Hace nueve días, el gerente general del Banco Bice, Alberto Schilling, participó del Fintech Forum 2024. En aquella oportunidad, al ser entrevistado por la organización, destacó el rol de la asociatividad con las empresas que unen finanzas con tecnología y reconoció que “no lo sabemos todo”. También habló de abrir la cancha, pues a su parecer el banco que dirige “tiene mucho más para crecer que defender una posición de incumbente”. Hoy, sus palabras cobran más sentido para algunos de los emprendedores que participaron del evento.

Este martes por la noche, Banco Bice y CryptoMarket, una de las mayores exchanges de criptomonedas de Latinoamérica, presentaron un escrito a la Corte Suprema con el que ponen fin a un antiguo conflicto por el cierre de sus cuentas corrientes en 2018.

El documento no menciona explícitamente la palabra “acuerdo”. Sin embargo, implícitamente describe una situación donde las partes (CryptoMKT SpA y Banco BICE) han llegado a un entendimiento mutuo respecto al desistimiento de la demanda y la renuncia a los recursos legales, así como a las costas.

Se trata del tercer acuerdo que cierra Banco Bice con una casa de criptomonedas. Hace poco ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) cerró acuerdos con los demandantes: Argenper y RG Corp, en los que el banco se comprometió a revisar la solicitud de apertura de cuenta bancaria y en ciertos plazos. Por lo mismo, si bien el avenimiento alcanzado con CryptoMKT se mantiene bajo absoluta reserva, es probable que haya sido en términos similares.

“CryptoMKT SpA, de conformidad con el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, se desiste de la demanda presentada el 23 de abril de 2018 ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra Banco BICE. Además, CryptoMKT también se desiste del recurso de reclamación interpuesto ante la Corte Suprema contra la Sentencia dictada por el mencionado Tribunal el 21 de diciembre de 2023, en relación con Banco BICE”, consignó el escrito presentado.

El conflicto entre las casas de criptomonedas y los bancos comenzó cuando a principios de 2018, varios bancos chilenos, incluidos Banco BICE, Banco del Estado de Chile (BancoEstado) y Scotiabank, decidieron cerrar las cuentas bancarias de las casas de cambio de criptomonedas como CryptoMKT y Buda.com. Los bancos argumentaron que estas empresas no cumplían con los requisitos regulatorios necesarios para operar, especialmente en relación con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

CryptoMKT es asesorada por los abogados Mario Bravo y Cristián Reyes. Mientras que Banco Bice es representada por Julio Pellegrini, Pedro Rencoret y María Jesús Cifuentes.

El cierre de cuentas bancarias tuvo un impacto significativo en la operación de las casas de criptomonedas, ya que dependían de las cuentas bancarias para realizar transacciones en moneda local. Esto afectó su capacidad para ofrecer servicios a sus clientes y mantener operaciones regulares.

En respuesta al cierre de sus cuentas, las casas de criptomonedas, lideradas por Buda.com y CryptoMKT, presentaron demandas de abuso de posición dominante ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Argumentaron que el cierre de sus cuentas bancarias constituía una práctica anticompetitiva por parte de los bancos, ya que impedía su capacidad para operar en el mercado financiero de manera justa.

El TDLC intervino en el conflicto y ordenó medidas cautelares, solicitando a los bancos reabrir las cuentas cerradas mientras se resolvía el fondo del asunto. Esto fue visto como una victoria temporal para las casas de criptomonedas, permitiéndoles retomar sus operaciones.

El caso continuó en el TDLC y posteriormente llegó a la Corte Suprema, donde el próximo viernes se realizarán los alegatos de la causa. Durante este proceso, se discutieron cuestiones relacionadas con la competencia, la regulación financiera y la innovación tecnológica en el sector financiero.

El caso es que algunas casas de criptomonedas y bancos optaron por resolver el conflicto a través de acuerdos fuera de los tribunales, lo que llevó al desistimiento de algunas demandas. Estos acuerdos implican, en algunos casos, la renuncia a las costas y a la continuación de los litigios, buscando una solución más amigable y menos conflictiva.