntad del gobierno de avanzar en protección a las policías, por expresiones y votaciones del propio Presidente Gabriel Boric y figuras de su gabinete cuando eran diputados, Vallejo recalcó que la voluntad de resolver y dar respuesta a la crisis de seguridad “no son solamente palabras”. La ministra detalló proyectos y esfuerzos presupuestarios y aseguró que el gobierno “va a hacer todo lo que esté a su alcance para allanar el camino a un acuerdo de Estado” en la materia.

“Los hechos, más que los discursos y las palabras. Hoy día somos gobierno y como gobierno hemos asumido una responsabilidad en materia de seguridad y yo solicito que se juzgue justamente por esos hechos. El aumento histórico del presupuesto para seguridad, el respaldo a Carabineros en todo momento, que la misma institución ha reconocido, en renovación de vehículos que no estaban habilitados para funcionar, en el equipamiento para sus uniformes, drones, chalecos antibalas. La inversión para Carabineros, para mejorar sus capacidades y permitirles todas las herramientas posibles para poder salir a las calles ha sido parte de la agenda de este gobierno y se ha ido concretando”, planteó..

“Podemos hablar largo y tendido sobre hechos del pasado, sobre declaraciones del pasado o compromisos incumplidos en materia de seguridad de gobiernos anteriores, pero ese no es el propósito nuestro, el propósito nuestro ahora es sentarnos a conversar”, dijo, insistiendo en que la voluntad del Ejecutivo, “que se traduce en hechos concretos, está en avanzar con sentido de urgencia en la agenda de seguridad a través de amplios acuerdos”.

“Compartimos el objetivo central y vamos a buscar la forma para que esta semana podamos contar con una legislación que responda a lo que el espíritu de esa ley busca, que es destrabar ciertos procedimientos para que las policías puedan actuar de la mejor forma posible, pero esto requiere de una conversación con voluntad. Y lo vuelvo a señalar no es solamente aumentar penas o modificaciones al Código Penal, también necesitamos más recursos”, afirmó respecto a la llamada Ley Retamal.

La iniciativa nació tras la conmoción y el amplio rechazo generados por el fallecimiento del suboficial mayor de Carabineros Carlos Retamal, quien fue brutalmente agredido mientras fiscalizaba una carrera clandestina de automóviles en San Antonio, en octubre de 2022.

El proyecto, prioritario para la oposición, busca aumentar las penas contra quienes agredan a funcionarios de las policías y les otorga mayores atribuciones en el marco de la legítima defensa al enfrentar un procedimiento.