La disputa legal entre Telefónica Móviles Chile (Movistar) y Claro Chile SpA (Claro/VTR) sumó un nuevo episodio luego de que la compañía de capitales españoles presentara su contestación de 54 páginas ante el 18º Juzgado Civil de Santiago. En su escrito, Movistar rechazó de plano las acusaciones de competencia desleal y calificó la acción de su competidor como un intento de evitar la licitación pública del espectro 5G.

La defensa de Movistar está encabezada por Javier Velozo y Pablo Pardo del estudio Contreras Velozo (Covel), mientras que Claro/VTR cuenta con la representación del estudio FerradaNehme, liderado por Nicole Nehme y Nicolás Ubilla.

En su respuesta, Movistar señaló que la demanda interpuesta en su contra “carece de fundamento” y fue presentada con “la única finalidad de engrosar, e intentar hacer más seria, una acusación de competencia desleal que, a todas luces, es superficial e improcedente”.

La disputa se centra en el uso de la banda 3.5 GHz, fundamental para el despliegue de la tecnología 5G en Chile. Claro/VTR acusa a Movistar de presentar una serie de acciones judiciales y administrativas con el propósito de frenar su operación y retrasar su entrada al mercado.

Movistar, en tanto, sostiene que su actuar se ha basado en la defensa de la normativa vigente y que su participación en instancias regulatorias ha permitido que el Estado recaude cientos de millones de dólares en licitaciones públicas.

En su contestación del 27 de diciembre de 2024, la compañía enfatizó que “en lugar de tolerar la utilización ilícita del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios 5G (i.e., sin que Claro/VTR y Entel hubiesen tenido que pagar suma alguna a beneficio fiscal, ni contraer compromisos de cobertura, calidad de servicio y tiempos de despliegue de red), propició el desarrollo de concursos públicos competitivos en los que, sólo para la Banda 3.5 GHz, se recaudaron más de 347 millones de dólares en 2021 y 90 millones de dólares en 2024″.

Según Movistar, el reclamo de Claro/VTR no es más que un intento de “inhibir el ejercicio futuro de derechos legítimos” y de obtener acceso al espectro sin someterse a las reglas que rigen a todos los operadores.

Claro/VTR también ha argumentado que Movistar ha utilizado estrategias legales de forma abusiva para obstaculizar su operación, señalando que la empresa ha emprendido una “litigación frívola” para bloquear su acceso al mercado.

Movistar refutó esta afirmación y aseguró que “Claro/VTR falta a la verdad al afirmar que las acciones judiciales y administrativas ejercidas por Movistar han sido siempre rechazadas, que carecen de fundamentos o que éstos son contradictorios”.

Además, en su escrito enfatizó que sus acciones han estado dirigidas a “evitar que las Concesiones Fijas-Inalámbricas otorgadas hace más de 20 años sean utilizadas para la prestación de Servicios 5G infringiendo la normativa vigente”.

Uno de los puntos clave en la defensa de Movistar es la acusación de que Claro/VTR ha intentado eludir la obligación de participar en un concurso público para acceder al espectro 5G.

Movistar Chile explicó a Pulso que “durante los últimos años, se ha visto en la necesidad de formular solicitudes judiciales para asegurar y promover una efectiva y real libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones local. Este ejercicio ha buscado asegurar la existencia de una sana y real competencia en el mercado, donde todos los actores participen en igualdad de condiciones, bajo las mismas reglas y sin que algunos puedan tener ventajas anticompetitivas. Este principio ha inspirado el actuar de la compañía y lo seguirá haciendo en todo su quehacer”

En su contestación, Movistar argumentó que “en los hechos, no difiere de arrogarse una suerte de ‘derecho de propiedad sobre el espectro radioeléctrico’ asignado en la Banda 3.5 GHz para servicios fijos-inalámbricos, al punto de considerar legítimo acapararlo por años y/o utilizarlo (o inutilizarlo) a su antojo”.

Asimismo, denunció que Claro/VTR ha intentado modificar sus concesiones administrativas con el fin de utilizarlas para ofrecer servicios 5G sin someterse a una licitación pública, lo que le otorgaría una ventaja indebida en el mercado.

En su escrito, Movistar solicitó el “rechazo total de la demanda, con expresa condena en costas”, reafirmando que su actuar ha sido avalado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema.

La empresa concluyó que “la demanda que se contesta no es preventiva (lo que bastaría para su rechazo), sino intimidatoria (y, por tanto, antijurídica), ya que la verdadera motivación de la actora para entablarla es inhibir el ejercicio futuro de derechos legítimos por parte de Movistar”.