Aprueban con reparos: grupo amplio de 25 economistas se inclina por el “A favor” en plebiscito

Un grupo de 25 economistas de diferentes sensibilidades firmó una declaración donde apoyan, con reparos, la nueva propuesta constitucional que terminó por aprobarse la semana pasada en el pleno del órgano redactor.

“Si bien la propuesta es perfectible y tiene algunos problemas generados por las modificaciones realizadas al anteproyecto propuesto por la Comisión Experta, los firmantes destacamos su origen plenamente democrático y creemos que la propuesta cumple a grandes rasgos con los objetivos que se buscaban al inicio del proceso constitucional”, afirma la misiva.

La declaración fue firmada por economistas de la ex Concertación como el exvicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial; el exdecano de la FEN de Universidad de Chile, Manuel Agosín; y el exsuperintendente de Valores y Seguros y exsubsecretario de Hacienda, Alvaro Clarke. También participaron economistas de centroderecha como el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo; el execonomista Jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel; la integrante del consejo asesor de Clapes UC, Iris Boeninger; la economista de Pivotes, Elisa Cabezón; la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal; y la economista de la Universidad San Sebastián, Michèle Labbé.

Se sumaron también José Ignacio Llodra, economista UC; Miguel Lorca, economista de la Universidad de New South Wales (Australia); Francisco Parro, profesor Universidad Adolfo Ibáñez; Francisca Pérez, economista principal del BCI; y Rafael Sánchez, profesor de Universidad Diego Portales, entre otros.

Según los expertos, el nuevo texto “propone un diseño institucional que representa una mejora en términos de gobernabilidad, estabilidad, democracia y derechos sociales, junto con orientar y facilitar que actores políticos, sociales y económicos actúen de forma coordinada y cooperativa en favor del bienestar general de la nación. Asimismo, sostenemos que la Constitución vigente ha sido sobrepasada por la realidad y su aplicación en reiteradas instancias ha quedado en entredicho, lo cual hace indispensable el establecimiento de una nueva Constitución que rija en la práctica y posea legitimidad sustantiva de la ciudadanía”.

El grupo amplio de economistas y académicos destacó de la propuesta constitucional el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho, la mejora en la gobernabilidad y participación en el sistema político, el fortalecimiento de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias de administración financiera del Estado y la modernización del carácter técnico y autónomo del Banco Central.

Asimismo, resaltaron la modernización de la administración del Estado y la creación de un Consejo de Evaluación de Políticas Públicas, el establecimiento de la erradicación de la corrupción como deber del Estado, el establecimiento del derecho a la propiedad privada en bienes corporales como incorporales, y la mayor protección del medioambiente por parte del Estado, entre otros.

Sin embargo, los mismos participantes creen que hay elementos que pueden perfeccionarse del texto. “Algunos de ellos tienen que ver con modificaciones realizadas al texto emanado de la Comisión de Expertos, tales como la eliminación del pago de contribuciones de bienes raíces a la primera vivienda y la incorporación de gastos deducibles de impuestos. Estimamos que estos temas debieran ser materia de discusión parlamentaria en base a un proyecto de ley y no parte de una Constitución. Reconociendo que las constituciones son dinámicas y cambian para adaptarse de mejor forma a las necesidades sociopolíticas del país, esperamos que tales normas sean ampliamente discutidas en el Congreso Nacional con miras a un perfeccionamiento de la Constitución, a través de discusiones que lleguen a acuerdos transversales y con una mirada de largo plazo, si el borrador es definitivamente aprobado por la ciudadanía”, concluye la declaración.