Telepizza y Pizza Hut cerraron su operación en Chile por un complejo escenario económico y la mayor competencia local.

Los detalles del proceso radican una presentación judicial que hiciera el miércoles el director de personas de Telepizza en Chile, José Omar Torres, en el que solicitó en representación de la compañía el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria.

En el documento, al que accedió Pulso, se detalla que la empresa forma parte del conglomerado internacional Grupo Telepizza, integrado a su vez en Food Delivery Brands (FDB), un conglomerado con más de 1.800 establecimientos en el mundo, incluyendo sucursales de Telepizza.

“La historia de Telepizza en Chile comenzó en 1992, con un rápido crecimiento que posicionó a la cadena como líder en el mercado nacional. En su apogeo, en 2014, logró ser la cadena de comida rápida con más locales en el país”, consignó el documento. La compañía indicó que en las dos décadas posteriores, creció bajo el modelo de franquicias.

Sin embargo, “una serie de factores externos desencadenaron su declive. La pandemia, la crisis económica global y los problemas en la cadena de suministro impactaron gravemente en la disponibilidad de insumos para la industria de restaurantes. Estas dificultades llevaron a la compañía a un estado financiero insostenible, que imposibilitó la continuidad de sus operaciones”, añadió.

“Es por ello que la sociedad ha decidido iniciar su proceso de liquidación voluntaria, de acuerdo con la Ley 20.720, dada la existencia de circunstancias relatadas, que implican la inviabilidad comercial del desarrollo de la empresa, sin los insumos constantes de dinero que eran recibidos para sostener la operación mes a mes”, sostuvo.

La empresa recordó que “en línea con la intención de adaptarse y ampliar su cuota en distintos mercados, y principalmente en Latinoamérica, en el año 2018, FDB estableció una alianza estratégica con Pizza Hut (perteneciente al grupo empresarial de Estados Unidos “Yum!”) para continuar con la operación de los locales Pizza Hut en parte de la Región”.

Pero aquello no dio los frutos esperados: “Este proyecto no permitió cumplir con los objetivos de FDB en la región, ni en Chile, lo que, sumado a las complicaciones financieras generadas por los factores externos como la competencia de parte de múltiples negocios de delivery y de entrega de comida, produjo una crisis financiera irremontable en la operación de Telepizza Chile”.

Según la compañía, las pérdidas acumuladas de Telepizza Chile ascienden a 72 millones de euros.

Según los balances entregados por Telepizza al tribunal, al menos acumula tres años de pérdidas consecutivos. En 2024 contabilizó pérdidas por $ 21.296 millones, un poco menos que los $ 23.386 millones de 2023 y los $ 24.792 millones del 2022. En total, los balances presentan pérdidas acumuladas por $ 79.281 millones al cierre del último ejercicio.

Los mayores acreedores de la empresa, según el documento presentado, incluyen a Axis Logística S.A., que lidera la lista con un crédito de $1.089 millones, representando el 36,02% del pasivo total. Le sigue Comercial CCU S.A., con un monto de $221 millones, equivalente al 7,31%. En tercer lugar se encuentra Molinera San Cristóbal, con una deuda de $154 millones, correspondiente al 5,10%. Otros acreedores destacados son Plaza Oeste S.p.A., con $93.585.448 (3,09%), y Arauco Malls Chile S.A., que registra un crédito de $82.382.471, representando el 2,72% del pasivo.

Entre los documentos presentados por Telepizza, se incluyó un anexo con la nómina de sus trabajadores. Este listado, de 24 páginas, reúne a un total de 1.400 personas que, debido al cierre de la operación, perderán sus empleos. La nómina incluye a empleados que han estado en la empresa desde el inicio de su operación en Chile, como Gabriela Molina, quien ingresó el 16 de mayo de 1995, desempeñándose como Team Member AR; Carlos Pezoa, Gerente de Restaurante 1 desde el 20 de agosto de 1998; y Carol Andrea Duarte León, Team Member AR, quien se unió el 14 de julio de 1998.

La solicitud de quiebra de Telepizza ocurre nueve meses después de que Food Delivery Brands, matriz de Telepizza, solicitara ante el 24º Juzgado Civil de Santiago el inicio de un procedimiento de reconocimiento de quiebra transfronteriza, amparado por la Ley 20.720 de insolvencia y reorganización empresarial. Este procedimiento, encabezado por Lexaudit Concursal como representante extranjero, buscó homologar el plan de reestructuración aprobado previamente en España por el Juzgado de lo Mercantil N°5 de Madrid, marcando un hito en el proceso de reestructuración internacional del conglomerado.

Este procedimiento tuvo como eje central el reconocimiento en Chile del “Auto de Homologación del Plan de Reestructuración”, dictado el 28 de septiembre de 2023 por el Juzgado de lo Mercantil N°5 de Madrid. Dicho plan fue suscrito el 14 de julio de 2023 y formalizado ante notario en España, estableciendo que “las filiales Telepizza Portugal y Telepizza Chile fueron incluidas como garantes personales de las obligaciones reestructuradas bajo el Plan de Reestructuración”. Además, el documento enfatiza que la solicitud en Chile fue presentada por Lexaudit Concursal, quien “fungía como Representante Extranjero en el procedimiento concursal principal”.

En cuanto a las implicancias de este reconocimiento en Chile, el documento establece que “se suspenderá el inicio o la continuación de todas las acciones o procedimientos individuales que se tramiten respecto de los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor, así como toda medida de ejecución contra sus bienes”. Estas disposiciones tenían como objetivo proteger los activos de Telepizza Chile y facilitar la implementación del plan de reestructuración.

El Grupo Food Delivery Brands, matriz de Telepizza, justificó esta medida indicando que enfrentaba un estado de “insolvencia inminente”, una situación que había sido reconocida previamente en el auto emitido por el tribunal español, el cual también destacó que “el centro principal de intereses del grupo se encontraba en España”. Este reconocimiento permitió coordinar los procesos de insolvencia en ambos países, garantizando la protección de los acreedores y asegurando la continuidad operativa de las empresas afectadas.