Una fuerte disputa mantiene el empresario Álvaro Jalaff, a través de la sociedad de inversiones Lago Rango SpA con la veedora de Factop, Daniela Camus. Esto luego que la interventora lanzara una nueva arremetida en contra de la resolución que dio luz verde a la verificación de un millonario crédito del exCEO de Grupo Patio por $1.400 millones en el proceso de reorganización.

El pasado 3 de febrero de 2024, la abogada interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución del 31 de enero que dejó sin efecto su solicitud de corrección de ofició instando al 7° Juzgado Civil de Santiago a que rechace totalmente la verificación del crédito del exCEO de Grupo Patio.

Frente a la arremetida de la veedora, el empresario Álvaro Jalaff por primera vez se refiere al denominado caso Factop y explicó a Pulso que: “la verificación de Lago Ranco forma parte de las acciones que estoy emprendiendo debido a los perjuicios ocasionados por Factop y sus asociados, quienes llevaron a cabo operaciones sin nuestro consentimiento. Nos dimos cuenta de esto al revisar los registros de nuestras compañías. Nuestro equipo legal, liderado por los abogados Hugo Rivera y Rodrigo Cataldo, está encargado de hacer valer nuestros derechos, los cuales consideramos que han sido vulnerados, causándonos daños patrimoniales y reputacionales que hemos decidido perseguir legalmente”.

El factoring, propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, está envuelto en una polémica trama judicial por la divulgación de una grabación de una conversación privada que sostuvieron Daniel Sauer, gerente general de Factop y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en la que planeaban el pago de sobornos a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Lo anterior se enmarca en una investigación por los presuntos delitos de estafa, facilitación de documentación tributaria falsa, invasión del giro bancario y lavado de activos.

En el audio de la conversación entre Hermosilla, Villalobos y Sauer se menciona en varias ocasiones la palabra “Patio”. A raíz del caso, el operador de centros comerciales debió salir a aclarar a mediados de noviembre que “no ha tenido participación en las operaciones de facturas que se investigan en el caso Factop”. Dijo también que “esas referencias no son alusivas a Grupo Patio SpA, sino a sociedades de inversión en las cuales participa la familia Jalaff aguas arriba”.

El 28 de septiembre de 2023, Factop solicitó al 7° Juzgado Civil de Santiago el inicio de un proceso de reorganización concursal, detallando sus pasivos ascienden a $59.304 millones. Los tres principales acreedores son Tanner Servicios Financieros, con $5.919 millones, representando 12,6% del total, seguida por el fondo inglés Global SME Growht Fund LP, con $ 5.548 millones (11,8% del total) y el Fondo de Inversión Privado Facturas, representado por BTG, con $1.823 millones (3,8%).

Según explicó la veedora, Daniel Camus en su presentación, a la que tuvo acceso Pulso, la verificación del crédito por $1.400 millones estuvo fuera de plazo. Esto debido a que la solicitud se planea el 14 de diciembre de 2023 y el plazo había vencido el 1 de diciembre del año pasado.

La discrepancia se produce en el marco de dos audiencias que se avecinan en pocos días en el proceso de reorganización. El próximo 13 de febrero de 2024 a las 10:30 horas se llevará a cabo la audiencia de fallo de impugnación prevista en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Posteriormente, el 23 de febrero también a las 10:30 horas está agendada la audiencia de la junta de acreedores que deberá votar si aprueba o rechaza la propuesta.

Quienes conocen la interna de Factop reconocen que la empresa está quebrada y no hay que ver este proceso como una reorganización normal, pues parte de sus dueños están haciendo los esfuerzos para pagar a sus acreedores. Esto en la lógica de evitar una quiebra que acarrearía mayores gravámenes a los bienes a repartir, como la remuneración de un liquidador. Daniel y Ariel Sauer pusieron a disposición de la junta de acreedores sus casas y activos societarios. Ello pese a que nada les impide la venta de sus bienes.