Vallejo refuerza postura del gobierno por AC contra supremos y recalca: “Es un caso de corrupción de extrema gravedad”
La portavoz del Ejecutivo planteó que la trama, que ha tocado al Poder Judicial y a otras instituciones, "debe ser enfrentada con todas las herramientas que el ordenamiento jurídico tenga a disposición".
La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, reforzó este lunes la postura del Ejecutivo frente a las acusaciones constitucionales en contra de jueves de la Corte Suprema, como resultado de las revelaciones en medio de la investigación del caso Audio.
En su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado fue inquirida por un posible entorpecimiento de la agenda legislativa debido a la utilización de esta herramienta por parte de la Cámara de Diputados a través de acusaciones simultáneas en contra de los ministros supremos Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus.
“Nosotros entendemos que el Poder Judicial está persiguiendo los delitos comprometidos en el caso Hermosilla, en este caso grave de corrupción, y por otro lado el Parlamento, en uso de sus facultades de fiscalización y sancionatoria, está decidiendo la presentación de acusaciones constitucionales y que se tendrán que revisar evidentemente en su mérito”, partió diciendo.
De acuerdo a la portavoz del Ejecutivo, las facultades del Congreso en esta materia “no tendrían por qué entorpecer la agenda legislativa que también es muy relevante en seguridad, en salud, en educación, en pensiones, en materia tributaria, en materia de ley de presupuesto”, destacando que se puede “caminar y mascar chicle al mismo tiempo”.
En cuanto a una posible politización de las acusaciones constitucionales, Vallejo respondió que tampoco es un escenario que preocupe al gobierno.
“Podrá ser el miedo de algunos, pero no es el miedo del Ejecutivo”, expresó.
Y luego agregó: “Creemos que el Parlamento tiene herramientas de fiscalización que son atribuciones constitucionales, estamos frente a un caso de corrupción de extrema gravedad que ha tocado no solo al Poder Judicial, sino que ha tocado a otras instituciones y que debe ser enfrentado con todas las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico tenga a disposición”.
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