Un viejo anhelo del sector inmobiliario podría concretarse luego de las medidas que anunciará este mediodía el Gobierno para impulsar la inversión. Se trata de una garantía estatal para el financiamiento del 10% del pie en los créditos hipotecarios de aquellos compradores que estén adquiriendo su primera vivienda nueva.

El anuncio que se realizará hoy, forma parte de una agenda que incluye un total de 28 medidas en seis áreas: estímulos tributarios a la inversión privada; mejoras al acceso al financiamiento; propuestas para mejorar la inversión pública; promover la inversión extranjera; mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión.

La garantía estatal al pie para la compra de una primera vivienda forma parte del segundo ítem, y donde el diagnóstico del Ejecutivo es que el alza constante que ha experimentado la tasa de interés ha afectado “en especial el otorgamiento de créditos hipotecarios”.

De hecho, cabe recordar que la semana pasada, el Banco Central elevó el tipo rector hasta un 10,75%. E incluso, los consultores y analistas esperan que el instituto emisor lleve la tasa a un 11% en octubre, nivel en el que se mantendría al menos hasta febrero de 2023.

Según detalla una minuta del Gobierno, la medida permitiría que los bancos otorguen financiamiento al 90%, sin costos adicionales por provisiones para cubrir el riesgo del crédito. Esto significaría, además, menores exigencias de ahorro y un mayor dinamismo en el mercado inmobiliario.

La solución se ajusta a lo que contempla el Decreto Supremo N°1/2011, que aprueba el Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, mediante una “garantía estatal de remate”.

La garantía estatal de remate es un pago que efectúa el MINVU a las entidades crediticias, en caso de que, al rematarse la vivienda, el producto del remate no logre cubrir la totalidad del crédito. Dicho pago corresponde al saldo insoluto de la deuda, con sus intereses y comisiones devengadas, cuando corresponda, incluyendo las costas del juicio.

Desde mediados de junio de 2020, el gremio que agrupa al sector inmobiliario venía solicitando esta medida. En medio de la pandemia, la Cámara Chilena de la Construcción planteó sus propuestas para facilitar el acceso a la vivienda, señalando por ejemplo una reducción parcial de impuestos y gastos de compraventa de viviendas, así como descontar de impuesto el dividendo de los créditos hipotecarios, entre otras.

El plan fue presentado por el entonces presidente del gremio constructor, Patricio Donoso, y contemplaba una inversión total de US$22.600 millones, considerando US$10.290 millones de inversión pública y US$12.310 millones de inversión privada.

Además de crear una garantía estatal al pago del pie para la compra de primera vivienda, también proponía aplazar la aplicación de nuevas condiciones para acceso a crédito bancario, perfeccionar e impulsar el subsidio de arriendo y crear un subsidio especial para familias jóvenes allegadas.

La minuta del Gobierno indica que la concreción de la agenda “permitirá impulsar la inversión total en por lo menos 5 puntos porcentuales durante 2023, con arrastres adicionales en 2024″.

La estimación viene a hacer frente a las magras previsiones que se han presentado para las inversiones en el país, y en medio de un contexto adverso para la inyección de recursos a proyectos. Ya la semana pasad, el Banco Central empeoró las previsiones para la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) del próximo año, y si en junio estimaba una caída del 2,2%, en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) prevé una contracción del 3,3%.

Hoy, los economistas que son consultados mensualmente por el instituto emisor fueron aún más pesimistas. Según los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), el grupo de expertos prevé una caída de la inversión de 3% para este año y de 4% para 2023, lo que viene a reflejar el duro ambiente para los proyectos hacia adelante.