En diciembre de 2023, el gobierno de Gabriel Boric anunciaba el proyecto para establecer una nueva Ley General de Pesca, que derogaba la polémica Ley Longueira. Pero la extensión de la iniciativa -originalmente contaba con 365 artículos- que ingresó a trámite el 2 de enero de 2024, al reordenar normativas contenidas en diferentes leyes, demoró tanto la discusión como su votación en la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

De hecho, actualmente el proyecto original de Pesca lleva recién un tercio de artículos votados.

Por eso, en septiembre de 2024 el Ejecutivo decidió separar solo dos de los artículos clave para llevarlos en paralelo con otro proyecto de ley, que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial. En simple, se trata de la distribución del recurso pesquero, que -en la visión del Ejecutivo- presenta inequidades necesarias de corregir.

En concreto, la iniciativa propone distribuciones diferenciadas por zona geográfica para un total de 18 pesquerías, fijando para ello, en primer término, una cuota global de captura, que tomará como base los desembarcos reales que han realizado tanto las flotas artesanales como industriales en cada zona. A ello se suman antecedentes científicos y registrales tanto de Subpesca como Sernapesca.

Y más allá de los detalles, el proyecto de fraccionamiento ha tenido una tramitación mucho más veloz que el original. En su primer mes pasó de la misma comisión de Pesca de la Cámara a la de Hacienda, y ya el 30 de octubre fue visto por la Sala, donde la votación en general contó con 117 votos a favor y dos en contra, mientras que en particular la votación más baja que tuvieron algunos incisos fue de 107 votos a favor, y la mayoría estuvieron entre 108 y 117 votos favorables.

Eso sí, ya en ese entonces la iniciativa despertó alertas en la industria y en sectores de la oposición. De hecho, el diputado UDI Sergio Bobadilla formuló una reserva de constitucionalidad.

Así, el proyecto llegó a la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, donde comenzó a recibir indicaciones en enero, y que configuran el escenario actual del proyecto. Uno que ha sido calificado como “expoliatorio” por parte de actores industriales, como Ricardo García, gerente general de Camanchaca.

En la actualidad, el sector pesquero industrial cuenta con licencias vigentes hasta el año 2032, donde cuenta con hasta el 95% de la principal pesquería del país, el jurel. (ver tabla)

Una de las pesquerías que concentra mayoritariamente las miradas de la industria es el jurel, al ser la más relevante del sector pesquero nacional. Un dato: la extracción de este recurso representó exportaciones por US$429 millones en 2023, y representa alrededor de un 80% de la recaudación fiscal asociada a la actividad pesquera.

Actualmente el proyecto en discusión fija para el caso del jurel porcentajes en tres zonas: de Valparaíso a Los Ríos, 25% artesanal y 75% industrial; en Los Lagos, 15% artesanal y 85% industrial; y en las regiones de Atacama y Coquimbo, quedarían con 25% artesanal y 75% industrial.

En tanto, para la zona entre Arica y Parinacota y Antofagasta, el recurso del jurel estaría siendo distribuido con un rango dinámico, de entre 10% y 20% para el sector artesanal, y de entre 90% y 80% para el industrial.

Este mecanismo implica que, si la industria no cumple con la captura efectiva de su asignación del año anterior, el fraccionamiento inicial planteado para el sector pesquero artesanal podrá aumentar en un 5% al año.

En el resto de las pesquerías, la distribución va así: para la anchoveta, entre Arica y Parinacota y Coquimbo, rangos de 80% a 50% para el sector artesanal y 20% a 50% para el industrial, pero porcentajes iniciales de 50% para cada uno. Los ajustes anuales dependerán de si el sector industrial cumple con una captura efectiva, sino aumentará en un 10% anual la cuota artesanal. Si la alcanza, en tanto, el sector industrial podrá mantener o aumentar su cuota en 10%. En tanto, entre Valparaíso y Los Lagos, el nuevo fraccionamiento sería de 90% para el sector artesanal y 10% para el industrial.

Para la sardina española, se realizaría de la misma manera que con la anchoveta.

La sardina común, entre Valparaíso y Los Lagos, quedaría en un 90% para el sector artesanal y 10% para el industrial. La merluza común, entre Coquimbo y Los Lagos, 43% artesanal y 57% industrial, pero la merluza de cola, entre Valparaíso y Magallanes, quedaría en un 5% para el sector artesanal, y 95% para el industrial.

En el caso de la merluza del sur, en el área marítima de Los Lagos, quedaría en un 30% para el sector industrial y un 70% para el artesanal, mientras que de Aysén a Magallanes, la proporción sería, respectivamente, de 40% y 60%.

Para el congrio dorado, entre Los Lagos y Magallanes, la distribución sería de 70% para el sector artesanal y 30% para el industrial.

En tanto, la jibia a nivel nacional quedaría en un 80% para el sector artesanal y 20% para el industrial.

Finalmente, la reineta quedaría a nivel nacional en un 97% para el sector artesanal y 3% para el industrial. Pesqueras como Friosur, ligada al empresario José Luis del Río, han cuestionado esta distribución, señalando que en Aysén la normativa implicaría pasar de capturar 3.700 toneladas a 900. “Eso significaría tener que eliminar un barco de la flota y la pérdida de 183 empleos, 103 directos”, dijo Enrique Garín, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Pesquera Friosur este miércoles.