Una nueva solicitud de prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la Macrozona Sur del país y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la zona fue votado este lunes en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la tramitación no fue sencilla, a pesar de que por 124 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones, finalmente los diputados visaron la solicitud del Ejecutivo. Ahora pasará al Senado, instancia que deliberará este martes.

La sesión se transformó en el primer desafío legislativo de la ministra del Interior, Carolina Tohá -quien hizo su debut en el hemiciclo-, y de la titular Segpres, Ana Lya Uriarte; quienes arribaron a esos cargos el pasado martes, en el marco del cambio de gabinete ejecutado por el Presidente Gabriel Boric.

Precisamente la semana pasada los ministerios del Interior y de Defensa -cartera que lidera Maya Fernández- habían acordado sugerir al Mandatario extender la medida por otros 15 días. Se trata de la séptima extensión de la herramienta constitucional que debe ser discutida en el Parlamento.

Pero esta vez hubo una particularidad. En la mañana Tohá dio luces de que habría un cambio en el decreto inicial del Ejecutivo -enfocado según el gobierno en el resguardo de rutas-, asegurando: “va a haber algunos ajustes en el decreto, pero no tiene que ver con ampliar la zona del estado de emergencia, sino con hacer, a partir del aprendizaje de las últimas semanas, algunas pequeñas modificaciones que nos permitan ser más efectivos”.

Luego, durante la tarde, y frente a los diputados, entregó los detalles, explicitando que se incluiría como rol de las FF.AA “la protección de la vida de las personas”.

“Como gobierno hemos planteado en cada una de las ocasiones que se ha discutido la renovación de este decreto, que la dictación significa la aplicación de todas las normas independiente del encabezado que tenga el decreto, la motivación por la cual se restableció el Estado de Excepción es porque teníamos un problema muy severo de interrupción de las vías, sin perjuicio de lo cual, la aplicación plena de todas las posibilidades está vigente. Sin embargo, nos ha parecido necesario, dada la evolución que ha tenido la situación en las últimas semanas, que sea explícito que la protección de las vías incluye la protección de la vida de las personas”, dijo en el hemiciclo.

“Quiero insistir que esto no modifica la opinión que el Ejecutivo siempre ha tenido, pero el artículo primero señala las motivaciones y nos parece hacer explícita esta motivación por el tipo de evolución que ha tenido el perfil de atentados en la zona”, agregó.

En el informe sobre la evaluación del Estado de Excepción que el Ejecutivo adjuntó en su solicitud de prórroga ingresada al Congreso -y al que tuvo acceso La Tercera-, se indicó que a pesar de que “se observa una mejora en las condiciones de seguridad a las que se enfrenta la ciudadanía que habita dentro de estos territorios, que se han traducido en una menor cantidad de ataques incendiarios, personas lesionadas y usurpaciones, tanto pacíficas como violentas (ver subtítulo) (...) se siguen observando eventos con altos niveles de violencia que han amenazado directamente la vida de personas y requieren que el Estado ocupe todas las herramientas disponibles para enfrentarlas”. Dando como ejemplo el ataque ocurrido el pasado 29 de agosto en el molino Grollmus en Contulmo, en donde tres personas resultaron heridas, una de ellas sufriendo la amputación de su pierna.

El texto agrega que “proteger la vida de las personas es la tarea número uno del Estado. Es a través del trabajo coordinado de las diferentes instituciones que lo componen que es posible fortalecer su presencia de manera eficaz para asegurar la seguridad integral de las personas. En este sentido, la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno ha tenido efectos positivos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos que involucran el uso de armas de fuego en el territorio bajo la medida de excepción constitucional”.

A finales de agosto, precisamente, trascendió la molestia del gobierno con el actuar de la Armada en las provincias donde rige el Estado de Excepción en la Región del Biobío. Poca visibilidad de efectivos en las rutas y demora en los traslados a lugares donde se necesita protección fueron algunos de los puntos que inquietaban al Ejecutivo. ”Nos parece indispensable que el estado de excepción cumpla el objetivo que tiene, que es prevenir, pero también responder de manera oportuna cuando hay riesgo de la vida de las personas”, indicó en esa oportunidad el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien viajó a la zona tras el ataque al molino Grollmus en Contulmo. Así, el 1 de septiembre el gobierno anunció el reforzamiento en el despliegue de efectivos en la zona, pero también comunicó que se reunirían con el jefe de la Defensa Nacional en la región, el contralmirante de la Armada, Juan Pablo Zúñiga, para abordar el tema.

No obstante, a pesar de que Tohá advirtió en la sala el cambio en el decreto, que sustenta el despliegue militar, el texto no estaba completamente tramitado por Contraloría, por lo que las bancadas de derecha cuestionaron la falta de la documentación necesaria para pronunciarse. Incluso, algunos legisladores advertían que podrían rechazar la prórroga. Esto motivó una reunión de emergencia de los comités para resolver qué hacer. A juicio de algunos miembros de la mesa de la Cámara, el rechazo implicaba que el Ejecutivo no podría renovar la presencia militar en el sur.

Sin embargo, en un hecho inusual, la Contraloría envió durante la misma sesión el nuevo decreto con su toma de razón, que fue incorporado dentro de la documentación oficial al filo de la votación. Con ello, finalmente la derecha se allanó a aprobar mayoritariamente la medida.

Minutos antes de la sesión de sala, en tanto, la jefa de gabinete se había reunido por cerca de una hora con integrantes de las bancadas parlamentarias del Norte y de La Araucanía.

En esos encuentros privados, Tohá aseguró a los legisladores que “no hay ninguna razón” por la cual “no se pueda intervenir” en lugares que no son las rutas o episodios distintos de interrupción de rutas.

En la misma línea afirmó que entendían que es importante dar una señal de que “este primer artículo si bien no cambia las atribuciones del Estado de Emergencia”, sí declara por qué la autoridad lo está dictando.

La ministra le señaló también a los diputados que esto es un tema que se venía trabajando hace un tiempo, desde el periodo en que estaba la anterior ministra del Interior, Izkia Siches, y que la modificación “va en el sentido de mantener el encabezado de protección de las rutas y agregar protección de la vida de las personas”.

Luego de diversas solicitud parlamentarias, el gobierno dio a conocer el decreto 262 el cual modificaba el decreto 189 relativo al Estado de Excepción.

“Que, en consideración a los más recientes acontecimientos se ha observado un cambio de circunstancias en las acciones contrarias al orden público, que hace necesario que la protección de la vida de las personas sea también contemplada en dicha focalización”, dice el documento que fue visado por la Contraloría.

Y se agrega que “a través de esta reformulación se espera poder ampliar el ámbito de eficacia de la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías, y del apoyo del personal, medios y equipamiento técnico y logístico de las Fuerzas Armadas”.

Es así como el inciso primero del artículo primero fue modificado para establecer que “las medidas adoptadas en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, y la protección de la vida de las personas”.

Según información emitida por el gobierno, durante los 110 días transcurridos entre el 18 de mayo al 4 de septiembre, los eventos denominados como violencia rural “han disminuido un 18%, respecto a los 82 días inmediatamente anteriores dentro de la Macrozona Sur”.

“Más aún, el 95% de los casos ocurre dentro de las provincias donde se implementó el Estado de Excepción Constitucional (EFC), lugares donde se ha observado una disminución del 21% de los casos de violencia rural una vez entrada en vigencia la medida constitucional”, agregaron.

Respecto al mismo periodo del año anterior “los eventos de violencia han disminuido un 45% en toda la macrozona y un 48% en las provincias comprendidas bajo la medida.

Además se informó que las personas lesionadas “han tenido una disminución del 41% dentro de las provincias bajo el EEC, pasando de 81 a 48 en el mismo periodo de un año a otro”. Por último, desde el Gobierno indicaron que “se han reducido en un 55% los eventos con presencia de armas de fuego”.