El primer litigio por las rentas vitalicias: Grupo Ohio activa mecanismo de solución de controversias del TLC entre Chile y EE.UU.

Chile recibió este jueves el primer reclamo formal por la reforma constitucional que obligó a las compañías de seguro a adelantar hasta el 10% de las rentas vitalicias contratadas por sus clientes. El ministerio de Relaciones Exteriores recibió la primera presentación formal de una empresa estadounidense, el grupo asegurador Ohio, que activó así el procedimiento de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.

La compañía Ohio National Seguros de Vida confirmó por la tarde que una subsidiaria de Ohio National Financial Services, controladora de la sociedad chilena, envió una carta al canciller Andrés Allamand activando el procedimiento.

En particular, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos establece en su artículo 10.14, lo siguiente: “En caso de una controversia relativa a una inversión, el demandante y el demandado deben primero tratar de solucionar la controversia mediante consultas y negociación, lo que pudiera incluir el empleo de procedimientos de terceras partes de carácter no obligatorio”. Ese texto determina que el demandante podrá someter el caso al Convenio del Ciadi “siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivan la reclamación”.

Ohio reclama que la promulgación de la ley 21.330 sobre “anticipo de rentas vitalicias” así como “al actual clima de incerteza jurídica” tienen como consecuencia que el Estado de Chile esté infringiendo el derecho del grupo estadounidense a “recibir un trato justo y equitativo, así como las normas que prohíben todo tipo de expropiaciones directas e indirectas”. El conglomerado advierte, además, sobre las consecuencias que puedan derivar de “otras iniciativas legales en el mismo sentido”, alertando con ello sobre futuras reformas que busquen activar nuevos adelantos.

En su carta a Allamand, Ohio se reserva derechos y acciones para buscar en tribunales internacionales una compensación a los daños a su propiedad, “toda vez que se ha visto obligada a responder con su propio patrimonio” por la ley promulgada. La legislación aprobada por el Congreso adelanta el pago de las rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros.

La iniciativa legal, según estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, implicará el pago adelantado a los afiliados de unos US$ 2.600 millones. En total, 645 mil personas han optado por contratar rentas vitalicias, un sistema que permite al pensionado recibir de parte de las compañías de seguro una mensualidad fija de por vida a cambio del pago de una prima que se financia con el ahorro que éste acumuló en su cuenta de capitalización individual durante su vida activa.

Ohio National Seguros de Vida es la décima empresa en número de pólizas de rentas vitalicias en el mercado chileno, según información de la Asociación de Aseguradores, con 18.757 pólizas activas, todas ellas en la Región Metropolitana. La empresa, según describe en su memoria 2020, administra activos por $ 916.710 millones (unos US$ 1.300 millones) y tiene un patrimonio de $ 67.013 millones (casi US$ 100 millones).

El líder del mercado local de las rentas vitalicias es Confuturo, la compañía de seguros de la Cámara Chilena de la Construcción, seguida por la estadounidense Meltife y Consorcio Nacional.

El proceso iniciado de Ohio se produce dos días después del reclamo sectorial que manifestaron las empresas estadounidenses desde Estados Unidos. El lunes, Brad Smith, Chief International Officer del American Council of Life Insurers (ACLI), gremio que agrupa a compañías como Metlife (que en el mercado local tiene cerca de 15% en número de pólizas de rentas vitalicias), Principal (9%) y Ohio (3%), señaló que “la violación de los derechos legales y los daños a los activos y al patrimonio causados por este esquema en rentas vitalicias han puesto a las aseguradoras en la lamentable posición de tener que investigar todas las opciones legales disponibles para asegurar la protección de sus derechos legales ante la expropiación ilegal del gobierno”.

Ohio es la primera en activar acciones concretas, pero no será la única. Varias compañías de seguro locales e internacionales están analizando junto a sus abogados los caminos a seguir. Mientras Ohio estaría siendo representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie, Metlife, el mayor actor internacional presente en el mercado chileno está trabajando con Carey & Cia. El socio de ese bufete, Jaime Carey, es presidente de la compañía de seguros y el litigante a cargo de la controversia será Gonzalo Fernández.

Las firmas internacionales están estudiando caminos, pero todos los abogados consultados coinciden en que la vía más probable para ellas será activar demandas internacionales en tribunales como el Ciadi, antes de lo cual deben seguir el camino iniciado hoy por Ohio.

Las empresas controladas por accionistas nacionales, en tanto, están explorando caminos en la justicia chilena. La aseguradora de Consorcio es asesorada en este caso por el estudio Claro & Cia, mientras Penta, otro de los grandes actores del mercado, trabaja con Alfredo Alcaíno. Renta Nacional está trabajando con el jurista Emilio Pfeffer.

Estas empresas, afirma un abogado, requieren ir dejando registro de la actuación de los organismos del Estado para configurar los futuros casos judiciales. Por ejemplo, Renta Nacional impugnó la semana pasada un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que reguló los pagos a los afiliados, una reposición que aún no ha sido respondida por el organismo. Entre las compañías han evaluado diversos caminos: recursos de protección, recursos de ilegalidad, una acción de nulidad de derecho público o juicios de indemnización de perjuicios. Un abogado resalta que la reforma constitucional, establecida por una norma transitoria, incumple en Chile la ley del contrato.

La asociación del sector ya había contratado antes estudios en derecho al ex canciller Teodoro Ribera y al constitucionalista Francisco Zúñiga, quienes cuestionaron la reforma y sus efectos en el patrimonio de las compañías de seguro.