Alza de impuestos: la vacuna que se suministra en el mundo ante la presión fiscal a la que somete la pandemia

“Una vez pasada la expansión fiscal del 2020 que originó la pandemia, ahora es tiempo de empezar a pagar las cuentas y corregir los desequilibrios”, señala Alfredo Coutiño, analista para América Latina de Moody’s Analytics. Se trata de una tendencia que no solo se observa en nuestro vecindario y que tampoco se acota a aquellos países que estuvieron más complicados con el coronavirus.

De hecho, Nueva Zelandia, que no padeció tanto a causa del virus, es uno de los países que ya definió una ruta para recaudar más impuestos: gravar con más impuestos a los segmento con más ingresos. Aunque las fórmulas varían de país en país, lo cierto es que esa es la tendencia que predomina, tal como da cuenta la propuesta de Estados Unidos y el debate que tiene lugar en Colombia, donde la propuesta de apuntar al IVA se tuvo que retirar ante la manifestación social.

Después de todo, el asunto se debe abordar con mucho cuidado. “Es políticamente sensible y delicado en una sociedad lastimada tanto por la pandemia como por la falta de atención a los rezagos acumulados en el bienestar social”, sostiene Coutiño. Estás son algunas de las experiencias a nivel internacional.

Tras un nuevo plan de soporte fiscal y otro enfocado en infraestructura, a fines del mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un ambicioso proyecto para revitalizar los hogares del país, el cual contempla un gasto de US$1,8 billones (millones de millones) en el curso de diez años.

El Plan de Familias Estadounidenses tiene varios objetivos, entre ellos ampliar en cuatro años la gratuidad de la educación de niños, dos años de preescolar y otros dos de escuela. También se pretende ayudar a los colegios y universidades que sirven a grupos minoritarios; apoyar los programas de nutrición y la extensión de subsidios actualmente mejorados del Obamacare.

Para ello, Biden propone aumentar la tasa corporativa de 21% a 28%, al mismo tiempo que se aplicaría un impuesto mínimo de 15% a los ingresos contables corporativos. En tanto, los ingresos que las empresas estadounidenses generen en el extranjero quedarían gravados con un impuesto de 21%.

Con estas modificaciones se revertiría gran parte de la reforma de la administración de Donald Trump. Lo mismo ocurre con la tasa impositiva federal sobre la renta individual máxima, que sube desde 37% a 39,6% para aquellos con ingresos sobre los US$400.000 anuales (unos 23 millones de pesos chilenos al mes).

Adicionalmente el plan, que está en bajo la revisión del Congreso, contempla que los contribuyentes con ingresos superiores a US$ 1 millón pagarían un impuesto del 43,4% sobre las ganancias de capital.

“Todos los movimientos tributarios que haga Estados Unidos obligan a ser analizados por el resto de los países latinoamericanos, pues marcan los próximos movimientos de las grandes corporaciones o riquezas”, señala a la luz de estos detalles Pilar Cabello, socia de auditoría del estudio Cabello Abogados Tributarios. Además, señala que la disposición de algunas grandes fortunas estadounidenses a aportar más en impuestos “debiera marcar tendencia en todas partes, algunos en Chile quizás estén dispuestos. Esperemos”.

Según cálculos de Tax Foundation, la carga tributaria sobre los más adinerados del país podría sobrepasar el 60%, considerando la combinación del impuesto al patrimonio, la tasa más alta sobre las ganancias de capital y la derogación de la “base step-up”, que hace referencia al reajuste del valor de un activo apreciado a efectos fiscales sobre la herencia.

La reforma que desató la ira colectiva en Colombia y tenía preocupados incluso a varios sectores empresariales, entre ellos el de agricultores, iba a buscar un financiamiento de US$ 6.294 millones para programas sociales con una ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 19% a productos básico, entre ellos algunos alimentos, y a servicios básicos, como agua, luz y gas.

Adicionalmente, el proyecto ya retirado contemplaba un impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.

“Esta reforma colombiana difícilmente tenía la capacidad de transformarse en tendencia en la región. Ya hay una conciencia de entre los gobiernos latinoamericanos respecto a que las tensiones sociales siguen latentes y que no es el momento adecuado para este tipo de reformas”, indica Leandro Lima, analista de Control Risks.

De hecho, las medidas antes mencionadas quedaron desechadas por el gobierno de Iván Duque el domingo pasado, momento en el que se comprometió a no tocar el IVA ni a las clases medias en la reforma tributaria.

Con conversaciones avanzadas con diferentes sectores de la sociedad, el mandatario además adelantó “líneas que se han evaluado”, entre ellas “una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos”.

Las luces más concretas respecto a cómo lucirá el nuevo proyecto han venido de la propuesta de la Asociación de Industrias (ANDI), respaldada por el Consejo Gremial Nacional (CG), que agrupa a los 29 sectores que representan prácticamente todo el aparato económico del país.

Ellos plantean una reforma que recaude un total de US$ 3.655 millones, con el aplazamiento de la reducción de la tarifa de renta corporativa, la aplicación de tarifas marginales al impuesto al patrimonio y que se aumente la tarifa del impuesto a los dividendos de 10% a 15%.

Aunque es uno de los países que más ha destacado por su efectivo manejo de la pandemia, la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, decidió avanzar en la búsqueda de más recursos fiscales, al mismo tiempo que subió el sueldo mínimo, desde US$13,76 hasta US$14,56 la hora, beneficiando a alrededor de 175 mil personas y cumpliendo así una promesa de campaña.

A partir de un proyecto que el gobierno presentó en diciembre de 2020, que fue aprobado en marzo y entró en vigencia en abril de este año, el país determinó subir desde 33% a 39% la tasa marginal que se aplica a todas las personas naturales que perciben ingresos superiores a US$ 131 mil anuales.

La reforma también contempla una tasa de impuesto “de retención de terrenos residenciales (RLWT) de 39%, sobre las ventas de terrenos residenciales por personas en el extranjero”, detalla un reporte de KPMG.

Respecto a las modificaciones en su conjunto, Ardern aseguró que “representan mejoras reales y largamente esperadas en el apoyo que prestamos a los más vulnerables”.

En esa misma línea, la líder política laborista añadió que “aún queda mucho por hacer, incluida la construcción de más viviendas, la mejora de nuestro sistema de salud, la inversión en educación, capacitación y oportunidades laborales”.

Argentina puso en marcha en enero su propio impuesto a las personas de patrimonios más altos, cuya aplicación -a diferencia del que aplica Nueva Zelandia- no perdura en el tiempo, sino que grava en una sola oportunidad y de manera progresiva a las personas naturales que ostenten un patrimonio superior a los US$ 2,17 millones.

Aprobada a fines del año pasado, busca recursos puntualmente para abordar la emergencia de la pandemia, en una economía sin acceso a financiamiento en el exterior. Y aunque la opositora Fuerza por el Cambio, la calificó de “confiscatoria”, mientras que los afectados se movían para evitarla, al día de hoy ya muestra algunos resultados.

De acuerdo a la información revelada por el propio gobierno, el nuevo tributo ha recaudado US$ 2.400 millones (al dólar oficial). De acuerdo a los detalles, son 10.000 los contribuyentes, con activos superiores a 200 millones, los que han pagado el gravamen que equivale al 5,25%. La recaudación es cerca de 75% de lo que esperaba recaudar originalmente el gobierno con la medida.

Aunque son varias las fortunas que han tomado medidas legales para evitar el pago, el fisco saca cuentas alegres, dado que en marzo sus ingresos vieron un incremento de 72% en relación al mismo mes del año anterior.

La adoptada por los argentino la siguen de cerca otros países de la región, como Perú, México y Chile, que tienen sus propios debates en la materia. “Esta medida la han ido tomando varios países puesto que no hay muchas otras alternativas que permitan recaudar dinero para en ayuda a disminuir los graves impactos de la Pandemia en el corto plazo”, sostiene Cabello. “Debe ser un tema de estudio obligatorio para todos los países, pero también se espera que sea equilibrado y no confiscatorio”, subraya.