Voto obligatorio con multa les genera un nuevo problema financiero a Marcel y Lobos

Más de 100 mil millones de pesos (exactamente $101.774.971.000) destinó el Fisco en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias para pagar los reembolsos que se entregan a candidatos y partidos políticos por cada voto obtenido.

Entonces aún regía el sistema de voto voluntario, en el que no se aplicaban multas a quienes no concurrieran a las urnas.

Sin embargo, un mayor flujo de electores tendrá el regreso del voto obligatorio, que ya operó en los pasados comicios regionales y municipales y debutará en elecciones presidenciales y parlamentarias este año. Incluso, ese caudal de votantes podría ser mayor si en los próximos meses prospera la reforma, empujada por la oposición, que fija una multa a quienes no voten.

Ello se traducirá en un nuevo problema financiero al ministro de Hacienda, Mario Marcel -hoy embarcado en un plan para reducir el gasto público-, debido que al haber más votos emitidos, más reembolsos deberá realizar el Fisco.

Actualmente -a raíz de la reforma del financiamiento de la política de 2016 que prohibió las donaciones empresariales a las campañas, a cambio de un aporte estatal parejo- los candidatos reciben un reembolso por cada voto obtenido del orden de los 1.550 pesos, mientras que los partidos reciben otros 580 pesos adicionales por cada sufragio logrado por sus postulantes.

Por tal razón, en las pasadas elecciones regionales y municipales, a pesar de la resistencia de partidos como la UDI, el PPD y el PS, el gobierno a duras penas logró reducir los montos de esos reembolsos. Sin embargo, fue solo una rebaja transitoria, porque la multa que se aplicó el año pasado también tenía una aplicación exclusiva para esos comicios, que excepcionalmente se desarrollaron en dos días.

Entonces el gobierno alertó que de no haber rebaja por cada voto el Fisco iba tener que desembolsar 30 mil millones de pesos adicionales.

Si bien estas cifras son menores respecto de los mayores problemas fiscales que enfrenta Marcel, el hecho tensiona aun más su estricto plan de austeridad.

De hecho, esta preocupación del Ejecutivo volvió a activarse luego de que la Comisión de Gobierno del Senado despachara a la sala la reforma electoral que consagra la multa para quienes no voten, ahora de forma permanente.

Según el texto que fue aprobado por la comisión y que podría ser puesto en discusión la próxima semana, la falta por no votar será sancionada con multa a beneficio municipal de 0,5 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre 34 mil pesos y 340 mil pesos. Incluso, los senadores acordaron doblar la sanción en caso de reincidencia en las dos últimas elecciones.

Esta mañana la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, en T13 Radio, admitió la inquietud por el avance de esta iniciativa, que tiene una serie de implicancias, no solo fiscales, sino también por el voto de los extranjeros. “Al gobierno le importan estos temas, y por eso digo que en la complementación de las medidas que estamos viendo también estamos viendo el tema del financiamiento”, indicó en conversación con Tele13 Radio.

“Si uno piensa, con voto obligatorio, también hay que cambiar las reglas de financiamiento. Ya se discutió el año pasado, también se hizo de manera transitoria para las elecciones que fueron el año pasado, pero nos parece muy importante ese tema, y por eso el tema del financiamiento es un tema que está previsto para el Ejecutivo avanzar también en la reforma legal”.

Incluso, la ministra no descartó que el factor del financiamiento sea una de las razones que explicarían la alta cantidad de aspirantes a La Moneda.

“Puede ser uno de los elementos, hay gente que tiene una percepción muy alta de sí misma y puede creer que efectivamente está en condiciones de conducir el país con los desafíos que eso significa”, sostuvo, agregando que “sin duda” se deben cambiar ciertos temas en la legislación vigente.

En todo caso, el gobierno aún estaba golpeado ayer porque la misma Comisión de Gobierno declaró inadmisibles tres indicaciones del Ejecutivo al proyecto que buscaba restringir el voto de los extranjeros solo a las elecciones municipales y plebiscitos, impidiendo su sufragio en los comicios presidenciales y parlamentarios. Además, estas fallidas enmiendas pretendían exigir un certificado penal y la residencia definitiva para habilitar el derecho a voto.

Aunque las alternativas del gobierno para resucitar estas indicaciones son casi nulas, salvo que se incluyan estas medidas en otro proyecto, ayer la ministra dijo que pedirán en la sala un segundo informe a la comisión para reabrir el debate sobre los extranjeros, que en Chile tienen mayores facilidades para sufragar que en otros países.

Incluso, se estima que por la última oleada migratoria los ciudadanos foráneos que podrían votar llegarían al millón en las próximas elecciones.