Una nueva arremetida lanzaron en tribunales Pablo Alcalde, Nicolás Ramírez y Julián Moreno, expresidente, exgerente general y exgerente de productos de La Polar, respectivamente. A 13 años del denominado caso La Polar, esta vez los exejecutivos buscan revocar en la Corte Suprema la sentencia que los condena a pagar US$100 millones a AFP Provida por los daños sufridos por los fondos de pensiones que administraba durante las repactaciones unilaterales de 2011.

En primera instancia el 26° Juzgado Civil de Santiago desestimó la demanda de AFP Provida, pero el pasado 24 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que existiría un perjuicio indemnizable y que ello se determinaría en base a lo ocurrido en el juicio que inició AFP Provida en contra de PwC.

En su presentación, Pablo Alcalde sostuvo que el presente juicio es “muy similar al recientemente fallado por la Corte Suprema, iniciado por la Administradora de Fondos de Inversión Moneda, en el que pide ser indemnizada por supuestos perjuicios en base a una comparación de valores de determinados activos en referencia a fechas arbitrarias fijados por la demandante, pero que el máximo tribunal del país acaba de rechazar, señalando que ello no da cuenta de perjuicios indemnizables”.

Por otro lado, el expresidente de La Polar denunció que el tribunal de alzada cita como fundamento en su laudo una sentencia de un proceso judicial ajeno al presente juicio, el cual se refiere a supuestos perjuicios por otro período. “Eso es apartarse del mérito del proceso, infringir el principio de congruencia e incurrir en un manifiesto vicio de extrapetita”, consignó el escrito patrocinado por el abogado Guillermo Chahuán, socio de Chahuán Letelier, quien también representa a el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi.

AFP Provida en su demanda detalló que al 8 de junio de 2011 tenía un total de $101.568 millones invertidos en bonos y acciones emitidas por La Polar. A dicha fecha, el precio de la acción se encontraba en $2.336,2, por lo que en acciones tenía invertidos $40.306 millones; mientras que en bonos $61.261 millones.

El día 9 de junio de 2011, con ocasión de la comunicación de un hecho esencial, se conocieron por el mercado determinadas prácticas irregulares ocurridas dentro de La Polar. A partir de este hecho, el valor de la acción de La Polar disminuyó y varió notoriamente en los meses y años siguientes.

AFP Provida argumentó que el menor valor del precio de las acciones de La Polar, comparando las fechas 8 de junio de 2011 y 30 de noviembre de 2011, serían los perjuicios que deberían ser indemnizados por los demandados.

Por su parte, Julián Moreno de Pablo, representado por el abogado Esteban Barra, sostuvo que “la sentencia recurrida se ha pronunciado respecto de puntos que no han sido sometidos a su decisión. Esta causal da cuenta del vicio de extra petita, que según la Corte Suprema, implica una transgresión al principio de congruencia que debe regir el curso del proceso”.

Su defensa insistió en que quien debe asumir los perjuicios reclamados por AFP Provida no son los exejecutivos de La Polar, sino que PwC. “El legitimado pasivo de la acción de Provida ante el 26° Juzgado Civil de Santiago es PWC. De esta forma, al haber suplantado el tribunal de segunda su decisión por aquella adoptada por la Excma. Corte Suprema con ocasión de los recursos que se interpusieron en aquellos autos, ha extendido su pronunciamiento a puntos no comprendidos en la cuestión debatida, esto es, el monto que PWC debe o no indemnizar a Provida”, acotó.

En tanto, la defensa de Nicolás Ramírez, encabezada por el abogado Mario Rojas, cuestionó los supuestos perjuicios sufridos por los fondos de pensiones de AFP Provida, señalando que el daño sólo se concreta con la venta de la acción (o bono), ya que siempre puede recuperar su valor o incluso incrementarlo a más de lo que había sido antes de conocerse el hecho esencial que detalló las repactaciones unilaterales.

“Es hecho asentado que la demandante mantuvo las acciones durante el período de 8 de junio de 2011 y 30 de noviembre del mismo año. Es hecho cierto que no acreditó (más ni siquiera alegó) y no existe en el expediente antecedente alguno al respecto que dé cuenta de los extremos que alude la sentencia para determinar la efectividad de un daño a valores bursátiles como este caso (acciones y bonos). Solo hay antecedentes que darían cuenta del valor de la acción al 8 de junio de 2011 y al 30 de noviembre, pero no reflejan un verdadero detrimento patrimonial (como dice la sentencia), porque la característica natural de esta clase de bienes radica en su volatilidad y flotabilidad por diferentes factores. De este modo, el daño sólo se concretiza, o sea, tiene el carácter de cierto cuando el bien se vende”, concluyó.