El potencial de Chile como líder estratégico en inversión en energías renovables y creación de empleo verde

Con una industria portuaria estratégica y un enorme potencial en energías renovables, Chile podría beneficiarse de un impuesto global al carbono en el transporte marítimo, captando inversiones y generando miles de empleos verdes.
América Latina tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones en energías renovables a través de la recaudación de un Impuesto al Carbono en el Transporte Marítimo, medida que la Organización Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas busca definir en abrfil y que podría generar hasta 60.000 millones de dólares anuales para financiar la transición energética en países en desarrollo.
Gracias al potencial de su sector energético, la región podría convertirse en un epicentro de producción de hidrógeno verde, impulsando la modernización portuaria y el abastecimiento de una nueva flota marítima con menor consumo de combustibles fósiles.
La transición del transporte marítimo a energías renovables podría generar hasta 4 millones de nuevos empleos para 2050, principalmente en el Sur Global.
El impacto en Chile
En el caso de Chile, depende del transporte marítimo tanto para el transporte interno como para comerciar con el mundo. El 89% de las importaciones y el 97% de las exportaciones se mueven en barco y pasan por los más de 50 puertos y dársenas distribuidos a lo largo del territorio nacional.
El país corre con ventaja para desarrollar una industria marítima en base a hidrógeno verde y otros combustibles que no generen emisiones de gases efecto invernadero, para poder lograr reducir su impacto ambiental.
Para dimensionar el impacto que tendrá el hidrógeno verde, la industria ha sido enfática en recalcar que representa una oportunidad única para liderar la transición energética global y reducir emisiones.
Si miramos una discusión realizada por el Banco Central en septiembre de 2024, titulada “Hidrógeno verde en Chile: perspectivas de demanda e inversión”, proyecciones de los últimos años comparten que se podría producir hidrógeno verde a menos de USD 1,5 por kilo, uno de los costos más bajos del mundo. A ello, se estima que este sector podría generar inversiones por más de USD 200 mil millones y crear alrededor de 100.000 empleos durante los próximos años.
Además, el hidrógeno verde permitiría a Chile diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de combustibles fósiles, lo que fortalecería su seguridad energética, un tema en debate desde el mega apagón ocurrido durante febrero.
El desarrollo de un impuesto a las emisiones en el transporte podría destinar esos fondos a financiar la creación de una industria del hidrógeno verde en los puertos de mayor importancia comercial para comenzar a descarbonizar el transporte marítimo.
Además, informes y reportes del Ministerio de Energía dan cuenta que Chile se encuentra en un escenario favorable tanto a nivel de provisión de energías renovables como a nivel de inversión de las mismas. Se calcula que el país tiene un potencial de producción de 1200 GW de energía solar, y el dinero que se destina a energías renovables muestra un crecimiento sostenido en el tiempo.
Se calcula que de desarrollarse el hidrógeno verde, la provisión de estos electro combustibles a los puertos que visitan Chile generaría una inversión de entre 65 y 90 mil millones de dólares para desarrollar esta infraestructura baja en emisiones
De este modo, Chile podría posicionarse como un hub estratégico para la energía limpia y la logística marítima sostenible.
Los 176 gobiernos de la OMI, incluido aquellos de América Latina, reanudarán sus negociaciones sobre los detalles clave de esta regulación (el precio, el alcance y la distribución de ingresos), antes de finalizar en una Cumbre en abril de este año.
“Todos los países miembros de la OMI, incluyendo los latinoamericanos, acordaron por consenso en 2023 descarbonizar la industria para mitad de siglo, y que para ello es necesario imponer un precio global a las emisiones de carbono del transporte marítimo”, dijo Tania Miranda, Directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas.
A ello, Miranda agrega:
“Ahora, tienen la oportunidad de diseñar esta política de una manera que beneficie a nuestras comunidades e industrias. Esta medida impulsaría la inversión en proyectos de energía renovable en toda América Latina, y los futuros ingresos de un impuesto podrían ayudar a que nuestros puertos y cadenas de suministro sean más resilientes al cambio climático”.
Más de 45 países ya apoyan esta medida, que además de atraer inversiones y generar empleo, permitiría reducir las emisiones del transporte marítimo y posicionar a la región como un actor clave en la economía del futuro. En la próxima votación de la OMI, América Latina tiene la oportunidad de liderar el cambio y negociar los beneficios económicos de la transición energética.
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